Prometieron parar actividades y marchar en 28 estados, en cada uno de ellos con multitudinarias protestas. Al final, la CNTE logró reunir a gente sólo en seis entidades, en las cuales la noticia no fue el apoyo generalizado de la sociedad al movimiento, sino la renovada intención de entorpecer la vida del resto de los ciudadanos para doblar al gobierno federal. La expresión popular que mejor describe lo ocurrido ayer es “patadas de ahogado”.

La culminación del fracaso de la disidencia magisterial se dio en el Distrito Federal, donde apenas unos cuantos marcharon en favor de las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Atrás quedó el movimiento que conseguiría en 2013 paralizar al mismo tiempo varias vías primarias de la capital del país. No es que ese tenga que ser el criterio de éxito de un gremio sindical, sin embargo, siendo esa la única muestra de “músculo” que ha mostrado la organización, no hay otra manera de medir las acciones de la Coordinadora.

Los saldos de las protestas tampoco dan cuenta de éxito. Desde que el gobierno oaxaqueño, respaldado por la Federación, arrebató al magisterio el control del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), los integrantes de la CNTE no han podido imponer de nuevo su agenda, como lo hicieran constantemente antes de este golpe.

En entrevista con este diario el entonces secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, advirtió que las acciones contra el magisterio disidente no pararían ahí y que incluso se tenían listas “consecuencias políticas y penales” para los saboteadores de la reforma educativa. La llegada de Aurelio Nuño a la titularidad de la SEP no parece haber cambiado ese enfoque, a juzgar por las declaraciones que ha emitido.

El movimiento magisterial puede no ser tan numeroso como antes, pero podría convertirse en uno más virulento. Nuño aseguró que habrá descuentos en nómina a quienes no asistieron a clase por ir a manifestaciones, pero ¿estará también la Federación dispuesta a aplicar las “consecuencias penales” ofrecidas si las acciones se salen de control? No es una sugerencia fácil de hacer, porque la línea entre “represión” y uso legítimo de la fuerza pública suele ser muy delgada.

Mejor para todos sería que la respuesta del gobierno federal y del oaxaqueño (donde se concentra la mayor resistencia a la reforma educativa) consista en acciones certeras que proyecten firmeza, sin abonar con ello a los argumentos de la CNTE que buscan un abuso oficial para legitimarse.

De cómo termine este conflicto dependerá el futuro del país en materia educativa. Meses cruciales.

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