El límite entre gasto y derroche

Editorial EL UNIVERSAL

Desde hace una semana EL UNIVERSAL ha publicado diariamente trabajos sobre obras inauguradas por gobernadores y alcaldes que, pasado el tiempo y luego de ser anunciadas con bombo y platillo, terminan en la ruina. Gobiernos estatales, legisladores y jueces incurren en gastos superfluos con demasiada frecuencia como para no sospechar también lo mismo de las instituciones autónomas. Tal vez hagan muy bien su trabajo, pero si no tienen la delicadeza de cuidar el bolsillo del contribuyente, su credibilidad caerá.

Ninguna institución autónoma necesita tanto de la aprobación popular como el Instituto Nacional Electoral (INE). Su antecesor, el IFE, logró a finales del siglo pasado construir una imagen de honorabilidad e imparcialidad a la que debemos el ingreso de México al grupo de naciones formalmente democráticas. Para infortunio de todos, diversos hechos posteriores hicieron que el instituto cayera en el descrédito, una tragedia de la cual el INE todavía está luchando por levantarse. En el marco de esa lucha no fue la mejor idea que el organismo decidiera invertir casi mil millones de pesos en mejores oficinas.

A partir del próximo año iniciará la construcción de la nueva sede del INE: dos torres de 14 pisos, macrosala de prensa y una “plaza de la democracia”, además de edificios remodelados.

Para ello se invertirán 942 millones de pesos, más equipamiento, en total casi mil 100 millones de pesos, a precios actuales. Funcionarios electorales y empleados gozarían de nuevas oficinas, estacionamiento y zona deportiva, complejo de regaderas y vestidores, e incluso pista ciclista interna pensada para mejorar el clima laboral y la productividad de los funcionarios.

En defensa de la decisión, Bogart Montiel Reyna, director ejecutivo de Administración del INE, dice que existe también una razón económica. La nueva sede, dice, permitirá ahorros por 80 millones de pesos anuales que hoy se destinan a pagar la renta de nueve inmuebles dispersos en el Distrito Federal. Se busca ahorrar también 30 millones de pesos trianualmente, que es lo que suele gastar el instituto en cada elección federal sólo para la operación de una macrosala de prensa desmontable, que dura dos semanas.

Al saber todo lo anterior la primera pregunta que salta a la mente es: ¿realmente es necesaria toda la estructura burocrática que conforma al INE? Si se trata de cumplir a cabalidad con la ley electoral, la respuesta es sí e incluso podría ser que el gasto millonario del instituto sea insuficiente por lo rígida y enmarañada que es la legislación electoral mexicana. El problema es que la gente común no necesariamente sabe de estos detalles propios de especialistas y se molestará por conocer el tamaño del gasto de la nueva sede, más cuando escuche que el INE prepara jardines con árboles frutales y zona deportiva para sus empleados.

Para ser buen árbitro entre políticos hay que seguir también las reglas de la política y no hacer cosas buenas que parezcan malas.

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