Estabilidad y legitimidad: el caso de Turquía

La legitimidad de un Estado depende de la aceptación y del reconocimiento moral por parte de sus ciudadanos. En cambio, la estabilidad depende de la eficacia de sus instituciones. Hay quienes vinculan la estabilidad con la legitimidad en términos de dependencia. La legitimidad, se dice, depende de la estabilidad y de la eficacia de sus instituciones. Sin embargo, esta relación es puramente causal y no es una relación de necesidad. Podemos encontrar ejemplos claros en la historia de Estados legítimos no estables y de Estados estables pero ilegítimos. Pensemos en el gobierno de Stalin, un gobierno claramente ilegítimo, pero ampliamente estable (estabilidad garantizada a través de crímenes atroces) o en el gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina, ampliamente legítimo, pero desafortunadamente inestable.

La relación causal implica asumir que cuando la estabilidad de las instituciones se ve afectada, parecería que también la legitimidad de las mismas disminuye. Entre menores resultados positivos generen las acciones del Estado, menor la legitimidad otorgada al mismo. Pero esto no siempre sucede así. En ocasiones, el aumento de acciones efectivas en búsqueda de estabilidad, disminuyen la legitimidad. Este es el caso, me parece, de Turquía.

Después del fallido golpe de Estado en contra de un gobierno legítimamente constituido y encabezado por Recep Erdogan, el gobierno ha tomado ciertas acciones en contra de sus funcionarios bajo sospechas infundadas de participación o simpatía con el golpista Gülen. La participación puede incluso ser indirecta como el no haber interferido o tratado de evitar la posibilidad de un golpe o simplemente simpatías de carácter ideológico no activo.

Si bien es cierto, Erdogan subió al poder tras elecciones democráticas y limpias (al menos eso se presume), sin embargo, el intento de golpe de Estado le ha dado un pretexto insustituible para asumirse en pro de la estabilidad y la eficacia del Estado. Esto lo fundamenta como necesario en momentos de crisis. Este pretexto lo ha utilizado para golpear de manera consistente y sistemática a sus instituciones; fundamentalmente a la judicatura de su país. Se habla de que Erdogan ha destituido a 2 mil 745 jueces, a 5 miembros de la junta superior de jueces y de que ha mandado detener a 9 jueces del Tribunal Supremo de ese país, por considerarlos como indeseables.

Con el ejemplo de Turquía es claro que la legitimidad y la estabilidad, más allá de que puedan tener relaciones causales, no tienen relaciones necesarias. Se puede presumir que el gobierno de Erdogan comenzó su mandato de manera legítima, sufriendo de una inestabilidad clara que fue la que ocasionó el intento de golpe y, este mismo gobierno, para encontrar la estabilidad ha comenzado a perder su legitimidad a través de acciones que quedan fuera de los cánones establecidos por el Estado de derecho y la democracia.

No obstante, cabe también la posibilidad de que en realidad Erdogan no contaba con la legitimidad que se le atribuía. En este caso, parecería que la lucha en Turquía ha sido única y exclusivamente por el control del poder a través de la imposición de gobiernos, en realidad, ilegítimos. En este caso, sólo podría decirse que el gobierno de Erdogan ha carecido de ambos atributos: no ha sido un gobierno ni estable ni legítimo.

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México