Gatopardismo en derechos humanos y migración

El gobierno mexicano descalifica una vez más a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en vez de atender sus recomendaciones. Rechaza las conclusiones del Informe Situación de derechos humanos en México, publicado el 2 de marzo.

La CIDH es un organismo intergubernamental, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que vive de las cuotas de sus estados miembros, entre ellos México. Su informe reconoce avances significativos en materia constitucional, legislativa e institucional en los últimos años. Al mismo tiempo, sostiene que han sido insuficientes y señala que la crisis de derechos humanos en México es grave y generalizada.

El gobierno de México invita al escrutinio internacional, pero, más preocupado por su imagen que por asumir la responsabilidad que le corresponde, lanza sus dardos en contra de quien describe lo que todos vemos: que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria y permanecen en la impunidad.

La CIDH reitera su respaldo a los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y vuelve a expresar que acompaña todos los informes presentados por dicho grupo.

También aborda la situación de los migrantes afectados por la violencia en México. A partir de 2008, cuando se descriminalizó la migración indocumentada, decimos que aspiramos a una migración regulada, ordenada y legal, pero ha prevalecido el gatopardismo: que todo cambie, pero sin acortar la brecha entre el texto de la ley y la práctica.

Creamos al vapor el Programa Frontera Sur (PFS) para atajar las críticas en el manejo de la crisis humanitaria de niños y niñas migrantes no acompañados procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, y el PFS propició una violación masiva de derechos de los transmigrantes centroamericanos. Tampoco hay transparencia en el origen y uso de su presupuesto.

En la propia Secretaría de Gobernación prevalece la antinomia: el poder formal de decisión lo tiene la Unidad de Política Migratoria, pero el peso, el dinero y la gestión territorial los tiene el Instituto Nacional de Migración (Inami). Sus boletines dicen que rescata, atiende y protege migrantes, pero en los hechos vemos detenciones policíacas, privación ilegal de la libertad y deportaciones sin derecho a solicitar refugio.

Como país nos urge la autocrítica. No bastan los discursos políticamente correctos. El Informe de la CIDH es una bitácora para avanzar en la construcción de una agenda pública, por los canales establecidos y ante autoridades responsables, para avanzar en la movilidad humana regulada a través de un esquema de responsabilidades compartidas entre gobierno y sociedad.

Posdata 1: Escribe Ricardo Raphael: ‘Urge que Emilio Álvarez Icaza renuncie a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH para que no se le siga utilizando como pretexto a la hora de descalificar el trabajo de esa comisión’. Difiero de mi colega del CIDE y compañero en estas páginas. Es como decir que la muchacha deje de ponerse minifalda para que los violadores no se ensañen contra ella.

Posdata 2: El 3 de marzo fue asesinada en Honduras Bertha Cáceres, defensora de los derechos humanos de las comunidades indígenas contra los abusos de compañías mineras. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández falló en la instrumentación de medidas cautelares establecidas por la CIDH. Vaya desde aquí nuestra solidaridad con la familia y colegas de Bertha. En los hechos fue herido Gustavo Castro Soto, compatriota mexicano; es urgente garantizar que tras brindar su declaración ante el Estado hondureño, pueda regresar sin contratiempos a México.

Profesor asociado en el CIDE

@Carlos_Tampico