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¿Hubo dinero del erario coahuilense en las campañas estatales priístas de 2011, y en la presidencial de 2012? ¿Qué sabían el actual gobernador Rubén Moreira Valdez y el hoy presidente de la República Enrique Peña Nieto de lo que estaba ocurriendo en Coahuila?
Dan en el clavo estas preguntas de Arturo G. González en su artículo Claves del terremoto Coahuila, publicado el 18 de enero en El Siglo de Torreón.
Arrestado en Madrid el 15 de enero, Humberto Moreira Valdez enfrenta cargos en Estados Unidos y en España por lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal. Su detención no fue requerida por México.
Sin embargo, hay indicios de que su captura podría tener un desenlace anticlimático: que tengan que soltarlo, no por inocente, sino por falta de pruebas.
Bajo su mandato (1 diciembre 2005-4 enero 2011) la deuda pública de Coahuila se multiplicó por 113, de 323 a 36 mil 600 millones de pesos. Sucesivos testigos han señalado que desde inicios de 2006, Humberto Moreira “tomó dinero para su uso personal”.
El diccionario nos dice que cleptocracia (del griego clepto, “robo”; y cracia, “fuerza”) es el dominio de los ladrones basado en el robo de dinero, institucionalizando la corrupción de forma que este delito quede impune.
La cleptocracia priísta compra elecciones con el dinero robado. Moreira no se quedó con todos los fondos que sustrajo, sino que llegó a presidente del PRI nacional presumiblemente tras haber “contribuido” a las campañas para gobernador de sus colegas de partido, y a la madre de todas las campañas, cuyo abanderado llegó a Palacio Nacional el 1 de diciembre de 2012.
A Moreira lo acusan de ladrón, pero no de tonto. No dejó huellas digitales, ni rastro del dinero. En la cleptocracia mexicana el pecado no es robar, sino que te lo comprueben.
En Chihuahua, la Unión Ciudadana entregó en 2015 a la PGR un voluminoso expediente acusando de delitos financieros al gobernador priísta César Duarte.
En Guerrero, las finanzas estatales quedaron desfondadas, desordenadas y devastadas tras el desgobierno del perredista Ángel Aguirre.
En Nuevo León, el gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, investiga a su predecesor priísta Rodrigo Medina por enriquecimiento ilícito.
En Sonora, Claudia Pavlovich realiza una investigación contra su antecesor, el panista Guillermo Padrés, por el presunto sobregiro de 10 mil millones de pesos que dejó en esa entidad.
En Tamaulipas, los ex gobernadores priístas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández son buscados en Estados Unidos por lavado de dinero, mientras que a su antecesor Manuel Cavazos le habrían retirado su visa. El saqueo no se ha detenido bajo el actual mandatario, el priísta Egidio Torre.
En Veracruz, el precandidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señala a los priístas Javier Duarte y a Fidel Herrera como narcopolíticos, y promete que de ser electo los enjuiciará y los obligará a devolver lo que le han robado a ese estado.
Estos personajes, como Moreira, le apuestan a la impunidad con base en la ‘ingeniería’ contable, electoral, financiera y fiscal del PRI y de su gobierno. Son unos maestros para triangular recursos y desvanecer evidencias; hacen el control de daños políticos y vuelven a lo mismo.
En España ha sido llamada a declarar la hermana del Rey Felipe VI por evasión fiscal. En México la cleptocracia hará de todo para cooptar al Sistema Nacional Anticorrupción; sólo habrá castigo para los ladrones si reunimos tres factores: denuncias de afuera de la cleptocracia (Jorge Castañeda dixit), leyes aplicadas de manera pareja y sin excepción a todos los mexicanos, y la presión ciudadana en las calles y en las urnas.
¿Hasta cuándo?
Profesor asociado en el CIDE.
@Carlos_Tampico
