Hombres y mujeres trabajando: el Sistema Nacional Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) está en proceso de construcción. El comité coordinador está en proceso de integración de varios de los órganos que intervienen. La ruta crítica para su puesta en marcha quedó establecida en los artículos transitorios de las reformas constitucional y legales. El camino abierto con la renuncia a la Secretaría de la Función Pública de Virgilio Andrade, quien dirigió el proceso de aprobación del marco regulatorio secundario.

Hace algunas semanas el Senado nombró al Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por connotados académicos, sin filiación partidista. Éste será el órgano temporal para un fin específico, que es la elección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, cuyo presidente dirigirá los trabajos del comité coordinador del Sistema.

Simultáneamente, se inició el proceso de nombramiento del fiscal especializado en el combate a la corrupción, quien participará en el mencionado comité coordinador y que, en mi opinión, debe ser una persona con vasta experiencia en el sector público, por la complejidad de la materia, no vinculado directamente con la PGR, ya que el combate a la corrupción si bien es punitivo es esencialmente preventivo.

¿Cuál es la importancia de esta designación en particular? La Fiscalía Anticorrupción es un órgano autónomo dentro de otro de la misma naturaleza. Si bien estructuralmente hay una relación de dependencia respecto a la Fiscalía General, creada constitucionalmente, pero todavía no concretada legalmente, tiene una esfera de competencia propia y una función en el SNA no subordinada a ninguna directriz. En ese sentido, el perfil de la persona que sea el titular de la misma debe garantizar el ejercicio de la mencionada autonomía.

La numeralia de los aspirantes es la siguiente: 32 licenciados en derecho, 7 mujeres y 35 hombres, 10 servidores públicos, 13 ex servidores públicos y el resto académicos o abogados litigantes. Cabe mencionar que 13 están o han estado vinculados con la PGR. Los más destacables de la lista son: Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente del INAI y Manuel Hallivis Pelayo, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con más de quince años en el ejercicio de la magistratura.

Uno de los requisitos para ocupar el cargo es acreditar conocimientos y experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y también en combate a la corrupción. Los dos mencionados lo cumplen sobradamente y ambos participaron activamente en el diseño del SNA desde sus posiciones. Además, hay que señalar que el Magistrado Hallivis contribuyó significativamente tanto en la reforma constitucional como en la legal por su trayectoria académica y sus conocimientos en materia de responsabilidades administrativas.

También es importante señalar que el SNA debe iniciar su operación el año entrante y las piezas se están colocando. En la Secretaría de la Función Pública, el Presidente designó a Arely Gómez González, quien en su paso por el Senado condujo la reforma en transparencia y acceso a la información, además de consensar la Ley General de la materia entre los grupos parlamentarios y las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, conoce el funcionamiento de los tres poderes en los que ha laborado. Un aspecto importante es el modelo de control interno, asi como los lineamientos de gobierno abierto y electrónico que adoptara el Ejecutivo Federal, porque estos seguramente serán la guía para el resto así como la base para aquellos que se propongan al SNA.

Por otro lado, aunque todavía no son los tiempos legales, seguramente, el Ejecutivo Federal está integrando los expedientes de las tres personas que propondrá a la ratificación del Senado para que ocupen el cargo de magistrados de la tercera sección del Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa relacionada con la imposición de las responsabilidades administrativas graves.

Hombres y mujeres trabajando. Los tiempos se reducen. El Senado debe nombrar en breve al fiscal para el combate a la corrupción, tomando en consideración los perfiles de los aspirantes, privilegiándolo sobre cuotas partidistas o de otro estilo. El Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana debe proponer a los especialistas en la materia, cuyos antecedentes profesionales disminuya el riesgo de que sucumban al protagonismo del cargo o a la tentación de convertirse en los nuevos Torquemadas. El presidente debe nombrar como magistrados para ratificación del Senado a juristas reconocidos con experiencia en la administración pública y en la materia de responsabilidades administrativas. Hay mucho quehacer por delante.

Profesor de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana

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