De jueces y sentencias: entre dichos y hechos

Durante su primer informe anual de labores, en diciembre de 2015, Don Luis María Aguilar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se comprometió a que durante su administración todos los operadores del Poder Judicial de la Federación tienen como tarea “acompañar a la reforma penal en su espíritu” que, de acuerdo con sus palabras, no es otra que “constituir una justicia real, objetiva, sustentada en actuaciones que dejen de lado fórmulas de tinterillos y formulismos sacramentales para desterrar los recovecos en sus decisiones y penetrar en la solución material del conflicto penal, de tal manera que la verdad sea esclarecida, la absolución se declare siempre a favor del inocente, y de cara a la sociedad la sanción punitiva a quien realmente la merezca sea una realidad cotidiana”.

Don Luis, no dejó de señalar enfáticamente su disposición a que el máximo tribunal de la Nación se rija por criterios de transparencia y acceso a la información, al señalar que en la actividad jurisdiccional de la SCJN, ”las decisiones se toman de cara a la sociedad”, que “no hay zonas oscuritas ni razones ocultas”, pues “todas las consideraciones y argumentos que se contienen en las sentencias son del conocimiento del público en general y de los justiciables en particular”.

Como prueba de su actuar institucional, el Ministro presidente informó que en materia de disciplina, derivado de las quejas, denuncias y procedimientos disciplinarios de oficio, durante 2014 la Comisión de Disciplina y el CJF sancionaron a 55 servidores públicos adscritos a diversos órganos jurisdiccionales; entre ellos a 23 Magistrados y Jueces y 32 servidores subalternos.

Más aún, se informó que de las 54 mil 130 solicitudes de información que recibió la SCJN durante el año en cuestión, se resolvieron el 99% de casos (53 mil 349) y que en sólo 4 casos el peticionario se inconformó (Comunicado de prensa SCJN, 11/12/15).

Sin lugar a duda, los resultados comentados, sumados a los avances  obtenidos a partir de la entrada en operación del Sistema Penal acusatorio a nivel nacional, hacen albergar cierto optimismo de que la administración e impartición de justicia se encamina hacia nuevos derroteros, que los criterios de transparencia que nos anuncian han dado resultados y que con ello será más difícil que exista la rampante corrupción que permite la compra, venta o alteración de pruebas, la alteración pagada de la escena del crimen o la modificación de dictámenes periciales que ponen de manifiesto los altos niveles de corrupción que existe en algunos cuerpos policiacos, entre algunos ministerios públicos, jueces y magistrados, haciendo posible la liberación de delincuentes confesos y la revictimación de las victimas del delito, como hemos venido denunciando desde México SOS.

Pero existe otro fenómeno al que se ha dejado de dar importancia, a pesar de las recurrentes denuncias que siguen apareciendo en las páginas de los medios impresos y digitales. Me refiero a los cada vez más lesivos casos de nepotismo ¾una variante de la corrupción¾ que aquejan a los sistemas judiciales estales e, incluso, al Poder Judicial Federal.

Tal ha sido la gravedad del fenómeno y sus nefastos efectos en el prestigio y credibilidad del Poder Judicial, federal y estatal, que los académicos e investigadores le han denominado, irónicamente, “Poder Judicial familiar”, debido a que en dichas instancias se da la contratación simulada de familiares directos y amigos de jueces y magistrados en los juzgados, tribunales e, incluso, según se ha denunciado, en la SCJN, para ocupar plazas en instancias similares a las que ellos ocupan, aunque en otros lados o entidades; lo que es conocido como “contrataciones cruzadas”.

De acuerdo con diversas investigaciones periodísticas, las redes de complicidades y nepotismo, afectan la buena marcha de los ministerios públicos, juzgados y tribunales, a nivel federal y estatal, debido a la incorporación de personas carentes de facultades y competencias profesionales que garanticen la prestación de un buen servicio, el respeto a la institucionalidad del Poder Judicial, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.

Por  otra parte, estas redes son el entretelón para la comisión de flagrantes ilícitos que corrompen la impartición de la justicia.

Dentro de los primeros, mencionaré la denuncia del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, presentada en marzo pasado en contra de la Magistrada potosina, Eva Elena Martínez de la Vega, por “acoso y terrorismo laboral”, solicitando su destitución del Poder Judicial de la Federación por haber acumulado faltas y actos como los señalados en Mazatlán, Sin., Acapulco Gro., Zacatecas y San Luis Potosí, donde puso en estado crítico de salud a dos trabajadores que desde entonces requieren de tratamientos especializados de por vida.

También en San Luis Potosí, pero en mayo de este año, se denunció el nepotismo del presidente del Supremo Tribunal de Justicia en San Luis Potosí, Luis Fernando Gerardo González, quien incorporó a su hija a la nómina del Poder Judicial, como subsecretaria administrativa; quien pese a su falta de capacidad e inexperiencia, fue “seleccionada” entre más de 200 aspirantes al cargo.

Le sigue el licenciado Lucio Lira Martínez, hoy jubilado, Magistrado ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, quien promovió la contratación de su hijo, Darío Benjamín Lira Freda, como Secretario de Tribunal de Base, adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco

El licenciado José Félix Dávalos Dávalos, Magistrado Integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, quien promovió la contratación de sus hijos Gerardo Noé Dávalos Ornelas y María Betzabé Dávalos Ornelas, al primero como Secretario de Tribunal de base, adscrito al Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco, y a la segunda como Oficial Administrativo de base, adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, también con residencia en Zapopán Jalisco.

En tanto que el licenciado José Merced Pérez Rodríguez, Magistrado Titular del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, estado de México, promovió la contratación de sus sobrinos Erick Ismael Pérez Mendoza, Verónica Pérez Vázquez y María Isabel Pérez Vázquez, como Oficial de Servicios y Mantenimiento de Base adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, con residencia en Toluca, a la segunda como Oficial Administrativo de Base, adscrita al Primer tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca y a la tercera como Analista Especializado de la Administración Regional del Segundo Circuito, también con residencia en Toluca.

En suma, podemos decir que el fenómeno del nepotismo constituye una lacra que corroe al Poder Judicial, prevaleciendo de manera latente en los más de 700 órganos jurisdiccionales con que cuenta el Poder Judicial de la Federación, distribuidos en los 32 circuitos que lo integran, a lo largo y ancho del país.

Todo esto configura anomalías  que en determinado momento comprometen la integridad y funcionamiento de dicho Poder, al no abonar en la independencia e imparcialidad que debe prevalecer al momento en que un juzgador  emite una resolución. Más aún, a la par de las relaciones de parentesco que existen, surgen relaciones de amistad, compadrazgos y camarillas, tanto al interior como al exterior del Poder Judicial, que vician la impartición de justicia, alejándolo de la imparcialidad que debe prevalecer, en detrimento del justiciable.

¿Cuántas veces nos hemos quejado y denunciado públicamente la liberación de delincuentes y criminales confesos, que dejan entrever los altos niveles de corrupción que priva entre algunas camarillas de jueces, magistrados y ministerios públicos, que hacen posible se burle y corrompa la administración e impartición de justicia sin que nada pase? No nada más liberan sospechosamente a secuestradores, sino que también son ejemplo de corrupción, nepotismo y, porque no considerarlo, de asociación delictiva.

Que a algunos jueces, magistrados y ministros les molesten nuestras afirmaciones, sólo hace evidente que la verdad nos asiste y justifica las críticas que hacemos sobre las obsolescencias con que opera el sistema judicial. Poniendo en evidencia que es un Poder que no escucha a los ciudadanos, que su discurso nos vende la idea de que todo está bien frente a una realidad que lo desmiente.

El no aceptar y reconocer el problema que nos aqueja, causará que no se realicen las correcciones que resultan necesarias y todo siga igual. Impunemente y con conductas inmorales que lastiman a las víctimas, liberando a los victimarios. Estas acciones siguen desprestigiando al Poder Judicial y, por tanto, a las instituciones del Estado, en las cuales deberíamos de confiar.

Presidente de México SOS