En ya repetidas ocasiones, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ha declarado su intención de promover en su estado la producción legal de amapola para fines médicos. Esa idea cuenta al parecer con amplio respaldo entre la clase política guerrerense. El predecesor de Astudillo, Rogelio Ortega, hizo una propuesta similar. En el Congreso de Guerrero, se presentó la semana pasada una iniciativa que busca lo mismo.

Mejor aún para sus promotores, la propuesta parece contar con la simpatía del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el apoyo entusiasta de buena parte de la comentocracia.

Y es que la idea suena buenísima: los productores obtienen un ingreso digno en una actividad lícita, se desplaza la producción ilegal y, de paso, se abastece al sistema nacional de salud de opiáceos para la administración de cuidados paliativos. Mejor imposible.

Sólo hay un problema: es un disparate monumental.

El mundo está nadando en opio legal. Según datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), se registró en 2015 una sobreoferta legal de 166 toneladas de materias primas ricas en morfina. Las existencias se estimaban en 661 toneladas, suficientes para cubrir casi año y medio de demanda global. En lo referente a las materias primas ricas en tebaína, la sobreoferta fue de 216 toneladas y las existencias alcanzaron 423 toneladas, equivalentes a 21 meses de demanda global (http://ow.ly/ZIQbw).

¿Pero no se supone que hay una crisis mundial de acceso a medicamentos para la administración del dolor? Sí, pero ese es un problema de demanda, no de oferta. Según uno de los mejores estudios en la materia (http://ow.ly/ZIQVs), las barreras al acceso son, en lo fundamental, problemas organizacionales y regulatorios de los sistemas de salud: falta de información de los médicos, temor a generar dependencia, restricciones financieras, regulación excesiva de opiáceos, etc. El cuello de botella no es la escasez de materias primas.

Dada la sobreabundancia de amapola legal, el precio pagado a los productores es muy bajo. En Turquía, por ejemplo, la exportación legal de productos derivados de la amapola genera entre 30 y 60 millones de dólares por año (http://ow.ly/ZITFu). Hay aproximadamente 100 mil productores en el sector. Eso implica un ingreso medio por productor (sin considerar costos administrativos o subsidios) de 300 a 600 dólares por año. Hay otros cultivos que pueden generar ingresos similares, sin los costos de monitoreo y vigilancia de la amapola legal (estimados entre 5 y 7 millones de dólares al año en el caso turco).

Por último, con o sin producción legal de adormidera en Guerrero, seguiría existiendo demanda de heroína ilegal. En consecuencia, la producción legal complementaría, no sustituiría, a la producción ilegal. O solo la sustituiría en la medida en que hubiera desvío masivo del sector legal al ilegal. En el mejor de los casos, dado el incremento de demanda, se lograría aumentar ligeramente el precio al productor de la amapola. Pero eso a) tendría efectos sumamente limitados sobre el precio final de la heroína (y por tanto su demanda), y b) generaría incentivos a sembrar más amapola (lo cual acabaría reduciendo los precios).

En conclusión, la producción legal de amapola en Guerrero no sacaría de la miseria a los campesinos, no facilitaría el acceso a medicamentos esenciales y no desplazaría al sector ilegal. Es decir, tendría como único resultado costos administrativos (y, con alta probabilidad, corrupción).

Es cierto, hay que hacer algo para rescatar a Guerrero de la violencia y la marginación. Pero ese algo tiene que ser algo que sirva y no sólo algo que vista entre la opinión progre.

Analista de seguridad

@ahope71

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