No a la represión

Alejandro Encinas

Se equivocan quienes se erigen en portavoces de la sociedad y demandan la utilización de la fuerza para imponer su visión

A lo largo del conflicto suscitado por la mal llamada reforma educativa se ha desencadenado una campaña de estigmatización contra el magisterio nacional, al que se pretende culpar de los errores y omisiones del gobierno federal, que han determinado los graves problemas que enfrenta el sistema educativo nacional.

En los últimos días, con motivo del inicio de clases y como en los peores momentos de las historias negras del país, desde el Presidente de la República, hasta los voceros de los grandes empresarios beneficiarios de la profunda desigualdad que aqueja a la mayoría de los mexicanos, han arreciado las declaraciones que alientan el odio y encono contra los maestros, pretendiendo crear una ambiente favorable para reprimir este movimiento, en vez de mantener la vía del diálogo para la solución del conflicto.

Enrique Peña Nieto, en entrevista a Joaquín López Dóriga, advirtió: “El gobierno de la República no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva alguna para poner orden”.

Lo que de inmediato fue secundado por Claudio X. González, presidente de la organización Mexicanos Primero, para quien “El uso de la fuerza pública no tiene por qué convertirse en represión, tenemos que lograr un equilibrio en México, donde se pueda hacer valer la ley sin que haya represión o afectación a los derechos humanos”. “Pero tiene que hacerse de una manera inteligente, para que no parezca represión” (sic).

De igual manera, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, marcó el regreso a clases como “fecha fatal” para aplicar el Estado de derecho: “No debe mantenerse la tolerancia, porque cuando la tolerancia es excesiva se vuelve permisividad y la permisividad, si continua en el tiempo, se puede volver complicidad”, por lo que “aunque se use la fuerza pública, deben empezar las clases”.

La delicada situación que sobrevive el país requiere no sólo serenidad y tolerancia, sino voluntad e inteligencia en la solución de los conflictos sociales. Se debe asumir que la llamada reforma educativa, que el gobierno federal se empecina en imponer, adolece de múltiples limitaciones desde su concepción original hasta su fracasada implementación, y que es necesaria su revisión para replantear su orientación y contenidos.

Prueba de ello es cómo al paso de los años hoy se presenta una propuesta de modelo educativo, lo que significa un contrasentido, ya que este modelo debió ser el punto de partida, antes de imponer una reforma constitucional que se limitó a establecer un régimen laboral de excepción que conculca los derechos del magisterio.

La educación es un deber de todos, por lo que la solución de este conflicto lo es también. Es necesario propiciar las condiciones para construir un arreglo. El gobierno federal debe rectificar su actitud, y asumir que el diálogo tiene que ser acompañado de la voluntad de asumir compromisos y cumplirlos. A los grupos empresariales les corresponde superar su enorme desprecio a la educación pública y a sus maestros, y entender que la educación no puede ser un diseño a la medida de sus intereses. Los maestros tienen que actuar con prudencia, tejer puentes de acercamiento con sus comunidades y ganar a su causa el apoyo popular. Por su parte, la sociedad civil debe impulsar la construcción de una solución pacífica, preservando el interés colectivo.

Quienes se erigen en representantes de la sociedad civil y demandan la utilización de la fuerza para imponer sus puntos de vista, se equivocan. Nuestra sociedad está harta de todo tipo de abuso y violencia, más aún cuando estos provienen de una autoridad incapaz de garantizar su seguridad y superar los problemas económicos que los aquejan.

Convocar a la represión los convierte en cómplices de sus consecuencias.

Senador de la República

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