Grupo México a dos fuegos

De acuerdo con el tribunal de la región de Andalucía, que recogió la querella, existe en su contra una investigación por soborno, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.

La firma ha negado todo conocimiento del asunto, alegando en un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores que la concesión por 30 años se obtuvo tras el cumplimiento de todos los registros legales.

Más aún, confirma que las tareas de extracción de 35 millones de toneladas de los metales se iniciarán el año próximo, comercializándose dos años después.

La inversión prevista es de 300 millones de euros, que se prorratearían con un socio local, la empresa Magtel.

Ahora que, al margen de la presunción del tribunal de la causa de que la firma multinacional del segundo rico más rico de México no cumplió con uno solo de los requisitos previstos, el proyecto enfrenta la oposición de grupos políticos y ecologistas del país ibérico.

Los primeros hablan de la participación en la firma de familiares del expresidente de la Generalite de Cataluña, Jordi Pujol, sobre quien pesan acusaciones de corrupción.

Los segundos aluden al desastre ecológico provocado por una filial de la compañía mexicana, Buenavista del Cobre, quien causó un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre y ácido sulfúrico al río Bacanuchi, afluente del Sonora.

La región de Aznalcóllar sufrió en 1998 un derrame de tóxicos que se calificó como el mayor ecocidio en España.

Ahora que la firma de Larrea, quien fue expulsado de mala manera del Consejo de Administración de Televisa bajo la acusación de llevarse información para su propio proyecto televisivo, enfrenta otro frente en Perú.

Su filial Southern Perú, quien recibió una concesión para explotar una mina de cobre denominada Tía María en la zona de Arequipa, enfrenta la oposición de grupos campesinos, alegando que la explotación provocará erosión en sus tierras.

Del nivel de la gritería habla un saldo de tres muertos, dos civiles y un policía.

Las movilizaciones se iniciaron en marzo pasado al anuncio de la empresa del “inminente” inicio de la explotación. En este caso el proyecto es de mil 400 millones de dólares.

Y aunque Southern Perú, filial de Southern Cooper, anunció una tregua de 60 días “para despejar las dudas de la población”, el presidente del país sudamericano, Ollanta Humala, ha declarado que no habrá marcha atrás en la concesión.

En el remolino, aunque el consorcio de Larrea ha cubierto las multas que le aplicó la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y ha abonado parte de los 2 mil millones de pesos que comprometió para la remediación del derrame de su mina en Sonora, la pesadilla no termina.

Acaba de plantearse una demanda colectiva por parte de los habitantes de las siete comunidades afectadas en reclamo de daños y perjuicios.

Hace un lustro el Grupo México enfrentó un litigio en Estados Unidos, acusado por los socios minoritarios de su filial Asarco de perjudicar sus intereses al vender la firma, justo, a Southern Cooper.

Según ello, el precio había soslayado el valor de mercado de la productora de cobre.

Y si le seguimos, la filial del emporio en materia de ferrocarriles, Ferromex, enfrentó un litigio con la entonces Comisión Federal de Competencia al considerar ésta que era improcedente la compra de Ferrosur, el segundo de los tres troncales en que se dividieron los Ferrocarriles Nacionales de México para su privatización.

Las peleas, pues, son algo así como el sello de la casa.

Balance general. Contratada por la matriz española de OHL México para investigar la posibilidad de una zancadilla al gobierno del Estado de México para adquirir ventajas indebidas en la concesión para operar el Viaducto Bicentenario de cuota, la consultora Ernst & Young dejó en blanco su reporte.

Nada de nada; 0-0.

Según ello, la firma ha cumplido bien y fielmente los términos y condiciones del título de concesión otorgado.

No hay, pues, perjuicio económico para la otorgante.

Sin embargo, está pendiente aún el resultado de la auditoría ordenada por el gobernador de la entidad federativa.

Como usted sabe, el escándalo estalló al filtrarse grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos de la firma y el hoy exsecretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México.

OHL sufrió ayer otro descalabro al perder una licitación que tenía en el bolsillo por plantear la mejor oferta. El contrato para una central de ciclo combinada denominada Valle de México II se le otorgó a un consorcio integrado por las firmas españolas Cobra, Avanzia Instalaciones e Instec Energía.

La propuesta de ésta era de 425 millones 312 mil dólares, frente a los 333 millones 488 mil que pedía OHL en sociedad con la compañía española Sener.

La decisión se justificó por un esquema de puntaje para evaluar a los licitantes.

Marca de IED. La adquisición de Iusacell por parte de la empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos AT&T empujó un crecimiento inédito en el flujo de inversión extranjera al país durante el primer trimestre del año.

El monto alcanzó 7 mil 573.2 millones de dólares, cuya cuarta parte la explica la operación de la telefónica, cuyo monto fue de 2 mil 37 millones.

Durante el mismo lapso del año pasado el flujo alcanzó 5 mil 820.3 millones.

El 61.8% de las nuevas apuestas surgió por reinversión de utilidades de compañías instaladas en México.

Sospecha en SCT. Heredada por la administración panista anterior, la norma identificada como NOM-SCT-2-2000 para evaluar la calidad de las placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación para vehículos que circulan a nivel federal está resultando un vehículo para alimentar las sospechas.

Hete aquí que la certificación de cara a las empresas que pretenden participar en licitaciones la realiza el Centro de Investigaciones e Innovación Tecnológica que encabeza Vicente Mayagoitia Barragán.

El caso es que a la empresa Vitro Fomento Industrial se le entregó un documento impreciso, lo que favoreció la causa de su rival en un concurso, la firma EDM.

El hecho es que en ésta trabaja un hijo del funcionario, Vicente Mayagoitia Regalado.

El contrato en juego, para Tamaulipas, era de 200 millones de pesos.

albertobarrancochavarria0@gmail.com