Morir (y morir) en el Golfo

Alejandro Hope

En homenaje a Joaquín Arenal, un buen hombre, buen amigo y gran funcionario público.

Veracruz no ha tenido una semana tranquila. Entre el domingo y el lunes, se contaron no menos de 17 homicidios en el estado.

Los cadáveres acabaron regados por toda la geografía veracruzana. En Xalapa, dos hombres y una mujer aparecieron muertos en un barrio popular. En Sayula de Alemán, cuatro personas fueron masacradas en un autolavado. Dos víctimas aparecieron en Catemaco. En Las Choapas, un hombre fue asesinado a golpes en una cantina. En Tres Valles, un individuo fue acribillado en un taller.

Fue un día movido, pero no del todo inusual. Entre enero y abril, 595 personas fueron asesinadas en Veracruz. Eso equivale a casi cinco por día en promedio. Eso significa un incremento de 107% con respecto al mismo periodo de 2016. Eso es un número peor, en términos absolutos y relativos, a los registrados en los peores momentos de 2011, cuando el estado era campo de batalla entre Zetas y Matazetas.

Desde los meses finales del gobierno de Javier Duarte, Veracruz vive una oleada de violencia sin precedentes en su historia contemporánea. Y sí, buena parte de la culpa por la crisis se le debe colgar al gobierno anterior.

Para todo fin práctico, el siempre impresentable y hoy extraditable Javidú cedió la responsabilidad por la seguridad de su estado a la Marina. Y eso funcionó mientras la Marina quiso y pudo. Cuando eso cambió, las miserias institucionales veracruzanas quedaron expuestas y a la vista de todos.

Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Duarte, resultó ser un acumulador de bienes raíces y no un constructor de instituciones. El personaje tenía cinco casas en una zona residencial cara de Houston, Texas y acabó refundido en una cárcel estatal.

Mientras tanto, la policía estatal (de supuesto nuevo cuño) fue de escándalo en escándalo. En Tierra Blanca, desaparecieron (a la manera de Iguala) a cinco jóvenes en 2016. Durante el mismo año, en Coatzacoalcos, se le involucró en al menos cuatro ejecuciones extrajudiciales.

De la Fiscalía General del Estado, ni hablamos. Supuestamente autónoma, su primer titular, Luis Ángel Bravo Contreras, renunció un día antes del cambio de gobierno, a pesar de que tenía por ley casi siete años más de mandato.

Sí, todo eso es verdad. Pero no es ya la única verdad. El nuevo gobierno estatal, presidido por Miguel Ángel Yunes Linares, tampoco ha hecho gala de vigor e imaginación en la materia.

Yunes pidió y obtuvo de la Federación el envío al estado de personal de la llamada Policía Militar. Pero antes de la Gendarmería. Y antes de la Marina. Y nada. O no mucho.

Según fuentes locales, la policía estatal sigue en estado de pasmo. La llamada Fuerza Civil, heredada por Duarte, cuenta con apenas 2 mil 800 miembros y no se ha decidido aún cual va a ser su destino.

La Fiscalía, por su parte, estrenó titular en diciembre pasado, el cual se ha volcado en las investigaciones de corrupción de la administración Duarte. Eso es positivo en sí mismo, pero no deja mucho tiempo o recursos para hacer frente a la violencia.

En resumen, Yunes heredó un desastre. Pero si las cosas no cambian pronto, si la violencia se mantiene en la trayectoria actual, el desastre se volverá suyo y muy suyo y solo suyo en pocos meses.

 

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