Durante los casi seis años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado mil 777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político o gubernamental, en contra de instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurrieron antes, durante y después de procesos electorales.
Las organizaciones Data Cívica y México Evalúa dieron a conocer su informe más reciente, Votar entre balas: entendiendo la violencia político-criminal en México, en el que observaron que en estos casi seis años en promedio cada mes fueron atacadas 11 personas de la esfera política: cuatro funcionarios públicos y siete integrantes de los cuerpos de seguridad. Estos últimos fueron blanco de ataques de manera directa, fuera del contexto de enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas del orden.
Por cada agresión a un candidato se registró una disminución de 1.3% en promedio en la asistencia de la ciudadanía a votar entre las elecciones de 2018 y 2021, y por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública la caída fue de tres puntos, según el informe.
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A nivel municipal, 77% de las víctimas aspiraban o tenían un cargo de ese orden de gobierno. De las casi mil 400 víctimas registradas por Votar entre balas en el periodo de 2018 a 2023 un tercio tenían los cargos de alcaldes, síndicos y regidores.
El estado de Guerrero ocupa el primer lugar de entidades con más ataques, con 11.4%; le siguen Guanajuato, Veracruz y Oaxaca, que representan 38.2% de todas las víctimas registradas, explicaron las organizaciones civiles.
Las autoridades electas y funcionarios agredidos por área de gobierno entre 2018-2023 son seguridad, 37%; Ejecutivo (que incluye alcaldes y sus gabinetes), 31%; elecciones y campañas, 21%; Judicial, 5%; economía y finanzas, 2%; Legislativo, 2%, y otros, 1%.
A este tipo de violencia la denominan violencia político-criminal, que en México, aseveran, se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de los estados y municipios afectados.
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El 2023 fue el año en el que se documentaron más víctimas de violencia político-criminal, con 574 personas e instalaciones atacadas, seguido por 2022, con 486. La mayoría ocupaban o competían por puestos a nivel municipal.
En lo que va de este 2024 se han registrado 17 precandidatos y candidatos asesinados. De igual forma, los organismos registraron precandidatos y candidatos que fueron víctimas de otro tipo de agresiones, como amenazas, con cuatro casos; ataques armados, cuatro; atentados, seis; y secuestros, cinco.
En el transcurso de 10 años casi se triplicó el uso de esta violencia contra actores políticos de alto perfil, cuyos objetivos son la multiplicación y consolidación de las redes de protección que sustentan al crimen organizado, el debilitamiento del sistema de seguridad y justicia, la ampliación del acceso de los grupos criminales a recursos económicos y la recopilación de información sobre lo que ocurre en los territorios bajo su control.
Un punto crucial que recalca el informe es que el crimen organizado realiza un ejercicio de violencia selectiva que le permite tener control de la esfera política y generar arreglos de protección informal de los agentes de gobierno que le resultan esenciales para la subsistencia, así como acceder a mayores recursos, regular el acceso al poder e influir en la política pública, lo cual es parte de un fenómeno más amplio de gobernanza criminal.
Estudios académicos refieren lo anterior como “parte del proceso de transformación del crimen organizado, mediante el cual los grupos criminales se vuelven gobernantes de facto en las comunidades que buscan controlar”; también buscan afianzar o recrear redes informales de protección para ejercer el control sobre la política local.