Si los primeros años de Rafael Tovar como presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) estuvieron marcados por su preferencia hacia las Bellas Artes, a su regreso con el priismo a la institución, en 2012, planeó acciones para zonas marginadas económica y socialmente, y azotadas por la violencia y la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

Con Alejandra Frausto, titular entonces de la Dirección General de Culturas Populares (DGCP), dio marcha al Programa Cultura para la Armonía, cuyo piloto inició en Apatzingán, Michoacán, en diciembre de 2014.

Al fundarse la Secretaría de Cultura (SC), hace ya diez años, se mantuvo y después fue retomado en su esencia y propósito de “restituir el tejido social” como Programa de Cultura Comunitaria por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

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Crédito: El Universal/ GERMAN ESPINOSA
Crédito: El Universal/ GERMAN ESPINOSA

Designada por Andrés Manuel López Orador como secretaria de Cultura en 2018, Frausto adecuó su discurso al lema “primero los pobres”. Por doquier repetía la frase “que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera”, y aseguró que estaba fraguando una “revolución cultural”, como si al enunciarlo los derechos culturales se ejercieran en todo el territorio nacional. En los hechos, la austeridad franciscana, impuesta por el nuevo régimen, fue menguando sistemáticamente los recursos para el Sector Cultura, que se concentraron en dos megaproyectos: Chapultepec: Naturaleza y cultura, y el salvamento arqueológico en la ruta del Tren Maya.

En febrero de 2019, en Tlaxcala, Frausto anunció una inversión de 400 millones de pesos para Cultura Comunitaria, divididos en sus cuatro ejes: 200 para Semilleros creativos y Territorios de paz, 150 para Misiones por la diversidad cultural, y 50 para Comunidades creativas. El programa global llegaría a 720 municipios en todo el país, apenas el 29% de los 2478 que existen, incluyendo la Ciudad de México.

La especialista en temas de Justicia Fiscal del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Paulina Castaño, y el antropólogo José Antonio MacGregor, autor del libro Gestión cultural comunitaria (Helvética, 2025), evalúan aquí, en entrevistas separadas, el programa insignia del gobierno pasado. A su vez, Walther Boelsterly, director del Museo de Arte Popular (MAP), habla sobre Original, destinado a creadores de arte popular, otro sector en situación vulnerable. Ambas líneas continúan en la política cultural de Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura con Claudia Sheinbaum.

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Semilleros de pobre cosecha

Para Castaño no hay duda de que Cultura Comunitaria, y en especial Semilleros Creativos, tuvo propósitos nobles, aunque ambiciosos: enfocarse a los municipios más pobres y con altos índices de violencia para, a través del arte y la cultura, disminuir las brechas de desigualdad y evitar que niños y jóvenes fueran cooptados por la delincuencia. Quiso copiar un modelo probado en países como Brasil, pero “allá hubo mucha planeación y funcionó muy bien, acá quisieron replicarlo sin conocer el territorio”.

Comenzó como un programa presupuestario dentro del Ramo Cultura, recuerda, lo cual fue importante porque se etiquetarían recursos para su realización, y tendría un seguimiento del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a fin de indagar si funcionaba o no, si beneficiaba a la niñez y las juventudes, y si disminuía la violencia y la marginalidad.

Los resultados de los primeros años indicaron que era un programa muy complejo en su diseño y funcionamiento, y debería reestructurarse. La respuesta de la SC fue dejar de hacerlo como programa presupuestario y fundió ese apartado con Desarrollo Cultural. Se eliminaron dos de sus ejes y se conservaron los Semilleros Creativos. A partir de ahí “ya no hubo transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto”.

No sólo se desconoce cuánto es y cómo se ejerce el presupuesto, lamenta, sino los indicadores, metas y resultados. No se sabe, por ejemplo, si donde se han implementado los Semilleros hay casas de cultura, bibliotecas u otra infraestructura como sede; si en los municipios hay agua, electricidad; si los talleristas están capacitados para trabajar con niños y adolescentes, si se les paga bien o sólo un sueldo mínimo, y si reciben su pago a tiempo, pues ha habido críticas a sus condiciones laborales. De las presentaciones Tengo un sueño, cúspide del programa, tampoco se informó el gasto:

“Ha sido de una opacidad tremenda, por lo menos en el sexenio de López Obrador”.

Las críticas se fueron multiplicando. Durante su comparecencia ante las Comisiones de Cultura y Cinematografía, y de Radio y Televisión, en la glosa del Quinto Informe de Gobierno, Frausto presumió la atención a 14 mil 800 niños y jóvenes de “todo el país”, cuando en realidad sólo incluyeron 299 municipios. Los diputados reviraron: la cifra representa 0.6% de los 25 millones de niños que hay en México. Para evidenciar más las pobres cifras, mencionaron el caso del estado de Puebla, con 200 municipios, pues había apenas 11 Semilleros.

En marzo de 2025, durante una Mañanera, la actual titular de la SC, Curiel de Icaza, calificó a Semilleros Creativos como el “programa más importante de trabajo comunitario”, y sin datos precisos o ejemplos claros, aseguró que ha transformado “profundamente a comunidades vulnerables”. Dio a conocer que en 2024 se alcanzaron 418 Semilleros (ahora llamados por la paz), en 282 municipios, con participación de 13 mil 735 niños y jóvenes. En el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum de septiembre pasado, las cifras fueron prácticamente las mismas.

Se ha planteado incrementar el número en los próximos años, pero el presupuesto de Cultura ha disminuido en 32% en términos reales en los últimos ejercicios. Según datos de Fundar, pasó de 19,248 millones de pesos en 2017 a 15,082 millones 889 mil 146 pesos para el presente año, sin considerar los efectos de la inflación. Para fortalecer la diversidad cultural, se creó la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, a cargo del exdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto (cuestionado por su papel ante el proyecto Tren Maya), sólo que no apareció en el desglose presupuestal de 2026, y Prieto quedó sólo como titular de Culturas Populares.

Tajante, Paulina Castaño advierte que hoy en día, con el presupuesto aprobado para Cultura, los Semilleros no son sostenibles.

Programa decepcionante

Para MacGregor, promotor cultural y especialista en culturas populares, la cultura comunitaria no debe ser “un lema o bandera publicitaria… donde lo comunitario se limita a contratar agentes para ponerlos en grandes escenarios, sin su participación real en la definición de prioridades artísticas y estrategias culturales”.

Sus observaciones se centran en la parte conceptual de lo comunitario, que debe contribuir a la construcción de una “verdadera democracia cultural para el desarrollo económico y social”, así como proporcionar bienestar a los pueblos y comunidades “históricamente excluidos y silenciados”. Esa idea dio origen a su libro.

A decir suyo, la experiencia de crear la Secretaría de Cultura federal y convertir los entonces institutos estatales de Cultura en secretarías, ha sido negativa; afectó de forma medular la administración del sector cultural, cuyos presupuestos han sido históricamente menguados. Los estados han perdido autonomía financiera, al quedar supeditados a los órganos de finanzas, y --como la misma SC-- están muy lejos de negociar sus propios presupuestos, pues no logran convencer de su importancia como sector.

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, refiere, se tejió una institucionalidad con el INAH (1939) y el Instituto Nacional Bellas Artes y Literatura (1947), vinculada a los procesos de descentralización, que fue afectada “notablemente” en la administración pasada:

“Si no descentralizas, no solamente recursos, sino decisiones, difícilmente puedes fortalecer esta estructura republicana. Entonces, me parece que ha habido avances, pero también retrocesos y contradicciones. Es parte de la historia institucional de México”.

--Alguna vez, hace décadas, se planteó la posibilidad de crear un tercer instituto de Culturas Populares para darles la misma dimensión, ¿con Guillermo Bonfil Batalla?

--Es correcto, pero no con Bonfil, fueron Leonel Durán, quien fue subsecretario de Cultura, y Rodolfo Stavenhagen (fundador de la DGCP). Antes, si mal no recuerdo, lo planteó Porfirio Muñoz Ledo, como secretario de Educación Pública. Desafortunadamente la idea no fructificó, evidentemente era una apuesta inteligente, pertinente, viable.

Por el contrario, recuerda que en determinado momento la dirección general estuvo en riesgo de ser eliminada del Conaculta, pero Carlos Monsiváis hizo ver a Tovar que Culturas Populares constituía un sector estratégico fundamental en la definición de las políticas culturales y, por otro lado, en la legitimación del Estado mexicano.

MacGregor manifiesta que la llegada del gobierno de la 4T, que ofrecía priorizar lo comunitario, le creó muchas expectativas.

“Tenía la ilusión de que se impulsarían procesos comunitarios reales, horizontales, participativos; con la inclusión de los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes, las juveniles; con base en la solidaridad, la confianza; y se dieran a los gestores culturales las herramientas y recursos para el fortalecimiento de identidad, de las memorias”.

Después de años de haber trabajado en la DGCP, con personajes como José del Val, y tras sus recientes experiencias en los municipios de Querétaro y El Marqués, en el estado de Querétaro, confiesa que Cultura Comunitaria fue decepcionante. Se dieron “miles de millones de pesos que, me parece, se administraron de manera poco clara y estratégicamente inadecuada”.

Entre las actividades del programa, recuerda los llamados Jolgorios, una suerte de festivales culturales donde se contrataban artistas de las comunidades:

“Con sorpresa veías gran soporte, iluminación y sonorización como para un concierto del Corona Festival o de grupos de rock comercial, era impresionante la inversión en infraestructura para eventos donde había veinte, cuarenta o cincuenta personas en el público”.

Lo más dramático, y en ello coincide con lo señalado por Paulina Castaño:

“Los pagos para artistas se realizaban tarde y de manera incompleta”.

En resumen, considera las acciones y estrategias de Cultura Comunitaria inadecuadas y poco efectivas, “nos quedamos igual o peor”. Por ello, juzga necesario replantear lo que se entiende por cultura comunitaria para proponer enfoques que realmente impulsen procesos de gestión de las comunidades.

Limitaciones

El enorme rezago en la atención y el limitado alcance del programa Original creado en 2021, son para Walther Boelsterly parte de los problemas del sector artesanal.

Si bien considera que cualquier acción en favor suma, no basta ya la intervención de Cultura, deben involucrarse las secretarías de Economía, Medio Ambiente, Bienestar Social e incluso Salud. Y atender simultáneamente el desarrollo social y económico, el patrimonio natural y la biodiversidad que le provee de materia prima, y sus problemas de salud, porque muchos artesanos padecen enfermedades como diabetes y cáncer. Asimismo, la ciudadanía tiene una responsabilidad no regateando el trabajo artesanal.

En su balance de la edición 2025 de Original, la Secretaría de Cultura informó sobre la participación de mil 181 artesanas y artesanos de las 32 entidades del país y un beneficio para 10 mil quinientas familias que laboran en 355 colectivos. En el realizado en la Ciudad de México del 27 al 30 de noviembre, en Los Pinos asistieron 400 artesanos.

El contraste con las personas involucradas en los procesos artesanales es brutal: se estima que son 12 millones. Boelsterly desglosa: 8 millones elaboran arte popular y 4 millones son proveedores o intermediarios, pero dependen de esa producción para sobrevivir.

Los problemas y rezagos se han acumulado en años, pero dice que se han agravado por los recortes a Cultura, la elevación en el costo de los materiales, sobre todo los de importación, y la disminución del turismo extranjero al país resultado de la violencia, que impacta en las ventas. Como ejemplo cita Tulum, que “está vacío”. Aunque las autoridades turísticas hablan de una ocupación por arriba del 85% a finales de año, los pobladores y prestadores de servicios se quejaron en redes sociales y medios informativos de que apenas fue del 15%.

A decir del especialista, México es un referente internacional del arte. Los alebrijes tienen tanta fama como Frida Kahlo y hay muchos casos de artesanos con éxito que colaboran con el MAP y “despegan de forma espectacular”, lamentablemente no son la mayoría.

En la medición de sus resultados, obtenidos mediante una encuesta a 99 artesanos “representativos de una base poblacional de 589” inscritos en la edición de 2023, se destaca que entre el 50% y el 80% ha adquirido habilidades para vender en redes sociales, recibir pagos digitales, enviar y recibir correos electrónicos.

No está mal, opina Boelsterly, pero insiste en las limitaciones. Pocos pueden aprovechar esas herramientas. De entrada, hay que saber leer y escribir, poseer los conocimientos y tener energía eléctrica en el pueblo o población, acceso a internet, cuando “hay comunidades donde ni el agua llega”. En medios periodísticos se ha informado que todavía en 2025, 18 millones de personas carecen de luz.

Los apoyos al sector no se corresponden con su aportación a la economía; según datos de la Cuenta Satélite de Cultura del INEGI 2024, el sector cultural aportó al PIB el 2.8%. Las artesanías representan el 18.4% del PIB cultural.

Por su parte, Paulina Castaño ha señalado en sus estudios que son el “sustento fundamental para miles de comunidades”, aunque registraron una caída del 3.8% (Original reporta en su página web que la aportación en 2021 fue de 19.95% y en 2022 de 19.28%).

Subraya la investigadora que la disminución “evidencia la paradoja de una actividad de enorme relevancia territorial y simbólica que, lejos de fortalecerse, retrocede”.

Y recalca que no basta dimensionar su aporte económico:

“Se deben atender los factores de su declive, entre ellos la informalidad, la intermediación inequitativa y los modelos de comercialización que condicionan su desarrollo”.

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