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Remuneraciones, equilibrios en la Corte y la fuerza de AMLO

02/05/2019
02:05
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La discusión sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que arranca con el proyecto presentado ayer por el ministro Alberto Pérez Dayán a sus colegas, en el que propone invalidar totalmente la primera ley aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso y el eje toral de la “austeridad republicana” del presidente Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación, será un buen termómetro para medir cómo quedaron los nuevos equilibrios en la Suprema Corte, tras la reciente integración de dos nuevos ministros afines al lopezobradorismo, y cómo está también la nueva relación entre el titular del Ejecutivo y el Poder Judicial, a partir de la presidencia de la Corte que encabeza el ministro Arturo Zaldívar.

Porque en la definición de si es o no constitucional que ningún servidor público federal, no sólo del gabinete legal y ampliado, sino de los Poderes Legislativo y Judicial y de los organismos autónomos y descentralizados del gobierno, gane menos que el presidente de la República, con su salario de 108 mil pesos mensuales, se estaría definiendo si la mayoría de la Corte da un duro revés político a López Obrador, al dar la razón a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el INE y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que argumentaron la violación de su autonomía por parte del Ejecutivo, o si por el contrario, al declarar que dicha Ley de Remuneraciones es constitucional, confirma y legitima el proyecto de austeridad obligatoria impuesta por el Ejecutivo a todos los poderes e instituciones del Estado mexicano, como norma principal de a 4T.

Aunque ayer se filtró la presentación del proyecto de Pérez Dayan y se conoció del turno otorgado a estas dos acciones de inconstitucionalidad, en la SCJN estiman que será hasta dentro de 15 días cuando se dé el análisis y la discusión en el Pleno de la Primera Sala y, contrario a la propuesta del ministro Pérez Dayán, que plantea la declaración de inconstitucionalidad y por lo tanto la posible anulación de la Ley, bajo el argumento de que hubo fallas en el procedimiento legislativo, hay otras fuentes internas en la Corte que creen “poco probable” que se declare inconstitucional la legislación.

Y es que un fallo adverso a la ley significaría en este momento todo un problema para el presupuesto federal del año en curso, cuyos montos y asignaciones fueron definidos y aprobados por la Cámara de Diputados tomando en cuenta los tabuladores salariales en los que ningún funcionario, desde secretarios de Estado, subsecretarios, directores, subdirectores y demás escalafón de los puestos de confianza tiene ingresos superiores a los 108 mil pesos mensuales; el mismo criterio se aplicó a los organismos autónomos como los que promovieron la controversia, INE, CNDH, Inai y el Banco de México salvo algunas excepciones permitidas por la ley. En todos esos casos, de haber un fallo de inconstitucionalidad, se tendrían que retabular los salarios para volver a los niveles anteriores a noviembre del 2018, en el que fue aprobada la Ley de Remuneraciones, lo que significaría una seria complicación presupuestal para varias áreas del gobierno.

Veremos pues, en esta discusión y sobre todo en el fallo de la mayoría de los ministros, si hay nuevos equilibrios de fuerzas internas en la SCJN y si estos ahora son más favorables a la 4T, sobre todo a partir de la llegada de los dos nuevos ministros propuestos por el presidente López Obrador, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel Mossa, con los nuevos cabildeos del consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, y también la relación más cordial y dialoguista que se estableció entre el presidente y la Corte, a partir de la salida de Luis María Aguilar, con quien hubo un choque frontal entre poderes, y la llegada a la presidencia del Poder Judicial del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. ¿Cuál es la fuerza o la influencia que López Obrador logró en la Corte? Esta discusión será el termómetro.
 
 
NOTAS INDISCRETAS…La respuesta dura y contundente de la UNAM a la agencia oficial Notimex, a través de la Dirección de la Comunicación Social, no deja duda de que en la Rectoría no están dispuestos a permitir que las demandas legítimas de los estudiantes de mayor seguridad y justicia para el caso de la alumna asesinada en el CCH Oriente, Aideé Mendoza, sean manipuladas o utilizadas por grupos internos con fines políticos y de golpeteo al rector Enrique Graue y a las autoridades universitarias. Y es que ayer en Twitter la DGCS de la UNAM desmintió una nota de Notimex, que dirige San Juana Martínez, en la que se afirmó que en la Asamblea de la Facultad de Ciencias Políticas, había sido pedida la renuncia de rector Graue. “En ningún momento ha sido acuerdo de la asamblea de la @UNAM­­_FCPyS, y de ninguna otra. #FakeNews de @Notimex, dijo el mensaje de la cuenta oficial @SalaPrensaUNAM. Y es que Notimex dijo en otro tuit de ayer a las 14:35 que “En pliego petitorio, de la asamblea estudiantil realizada ayer en la @UNAM_FCPyS, alumnos piden la renuncia del rector, Enrique Graue, “debido a la ineficiencia de sus acciones ante la seguridad en los planteles y campus de la #UNAM”. No faltó quien leyera en el intercambio de tuits y desmentidos entre la UNAM y la agencia oficial de Noticias del Gobierno de México, una confirmación de que, detrás del lamentable homicidio ocurrido en el CCH Oriente y del movimiento estudiantil que empieza con paros y protestas, lo que aparece de fondo es la lucha que viene en noviembre por la Rectoría de la UNAM y la posible reelección de Graue o la elección de un nuevo candidato del Grupo de “Los Médicos”, que han dirigido la Universidad en los últimos periodos, contra grupos universitarios afines a Morena y a la 4T. ¿Será?... Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.
 

Salvador García Soto
Autor de la columna “Serpientes y Escaleras”, Salvador García Soto es uno de los periodistas críticos con amplia presencia en los medios impresos y electrónicos de México.