Caso Duarte: justicia que no es justicia

Como la mujer del César, la justicia, para que lo sea, no sólo debe serlo sino parecerlo. Y la sentencia que un juez federal le dictó al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, parece todo menos justicia. Porque aprovechando las “ventajas” del nuevos Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el protagonista del mayor escándalo de corrupción de la era reciente de este país, cuyos desvíos millonarios de recursos públicos se han llegado a estimar hasta en 60 mil millones de pesos, obtuvo una pena mínima de cárcel y una multa tan ínfima, que lejos de reparar el grave daño que hizo al erario federal y de su estado, es más bien una ofensa, una burla que indigna, enoja y lástima a una sociedad ya de por sí harta y agraviada por la corrupción de sus políticos.

“El caso Duarte es un duro revés para el Derecho, la decencia pública y la confianza social. Es una invitación a delinquir”, dijo Diego Valadés en la red social de Twitter. Y la frase del destacado jurista, catedrático e investigador de la UNAM, resume certeramente el sentir de muchos mexicanos que ven con desencanto, desesperanza y decepción cómo un nuevo sistema de justicia penal, que se propone ser la solución y la salida a la profunda crisis de impunidad y falta de justicia que vivimos, termina siendo utilizado para favorecer, igual que lo hizo durante siglos el viejo sistema penal, a los más poderosos, a los que pueden pagar el precio de la justicia con influyentes y mañosos abogados que, aprovechándose también de una manca, ciega, torpe e inservible Procuraduría General de la República —con su aún más torpe encargado de despacho— convierten a un sociópata y saqueador mayor del presupuesto público, en un delincuente confeso y menor que, por su confesión —fingida, con expresión de burla en su sonrisa y sin el más mínimo asomo de arrepentimiento— obtiene beneficios casi tan enormes como la fortuna que amasó en 6 años de robarse los impuestos de los contribuyentes.

Porque con su fianza de 58 mil pesos —2 mil 376 libras esterlinas que su esposa y socia de saqueo, Karime Macías, puede sacar de un cajero en la esquina del lujoso barrio donde vive en Londres— Javier Duarte apenas si pagaría 600 pesos por cada mil millones de pesos que se robo, mientras que su pena de cárcel se reduciría de 9 a sólo 2 o 3 años por reducción de condena. ¿Puede eso considerarse justicia, aún cuando nos digan que fue algo “histórico” que un gobernador acusado de corrupción (asociación delictuosa y lavado de dinero) se declarara culpable ante un juez? Puede ser muchas cosas, pero menos justicia.

Tiene razón el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuando se refiere al caso Duarte, casi en los mismos términos que antes lo hizo al de Rosario Robles, como un “circo”, un espectáculo jurídico-mediático en el que parece haber habido muchas intenciones, menos la de castigar realmente la corrupción de un gobernador que fue amigo y financiero de la campaña del actual presidente, Enrique Peña Nieto, y que pudo robar, saquear y desviar los miles de millones de pesos durante sus seis años de gobernador bajo la mirada cómplice y complaciente del titular del Ejecutivo federal, que nunca actúo a tiempo contra su amigo a pesar de haber recibido avisos y documentos de la Auditoría Superior de la Federación, y sólo dio la orden de que la PGR procediera contra él cuando el escándalo era insostenible y cuando Duarte ya había huido del país.

Por eso, detrás de la apariencia de “legalidad” y “justicia” de este fallo judicial, es inevitable pensar que la amenazas y advertencias que Javier Duarte mando reiteradamente desde la cárcel, e incluso la sospecha de una negociación en su momento cuando fue capturado en Guatemala, en abril del 2017, estén detrás de su cómoda sentencia. “Si me hunden yo voy a hablar”, llegó a decir un desquiciado y desesperado Duarte desde la prisión. Y está claro hoy que no sólo no lo hundieron, sino que pagaron su silencio con decisiones como reclasificarle el delito de “delincuencia organizada” por el de “asociación delictuosa” —por una supuesta dificultad para probarlo por parte de la PGR— y le abrieron el camino para una estrategia legal que le permitió beneficiarse de las rendijas y beneficios legales del nuevo sistema de “justicia” penal acusatorio.

Así que como en la historia que cuenta Plutarco, en sus Vidas Paralelas, Cayo Julio César se divorció de su esposa Pompeya Sila, al poco tiempo de ser ungido emperador, al enterarse de que ésta había acudido a una “Saturnalia” u orgía sexual, y cuando otras damas de la aristocracia le pidieron disculparla porque ella había acudido sólo como observadora, pero no había participado, el emperador pronunció la frase de que “La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino además parecerlo”.

Y la justicia impartida en el caso de corrupción de Duarte ni es ni parece justicia y, en una de esas, la indignada y ofendida sociedad mexicana termina también divorciándose tempranamente de su flamante sistema de justicia penal acusatorio.

NOTAS INDISCRETAS… Observadas con lupa, como pocas veces había ocurrido, el reparto de las Comisiones parlamentarias en la Cámara de Diputados y el Senado, ordenadas por las mayorías de Morena, sepultaron viejos códigos y reglas no escritas, algunas positivas y otras no tanto. Por ejemplo, el nivel de especialización o de experiencia en algún campo, que solía ser requisito para ocupar algunas Comisiones legislativas importantes, ya no necesariamente se tomó en cuenta a la hora de decidir las presidencias de ciertas comisiones. Luego, en otras, donde el nombre del presidente designado tenía que ser cuidadosamente seleccionado y en algunos casos hasta consensuado o tener el “visto bueno” de sectores a los que aludía esa comisión, también se eliminaron esas consultas extraoficiales. El caso más representativo de la nueva forma de decidir y mandar también nuevos “mensajes”, aún no muy claros, es el de la Comisión de Defensa del Senado, cuyo presidente, Félix Salgado Macedonio, es claramente un personaje hostil para las Fuerzas Armadas a las que, en las épocas del PRI y del PAN, se les solía correr la “cortesía” (o pleitesía, según se quiera ver) de entregarles esa comisión a ex militares retirados o a políticos previamente “palomeados” por el Ejército. Hoy, con el nombramiento de Félix Salgado, Ricardo Monreal parece estar mandando un mensaje mucho más adverso a las fuerzas castrenses, que no se entiende bien si es sólo del coordinador morenista, de los grupos internos de la fracción de Morena o del presidente electo López Obrador. Porque Félix, más allá de su polémica imagen, enfrentó como alcalde de Acapulco, en 2007, acusaciones e investigaciones federales por presuntos vínculos con grupos delictivos que, aunque nunca llegaron a una acusación formal, forman parte de su historial político. Pero el mensaje más claro es la posición del nuevo presidente de la Comisión de Defensa del Senado en temas como el caso Ayotzinapa, donde abiertamente acusó al “Estado” y con él a las Fuerzas Armadas de haber tenido algún tipo de participación en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala hace 4 años. Tal vez ese es el mensaje de fondo para el Ejército: que lo que viene con estas designaciones y las Comisiones de Verdad y Justicia que AMLO prometió a los padres a partir del 1 de diciembre, es que los militares van al banquillo si no de los acusados, por lo menos de investigados o, al menos interrogados, para saber su participación en ese y otros delicados casos, ya sea por comisión o por omisión… Y ya entrados en los mensajes de las Comisiones, la llegada de Napoleón Gómez Urrutia, a la del Trabajo y Previsión Social, también del Senado, es igualmente un aviso no sólo para los empresarios mineros que lo acusaron y persiguieron hasta el exilio, Germán Larrea y Alberto Bailleres, sino para todo el sector patronal, que tendrá en el senador y ex dirigente minero a un líder sindicalista que, con todo y sus cuestionamientos, trae proyectos e iniciativas que incidirán fuerte no sólo en el ámbito de la minería sino en general en los asuntos laborales… Y finalmente desde San Lázaro también hay señales en la llegada de Alfonso Ramírez Cuellar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. El ex dirigente de El Barzón —recordado entre muchas otras luchas contra la banca y a favor de los deudores por su entrada a caballo al recinto de San Lázaro— será el presidente del organismo que debe analizar y dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde, entre otras cosas, se destinan recursos —y cada vez más— para el pago de la deuda pública. De entrada Ramírez Cuellar trae propuestas para eliminar ramos controvertidos del presupuesto como el 23, y será interesante cómo este político izquierdista trabaja un tema como el presupuestal, dominado en los últimos 30 años por los tecnócratas neoliberales. Los mensajes pues, están claros, sólo queda la duda: todos los manda López Obrador o es que, en la amplitud y diversidad de Morena ¿las corrientes y grupos internos empiezan a tener vida propia por encima de lo que diga el presidente? Es pregunta… Los dados cierran con Escalera doble. Semana redonda.

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