México militarizará frontera, pero ni así libra los aranceles

El domingo pasado, cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard desembarcaba en Washington para iniciar con el gobierno de Trump al miércoles siguiente  una negociación sobre la crisis migratoria-arancelaria que enfrenta a los dos países, fuerzas federales mexicanas empezaron a desplegarse en la frontera con Guatemala.

Simultáneamente, el Instituto Nacional de Migración (INM) estableció diez nuevos puestos de control fronterizo.

Ambos operativos fueron sigilosos hasta que se dejaron ver y sentir antier, mismo día que Ebrard y el vicepresidente estadounidense Mike Pence se sentaron a negociar en la Casa Blanca. El miércoles, una caravana de mil migrantes hondureños que había entrado a México por la frontera con Guatemala, fue contenida entre Tapachula y Ciudad Hidalgo, para ser deportada de inmediato.

El operativo pretendió ser una señal clara de la propuesta que llevaba México a la mesa de negociación estadounidense para evitar que se concrete la amenaza de Donald Trump de empezar a imponer un arancel a los productos mexicanos que exportamos a Estados Unidos si no contiene la avalancha de migrantes centroamericanos que buscan llegar al vecino país del norte y que ha alcanzado niveles críticos durante los últimos días.

Ebrard, luego de dos días de conversaciones con el secretario de Estado, Mike Pompeo, confirmó ayer que, en efecto, México propuso el despliegue de hasta seis mil efectivos de la Guardia Nacional en los puntos donde no hay barreras naturales en los 965 kilómetros de la frontera que comparte nuestro país con Guatemala.

Para Trump, sin embargo, la propuesta mexicana es insuficiente y si bien la negociación sigue, y ya contra reloj se ha extendido a este viernes, el vicepresidente Pence declaró anoche que el arancel inicial de 5 por ciento sigue firme para el lunes.

Lo que Washington quiere es que México asuma el estatuto de tercer país seguro, es decir, que los migrantes centroamericanos que pretenden asilo en Estados Unidos esperen en nuestro territorio, un año o quizás más hasta que se les otorgue, condición que el gobierno de AMLO ha rechazado tajantemente.

Para destrabar ese punto, los estadunidenses aceptan cierta flexibilización de ese carácter de tercer país seguro: que los guatemaltecos que lleguen a garitas estadounidenses a solicitar asilo regresen a esperar una decisión a territorio mexicano; y que los hondureños y salvadoreños solicitantes regresen a esperar a Guatemala.

Lo anterior abre un resquicio al acuerdo si se toma en cuenta que más de la mitad de ese flujo migrante está constituido por hondureños, grupo que sería devuelto a Guatemala.

De acuerdo con cifras del INM, hasta mayo pasado habían entrado a México unos 620 mil migrantes centroamericanos, de los 800 mil que estiman cruzarán por territorio mexicano este 2019.

De esos 620 mil, casi 400 mil son hondureños que huyen de una crisis humanitaria marcada por la pobreza, el desempleo y la violencia descarnada. Y de esa cantidad de migrantes hondureños, al menos una cuarta parte son niños a quienes sus propios padres han convertido en garantía para el éxito de su periplo, ya que la legislación de asilo estadounidense es benévola cuando la petición de asilo es planteada con menores.

Que México los rechace es tan inhumano como catastrófico sería aceptarlos y absorberlos aquí, dilema que divide opiniones en el país y en el gabinete de la 4T, donde algunos propugnan por militarizar la frontera sur y otros presionan para dar respuestas espejo en materia arancelaria.

AMLO ya tiene en su escritorio un borrador de decreto que impondría aranceles a productos estadounidenses, con tarifas que irían del 5 al 15% sobre productos específicamente seleccionados por su impacto en la economía estadounidense. Pero quienes están del lado del endurecimiento migratorio argumentan, no sin razón, que México no es China como para mantener una guerra comercial por tiempo indefinido.

 
Instantáneas:
1. PRESIONES MEDIÁTICAS. La conferencia mañanera de AMLO ya es mucho más que un encuentro con los medios de comunicación. También se ha convertido en un foro para litigar mediáticamente asuntos políticos y legales. Aquí le conté que un grupo disidente a la dirección de la cooperativa Cruz Azul, echó mano del representante de un medio de comunicación para hacer eco de las denuncias que contra sus directivos se habían realizado. Pues bien, la semana pasada nuevamente llevaron ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador nuevas acusaciones, ahora por compra de jueces y magistrados, secuestros judiciales, actos inconstitucionales y, más grave aún, amenazas, acoso e intento de secuestro. Los disidentes José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez habrían optado por esta estrategia de presión mediática y política, pues en esos días se publicó la sentencia definitiva que dio por anulada la asamblea del 29 de septiembre del año pasado, lo que en consecuencia suprimió, también de manera definitiva, los cargos que les había dado como presidente del Consejo y presidente del Consejo de Vigilancia, respectivamente.

 
2. LICITACIÓN. La Secretaría de Salud, con la autorización de la de Hacienda, por fin publicó el miércoles pasado las bases de licitación para la compra consolidada de medicamentos del segundo semestre de este año para IMSS, ISSSTE, Marina y Pemex, así como 25 entidades federativas que lo harán a través del Seguro Popular. El fallo de esa licitación internacional, en la que solo podrán participar quienes tengan registros, está previsto para el 20 de junio próximo. El ganador o ganadores deberán hacer la entrega de los medicamentos en un solo punto de la zona metropolitana de la Ciudad de México y de la distribución se ocupará al 100 por ciento el gobierno federal. A los representantes de la industria farmacéutica se les prometió que el pago se hará a más tardar en 20 días. ¿A ver?  

rrodriguezangular@hotmail.com 
@RaulRodriguezC 
raulrodriguezcortes.com.mx