AMLO, el Ejército y la Ley de Seguridad Interior

Raúl Rodríguez Cortés

Las próximas dos semanas serán definitorias para la estrategia de seguridad que implementará AMLO y para conocer el nivel de influencia y participación que tendrán en ella las Fuerzas Armadas.

El gobierno electo ya procesó toda la información surgida de los foros sobre seguridad, violencia, combate a la delincuencia organizada, amnistía, justicia y atención víctimas que encabezó Alfonso Durazo, propuesto como secretario federal de Seguridad Pública. López Obrador declaró, en ese contexto, que aún no es posible regresar a soldados y marinos a sus cuarteles. La suma de lo que resultó de los foros más el matiz declarativo hecho por el presidente electo, permite inferir que más inteligencia que fuerza y una paulatina desmilitarización serán ingredientes centrales de esa estrategia que se anunciará la semana entrante.

En la definición de la intensidad y términos de esa desmilitarización juega un papel relevante el general de brigada en retiro Audomaro Martínez Zapata, de quien se dice en el círculo más cercano a AMLO que dirigirá el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entidad que sustituirá al actual Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pero ahora como parte de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya creación ya fue propuesta en una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por los legisladores de Morena.

La amistad de Audomaro y Andrés Manuel se remonta a 1980, cuando éste dirigía el instituto indigenista de Tabasco y aquel, en ese entonces mayor, era subjefe del Estado Mayor de la trigésima zona militar. Tareas conjuntas y el paisanaje, pues los dos son tabasqueños, permitieron que fincaran una sólida amistad.

Cada cual siguió su camino. Audomaro ascendió hasta general de brigada en 2001 y meses antes de que cumpliera la edad de retiro, aceptó ser en 2006 el jefe de seguridad de su viejo amigo López Obrador, entonces candidato presidencial en su primera campaña.

En 2012, el brigadier en retiro —quien nunca perdió contacto con compañeros de armas en activo, fue crítico de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón por su falta de estrategia y disciplina, y quien advirtió del grave riesgo de infiltración del crimen organizado en el instituto armado— aceptó ser el secretario de seguridad pública del gobierno que iniciaba en Tabasco Arturo Núñez. Ahí conoció y colaboró con el general de brigada Luis Cresencio Sandoval González, entonces jefe de la trigésima zona militar y hoy el divisionario propuesto para ser secretario de la Defensa Nacional.
  
Nadie duda de la influencia que tuvo Audomaro en la decisión de AMLO de hacer de Sandoval su general de cuatro estrellas. Pero en el círculo íntimo del presidente electo aseguran que no fue la amistad lo que más pesó, sino una hoja de servicios en la que destaca su adiestramiento en operaciones de apoyo a la paz y un historial de ascensos que corroboraba que el designado no forma parte de ninguno de los grupos de interés que conviven al interior Ejército mexicano.
   
Por eso su designación sacudió y rompió inercias en el traslado sexenal del mando militar. El presidente electo no se decantó, como ha ocurrido durante los últimos años, por alguno de los integrantes de la plana mayor del general secretario en turno. Con eso se abrió la puerta a una nueva generación de oficiales que ejercen el mando desde el terreno, no desde las oficinas. Y ya se barajan algunos nombres, entre otros, el del general Dagoberto Espinosa, comandante de la primera región militar con sede en la CDMX como subsecretario y el del general David Córdova, comandante de la quinta región militar con sede en La Mojonera, Jalisco, como oficial mayor.

Fuerte mensaje de cambio ha enviado AMLO al Ejército: primero la desaparición del Estado Mayor Presidencia y después la sacudida a sus élites de mando con la designación del nuevo secretario. En otro ámbito, la misma tónica: cancelación del aeropuerto de Texcoco y choque con las élites del poder económico. ¿Veremos cambios igual de bruscos en la estrategia de seguridad?
 
INSTANTÁNEAS:
1. LSI. Otro elemento que habrá de influir en el camino que siga la nueva estrategia de seguridad, se conocerá el próximo 11 de noviembre cuando el pleno de la Suprema Corte decida de la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. El proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, por cierto uno de los aspirantes a presidir el máximo tribunal del país, avala en general la constitucionalidad de la norma, no así las facultades discrecionales para la atención de “riesgos” a la seguridad interior, ni que las manifestaciones puedan ser consideradas como tales, ni que las Fueras Armadas puedan actuar sin solicitud de apoyo de las autoridades civiles, ni que el Ejecutivo Federal pueda hacerlo sin que medie la petición de las entidades federativas. Ya abundaremos sobre el tema.
 
2. SANTA LUCÍA. Para ocuparse del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, AMLO nombró al ingeniero Sergio Samaniego Huerta. Es un ingeniero agrónomo de la Universidad de Chapingo (¿?), pero vinculado durante años a José María Riobóo, contratista impulsor de ese proyecto alternativo de aeropuerto. Ambos firman el libro “Sistema Aeroportuario del Valle de México” editado por Porrúa en 2017. O sea que desde entonces lo traían entre manos. 

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