Revertir la impunidad

En los próximos días, la palabra de 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual en los hechos de 2006, en Atenco, se escuchará, en condiciones dignas, en audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Han pasado 11 años. Para entender por qué interviene el tribunal regional de derechos humanos, conviene recordar que, tras los operativos policiales realizados en Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006, al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad, cometidas tanto en el momento de la detención como en el traslado al penal y a su llegada. Aunque ellas presentaron sus respectivas denuncias ante el Ministerio Público e incluso cuando en su momento tanto la CNDH como la SCJN estimaron que sus alegaciones eran veraces, prevaleció la impunidad. Por esta razón se planteó la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2011 admitió el caso y en 2015 emitió un Informe de Fondo en el que consideró probadas las violaciones a derechos humanos, ordenando una serie de medidas que, al ser incumplidas, motivaron la remisión del caso ante la Corte IDH.

La resolución del caso contribuirá a que estas mujeres accedan a la justicia. Servirá para que el tribunal llame a cuentas al Estado respecto a tres cuestiones vinculadas a la grave crisis de derechos humanos: la tortura, la impunidad y el modelo de seguridad.

En cuanto a la tortura, la Corte analizará cómo se sigue empleando a manera de método de investigación en México, de forma generalizada, agraviando de forma diferenciada a las mujeres privadas de la libertad, sobre todo en el lapso que va de la detención a su presentación ante las autoridades. Un patrón que se ha documentado de forma exhaustiva dentro de la campaña “Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual”, impulsada por las sobrevivientes de Atenco.

Sobre la impunidad, el tribunal revisará cómo en México los casos de violaciones a derechos humanos quedan frecuentemente impunes, a causa de investigaciones negligentes que omiten indagar la responsabilidad de los mandos superiores y que ponen del lado de las víctimas la carga de la prueba. La Corte también se pronunciará sobre la forma en que las declaraciones públicas de altos funcionarios pueden inhibir las investigaciones penales, tema que en México es fundamental de cara a los debates sobre la pertinencia de profundizar la autonomía de las y los fiscales.

En cuanto al modelo de seguridad, la Corte podrá ordenar que se fortalezcan los controles democráticos sobre los cuerpos policiales, especialmente con la incorporación de supervisión externa a ellos que asegure independencia e imparcialidad. Actualmente, en México no contamos con regulaciones del uso de la fuerza que, de manera efectiva y no declarativa, proporcionen herramientas para prevenir, investigar y sancionar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, lo que nos ha llevado a episodios como Tlatlaya, Tanhuato y Nochixtlán, entre otros.

Atenco es una herida abierta para las sobrevivientes de las violaciones a derechos humanos, que debieron modificar su proyecto de vida para afrontar las consecuencias, pero también para la sociedad, en cuya memoria quedaron grabadas cruentas imágenes de los operativos policiales de mayo de 2006; baste con recordar cómo, evocando, entre otras cuestiones, la impunidad en que había quedado el caso, en 2012 los jóvenes de #Yosoy132 irrumpieron en la escena pública.

Hoy, gracias a la férrea decisión de 11 valerosas mujeres —Mariana, Edith, María Patricia, Normg, Claudia, Italia, Ana María, Yolanda, Cristina, Patricia y Suhelen—nuestro tribunal de derechos humanos conocerá el caso, abriendo una oportunidad para que ellas accedan a la justicia, pero también para que México emprenda una profunda revisión de algunas cuestiones que, como la tortura, la impunidad y el modelo de seguridad, siguen generando numerosas violaciones a derechos humanos. Hay que entender estos ejercicios de rendición de cuentas en instancias internacionales no sólo como importantes ocasiones de justicia restaurativa para quienes alzan su voz contra la impunidad, sino también como oportunidades para remontar las deficiencias de nuestro Estado de derecho.

Tiempos electorales aparte, es indispensable que la sociedad civil vuelva a arropar a las mujeres que sostuvieron la verdad contra viento y marea, y que el Estado no desperdicie la oportunidad de avanzar hacia una #FiscalíaQueSirva y hacia una #SeguridadSinGuerra.

Director del Centro
Prodh