El trasfondo del pleito entre la Corte y AMLO

Mario Maldonado

El pleito entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Andrés Manuel López Obrador se veía venir desde que, como candidato y luego como presidente electo, prometió la reducción de los salarios de la alta burocracia. “No habrá excepciones”, dijo al enterarse de que en el Poder Judicial afinaban una estrategia legal para defender sus ‘privilegios’. Pero el trasfondo de este altercado es otro.

En esta columna adelantamos, el 1 de octubre pasado, lo que ya entonces venía preparándose: una serie de amparos por parte de los ministros, magistrados y jueces para evitar que el agua les llegara al cuello; es decir que la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no tocara sus salarios y prestaciones. Todo, bajo la tutela y el visto bueno del ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales.

De acuerdo con un escrito circulado en septiembre entre altos funcionarios del Poder Judicial, se invitó a todos los titulares de dependencias a enviar “los conceptos de violación que deseen proponer a más tardar el domingo 30 (de ese mes), para que posteriormente un comité de seis titulares voluntarios se encargue de darle forma final a la demanda de amparo y entregar el proyecto a más tardar el 7 de octubre”.

“El señor ministro presidente reitera que tanto él, los ministros y consejeros mantienen su convicción a favor de la independencia y autonomía del PJF, así como de nuestros intereses, como hasta ahora. Sólo en la unidad tendremos éxito”, concluía el mensaje.

La afrenta al presidente electo y a su propuesta de austeridad republicana estaba clara desde entonces y había llegado a su equipo más cercano, particularmente a quien fue designado su consejero Jurídico: Julio Scherer Ibarra. Fue entonces que éste se encargó de proponer en la terna de candidatos para sustituir al ministro José Ramón Cossío a un incondicional: Juan Luis González Alcántara, quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX cuando AMLO fue jefe de Gobierno.

El viernes pasado, la terna que completan Celia Maya García y Loretta Ortiz llegó al Senado para su ratificación, pero se topó con la pared de los partidos de oposición, particularmente del PRI y el PAN, los cuales, presuntamente asesorados por ministros encabezados por Luis María Aguilar, podrían lograr que su ratificación se dé después del próximo 2 de enero, cuando la Suprema Corte elige a su próximo presidente.

La pelea para relevar a Luis María Aguilar está prácticamente entre dos ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a quien el actual presidente quiere de sucesor, y Arturo Zaldívar, ambos con carrera judicial. El primero, empero, está emparentado con el ex presidente Carlos Salinas y es muy cercano a Manlio Fabio Beltrones; es la apuesta de la vieja guardia en el Poder Judicial, lo cual sería visto como otra afrenta para AMLO.

Si la estrategia de Luis María Aguilar y la oposición de Morena en el Senado funciona, es probable que el ministro que propuso el nuevo gobierno no participe en la votación del próximo 2 de enero, cuando se elige al nuevo presidente de la Corte; si esto sucede, Gutiérrez Ortiz Mena sería muy probablemente el ungido.

Frente a este escenario, el desafío político para el gobierno de AMLO y su partido en el Congreso sería tal que podrían terminar por desaparecer a la SCJN y en su lugar dar paso a un tribunal superior constitucional.

Así que el trasfondo de la pelea por los salarios y las prestaciones del Poder Judicial es, en realidad, el control de la Corte. Luis María Aguilar quiere mantener su hegemonía, aun cuando en su camino está en juego la supervivencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Revés a empresa de asesor de AMLO? Hace unos días, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Cámara de Senadores pidió a la Semarnat, ya en manos de Josefa González Blanco, negar la autorización al proyecto de Mina a Cielo Abierto “Los Cardones”, en Baja California Sur.

Se trata de un plan minero-metalúrgico para extraer 55 toneladas de oro, con un valor proyectado cercano a los 2 mil millones de dólares.

También plantea la construcción de un acueducto de 36 kilómetros que se conectará con una planta desalinizadora en la costa del Pacífico, así como la puesta a punto de un camino de acceso para vehículos que puedan llegar desde la zona de La Paz a las distintas construcciones que comprende el complejo.

La iniciativa propuesta por la legisladora de Morena, Jesús Lucía Trasviña, pretende que se detenga el proyecto de Desarrollos Zapal, subsidiaria de Invecture Group, de Ricardo Salinas Pliego, integrante del Consejo Asesor de AMLO, pues amenaza la conservación de 500 hectáreas del área natural protegida Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna.

 

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