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En su segundo día como presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador enfrentó su primer dilema: frenar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) —como lo prometió— o mantenerlas mientras intenta resolver cómo pagará a los inversionistas del proyecto los bonos por más de 6 mil millones de dólares que se colocaron en los mercados financieros.
En este espacio adelantamos que la cancelación del proyecto costaría lo doble de los 100 mil millones pesos que estimó el equipo de López Obrador, principalmente por la cuota de cancelación que por sí sola asciende a 4 mil millones de dólares, de acuerdo con los términos que se firmaron en los contratos con los tenedores de bonos.
Como era de esperarse, ayer el nuevo Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), ahora encabezado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ordenó continuar las obras en tanto se evalúa el plan estratégico de la obra.
La noticia es tan impopular para AMLO que no se dio a conocer públicamente, sino que fue a través del periodista Darío Celis que se filtró. La realidad es que el gobierno de López Obrador estaba contra la pared: era continuar el proyecto o esperar, en cuestión de horas, la andanada de demandas de los tenedores de bonos.
Un reconocido despacho de abogados que ha litigado este tipo de asuntos en las cortes internacionales explicó a esta columna que las demandas que tendrían listas los tenedores de bonos son del tipo class action (colectivas) y sería presentadas ante la Corte Primera de Distrito de Nueva York, en Manhattan, toda vez que los bonos se emitieron bajo las leyes de ese estado.
El proceso judicial tendrá como demandantes a los tenedores de los bonos que fueron ofertados y adquiridos a través de la Bolsa de Valores de Nueva York por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, empresa del gobierno mexicano.
Las demandas colectivas suelen buscar la reparación masiva de daños de gran cuantía y tienen mucho mayor fuerza porque se trata de una serie de individuos en idénticas circunstancias, que tan solo debe sumarse a la acción mediante la simple firma de un representante y sin participar en las diligencias judiciales, otorgando absoluta libertad al litigante del grupo para que ejercite la acción.
El uso del sistema bursátil estadounidense (New York Stock Exchange) es lo que otorga competencia jurisdiccional al Juez Federal de Nueva York, incluso al amparo de convenciones internacionales de las que México forma parte. La litis que se plantea es bastante elemental: el propio oferente de los bonos colocados y enajenados será la propia entidad que extinguirá la fuente de repago de los propios títulos, es decir el propio GACM.
Por lo tanto, la consulta pública que supuestamente da por cancelado el proyecto del nuevo aeropuerto en nada modifica la personalidad jurídica del gobierno federal mexicano ni de la empresa paraestatal desarrolladora del NAIM. Es decir, que el gobierno de AMLO sería la parte demandada, lo cual no solamente tipifica la figura del fraude civil (civil fraud), sino que adicionalmente tiene implicaciones punitivas de daños y perjuicios que llegan a rebasar 100% el monto principal inherente al reclamo.
Este contexto explica el motivo por el cual la obra siguió su curso durante los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, aun cuando se aseguró que el presidente electo la cancelaría.
El pasado 20 de noviembre el despacho internacional Hogan Lovells dijo en un comunicado que fue contratado como asesor legal para proteger los derechos e intereses del Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT, cuyo valor se ha desplomado hasta 25% en los últimos 12 meses, principalmente a partir del 29 de octubre que se anunció la cancelación del proyecto tras la consulta pública organizada por el equipo de AMLO.
Ese día la calificadora Moody’s bajó la calificación de los bonos del nuevo aeropuerto a ‘Baa3’ de ‘Baa1’, considerado cercano al grado especulativo.
Fuentes del sector financiero involucradas con el proyecto aseguran que el gobierno de López Obrador no ha abierto una comunicación con los tenedores de los bonos para hacerles una propuesta. Lo que debería preocupar más es que los llamados fondos ‘buitre’, como Aurelius Capital, Elliott Management, NML Capital y Dart Management están al acecho de los papeles de deuda.
Estos fondos se dedican a comprar bonos basura a precios bajos para litigarlos en las cortes internacionales, particularmente en Nueva York donde tienen cabilderos. Algunos de los mencionados mantuvieron parada la reestructura de la deuda de Argentina por casi 10 años e incluso lograron embargar el avión presidencial en Nueva York cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acudió a una reunión de las Naciones Unidas.
Finalmente ganaron y obtuvieron un retorno cercano a 1,500% de su inversión inicial, de acuerdo con cálculos de The New York Times.
El principal tenedor de los bonos del NAIM es BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, el cual hizo grandes negocios en México durante la administración peñanietista. Los que tienen mayor parte de los bonos verdes son los fondos AFP Capital (Sura) y el británico Schroders PLC.
En cuanto a la Fibra E, que levantó mil 500 millones de dólares, los mayores tenedores de certificados son la Afore Ibursa, de Carlos Slim, y Santander México, así como el Pensionissste.
Paradojas de la Cuarta Transformación: la primera promesa incumplida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador —de no cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco— podría ser una señal extraordinaria de confianza para los mercados y los empresarios.
Twitter: @MarioMal
Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com
