El frente legal contra AMLO y la renuncia de Josefa

Mario Maldonado

Un grupo de organizaciones civiles y empresariales, entre ellas la Coparmex, le quieren aumentar el grado de dificultad al presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplir con sus proyectos más importantes. A través de recursos legales es que este colectivo denominado #NoMásDerroches busca frenar obras como la ampliación de la base aérea de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas.

No se trata de un frente común improvisado: detrás de él está el más férreo crítico de los organismos gremiales, quien se prepara para buscar una candidatura en 2024: Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Otros empresarios visibles son algunos del Consejo Mexicano de Negocios, particularmente Claudio X. González, cuyo hijo preside la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una de las integrantes del colectivo.

La primera victoria la obtuvieron el pasado 30 de mayo, cuando el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de México les concedió una suspensión provisional para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía; el objetivo final es detonar un último intento por rescatar el multimillonario proyecto de Texcoco y de paso congelar de manera definitiva la refinería de Dos Bocas.

El amparo contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía lo obtuvo, a título personal, el propietario de la compañía textilera Novalan, Juan Ramón Morera Mitre, pero luego de que ayer EL UNIVERSAL revelara la información, la organización Mexicanos Contra la Corrupción envió un comunicado para exponer, entre otras cosas, que hay 147 juicios de amparo promovidos ante el Poder Judicial de la Federación.

La clave del asunto está en el concepto de “interés legítimo”. La mayoría de los recursos legales interpuestos por el colectivo #NoMásDerroches están sustentados en que los proyectos del nuevo gobierno atentan contra el medio ambiente, la generación de empleo y las condiciones económicas de la ciudadanía en general.

Se trata de una “cucharada de su propio chocolate” para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el mismo argumento del “interés legítimo” fue el que dejó sin efecto los amparos contra el memorándum que canceló la reforma educativa, el que se utilizó para comprar de manera directa en Estados Unidos 500 pipas para enfrentar el desabasto de combustible y para inhabilitar, sin juicio de por medio, a tres empresas distribuidoras de medicamentos del sector de salud.

Como recuento de hechos que harían posible la procedencia de nuevos recursos legales se encuentran el despido de 113 mil burócratas de las dependencias del gobierno federal, la erosión de las finanzas públicas por la deuda de 270 mil millones de pesos derivada de la cancelación del NAIM y la posible violación de normas ecológicas al pasar por alto las Manifestaciones de Impacto Ambiental en sus principales obras de infraestructura.

De hecho, la protección del medio ambiente, “conforme a los principios de precaución, indubio pronatura, no regresividad, razonabilidad y flexibilidad”, fueron precisamente los argumentos que motivaron al Tribunal mexiquense a paralizar, por lo menos temporalmente, el inicio de la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía.

Si bien en la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Julio Scherer, no ven como un gran obstáculo este tipo de amparos, en las oficinas de Semarnat el entusiasmo no parece ser el mismo, pues en medio de una recomposición del equipo directivo con el reciente arribo de Víctor Manuel Toledo, aún se detectan resistencias de algunos funcionarios para liberar permisos ambientales a modo y de manera exprés.

En el gabinete se sabe que la decisión de Josefa González Blanco para regresar a la puerta de embarque el vuelo 198 de Aeroméxico, mediante una llamada de su coordinadora de asesores, María Julia Calderón Sambarino, a un alto directivo de la aerolínea, se realizó con un cálculo preciso de las consecuencias: justo un fin de semana antes de que arrancaran los trabajos de Dos Bocas.

En refinería, ¿“gato por liebre”? Y hablando de la refinería de Dos Bocas, a pesar de que el Presidente asegura que las empresas que participan tiene un historial pulcro, quizá no le están diciendo la verdad. Y es que el domingo pasado, en la ceremonia de la primera piedra de la obra, Andrés Manuel López Obrador se reunió con directivos del consorcio que encabeza la holandesa Van Oord y que junto con la tabasqueña Grupo Huerta Madre se quedaron con el contrato de 4 mil 900 millones de pesos para para la conformación de plataformas y el dragado.

Resulta que la draga que se pretenden usar no es la adecuada para los trabajos solicitados. La llamada “Draga Lelystad”, aseguran expertos, no servirá para el proyecto y sólo aumentará los costos finales, mismos que en un momento dado podría absorber el gobierno federal.

El consorcio no sólo le quiere dar “gato por liebre” al Presidente, a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y al titular de Pemex, Octavio Romero, sino que ha sido señalada por irregularidades. Basta con decir que ganó la invitación restringida para la conformación de plataformas de Dos Bocas, aunque Grupo Huerta Madre carece de experiencia, pues apenas se constituyó el 17 de mayo, lo que ha dado paso a las impugnaciones de los consorcios que participaron.

 

 

Twitter: @MarioMal
Correo: [email protected]

TEMAS RELACIONADOS
Guardando favorito...

Comentarios