La supuesta “luna de miel” de los grandes empresarios del país —muchos incluidos en el Consejo Mexicano de Negocios— y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría durar muy poco.

El virtual presidente electo está dispuesto a trabajar de la mano de los empresarios, pero no va a seguir “consintiendo” (así me lo dijo un miembro del equipo del tabasqueño) a los hombres y mujeres de negocios que se hicieron multimillonarios durante las administraciones del PRI y del PAN.

En su proyecto de gobierno hay un apartado titulado “Una economía para todas las empresas”, en el cual se hace referencia a lo que denominan “capitalismo de cuates”.

“Vivimos un capitalismo de cuates. Los arreglos entre políticos y empresarios han impedido una competencia verdadera. Como siempre, los más pobres pagan los platos rotos”, expone el texto firmado por Alfonso Romo, Abel Hibert, Gerardo Esquivel, Jesús Seade y Graciela Márquez.

En esta línea de pensamiento se inscribe la propuesta de descentralizar las compras del gobierno y así evitar que los grandes contratos y licitaciones públicas sigan quedando en manos de los ultrarricos.

Un ejemplo de los empresarios que no tendrán cabida en el nuevo gobierno es José Antonio Sánchez, mejor conocido en la industria de la tecnología como El Pollo. Se trata de un empresario que durante la última década ha acaparado el negocio de las licitaciones en materia de servicios de tecnología digital a dependencias públicas.

El director general y propietario de la empresa Mainbit ha sido señalado como el beneficiario de una serie de contratos por más de mil 200 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, principalmente por sus amistades con el empresario mexiquense Luis Maccise, de Grupo Mac, y Alejandra Lagunes, otrora encargada de la estrategia digital de la administración actual.

El imperio tecnológico de Mainbit, sin embargo, no inició en el sexenio actual. La adjudicación de grandes contratos comenzó en la época del ex presidente Vicente Fox, cuando la compañía se involucró en el desarrollo de uno de los proyectos educativos más ambiciosos de aquella administración: el fallido programa Enciclomedia al que se le asignaron recursos por alrededor de 5 mil millones de pesos.

José Antonio Sánchez es también el empresario involucrado en el escándalo de la transición tecnológica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para el proceso de emisión de pasaportes, en 2015. Dicho contrato le pertenecía a Mainbit desde 2012, pero mediante la licitación LA-005000999-T2-2015 le fue renovado, esta vez en un consorcio con Veridos México, Giesecke & Devrient GmbH, Caelum Group GmbH, NEC de México, Seguridata Privada, Informática El Corte Inglés y IECISA México.

En aquella ocasión, el empresario fue señalado por incurrir en una suerte de sabotaje en el proceso de transición de las plataformas tecnológicas, ya que promovió un juicio de amparo contra la decisión de la SRE y posteriormente decidió no compartir la base de datos de ciudadanos con pasaporte al nuevo proveedor, lo que a la postre derivó en fallas retrasos en el servicio hacia los usuarios.

Una de los principales rivales de Mainbit es Claudia Rincón, empresaria conocida como “la reina de las licitaciones”, pues suele participar en dichos concursos para proveer servicios de tecnología hasta con siete empresas distintas.

No obstante, para escribir un nuevo capítulo, los eternos rivales, “la reina y el señor”, se unieron para participar en otra licitación que auguraba jugosas ganancias, sin reparar en que su impensable alianza no sería suficiente para allanar el camino.

La semana pasada dimos cuenta de la licitación LA-006E4-2016 para la Cobertura de Tratados de Libre Comercio Electrónica de Servicios en el Servicio de Administración Tributaria, que lleva Osvaldo Santín, y que se ha convertido en un verdadero juego de las sillas entre Mainbit, su socia y ahora la empresa CEPRA, de Joel Sánchez Vázquez.

De entrada, en junio de 2016, el contrato por más de mil millones de pesos para arrendar un total de 40 mil equipos de cómputo le fue otorgado a la empresa que dirige El Pollo, pero tras un recurso de inconformidad procedente por parte de CEPRA ante el Órgano Interno del Control del SAT, el negocio cambió finalmente de manos.

Desde esa época y durante más de dos años, el contrato correspondiente a la mencionada licitación sigue cambiando de dueño, dejando como resultado que los operadores fiscales de Hacienda tengan cada uno en sus manos hasta dos computadoras portátiles pertenecientes a proveedores diferentes.

Mainbit, como era de esperarse, recurre a las prácticas que utilizó en el pasado y ha promovido decenas de recursos legales para revertir el fallo en favor de CEPRA; no obstante, tras repetidas revisiones de las autoridades correspondientes se ha declarado en cada uno de estos análisis la validez del procedimiento de adjudicación a ésta última, por lo que el SAT está obligado a seguir recibiendo sus servicios.

Adicionalmente, el Juzgado Primero de Distrito de Pachuca Hidalgo, a través del amparo contenido en el expediente 777/2017, confirmó que la firma CEPRA resultó ser la única que cumplía con los equipos requeridos para que los colaboradores del SAT realicen sus labores, por lo que deberá seguir prestando los servicios de colocación y mantenimiento de equipos de cómputo en todas las oficinas a nivel nacional.

La historia de esa licitación no ha terminado, pero la de Mainbit podría extinguirse con el actual gobierno federal.

Twitter: @MarioMal
Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

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