AMLO: su verdadero dilema con el aeropuerto

Mario Maldonado

El equipo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quisiera enterrar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Lo detesta no sólo porque es la obra de infraestructura insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino porque, según sus “informantes”, está infestado de corrupción. Como dijimos en el texto anterior, el mayor problema es económico: no hay dinero público para cofinanciar el resto de su construcción con todos programas y proyectos que prometió el nuevo gobierno.

La justificación para hundir (valga la expresión, pues uno de los argumentos es que la zona del Lago de Texcoco es inviable por su hidrografía) la multimillonaria obra está clara para los simpatizantes de AMLO, quienes seguramente votarán por el “no”. El verdadero dilema del equipo hacendario, que encabezará Carlos Urzúa, y la propia Oficina de la Presidencia, que llevará Alfonso Romo, es el efecto que tendrá en el ámbito financiero, en los mercados.

Según fuentes cercanas al equipo de transición, más que evaluarse la indemnización de los contratos que ya se otorgaron a empresas privadas, lo que tiene preocupados a los futuros integrantes del gabinete de AMLO son los bonos y el Fideicomiso de infraestructura y bienes raíces (Fibra) que se emitieron para financiar la obra, los cuales suman unos 7 mil 500 millones de dólares.

Cancelar la obra convertiría dichos papeles en “basura” y el nuevo gobierno tendría que entrar en un largo litigio con los tenedores de bonos y las inversionistas institucionales que compraron la Fibra E, es decir, los fondos internacionales y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore). Principalmente contra la Afore Inbursa que controla el magnate de las telecomunicaciones, Carlos Slim, que se quedó con 43% de la colocación.

El pasado 17 de abril, la calificadora de riesgo Moody’s alertó que la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México tendría implicaciones crediticias negativas para todo el sector aeroportuario del país.

“El NAIM generaría flujo de efectivo adicional al Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México NAFIN F/80460 (MEXCAT, Baa1 estable) que estaría disponible para pago de servicio de la deuda debido a la mayor capacidad y crecimiento esperado del tráfico de pasajeros. La cancelación del proyecto, o serios retrasos de su apertura, tendrían implicaciones crediticias negativas, no nada más para MEXCAT sino también para el sector aeroportuario mexicano en general”, comentó el analista Adrián Garza.

Hasta ayer, los certificados de la Fibra E del NAIM se mantenían sin cambios en su valor (100 pesos cada uno). La explicación es que los tienen inversionistas institucionales de largo plazo. Sin embargo, si el resultado de las mesas de análisis técnico y la posterior consulta pública resultan en la cancelación de la obra, la debacle sería inminente.

No sólo eso. En el equipo de AMLO ven con temor la señal que se mandaría a los mercados. La cancelación del NAIM afectaría la credibilidad de los inversionistas internacionales y podría darse una fuga de capitales.

Durante el proceso electoral –y antes– Alfonso Romo y Carlos Urzúa hicieron un roadshow con decenas de fondos internacionales e inversionistas institucionales, además de que se reunieron con los grandes empresarios, entre ellos muchos de los que tienen inversiones en el NAIM. El mensaje siempre fue que habría certeza sobre las decisiones de gobierno y los proyectos en marcha. “No vamos a hacer cambios radicales”, aseguraban en todas las reuniones.

Sin embargo, están a punto de chocar con pared. AMLO y su futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, tiene la firme intención de acabar con el proyecto del nuevo aeropuerto. Por lo pronto, ya frenaron todas licitaciones pendientes.

En marzo pasado, las fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados lanzó una advertencia a los inversionistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México: no se dejen engañar por el gobierno federal y no se comprometan con un proyecto cuya viabilidad es dudosa.

Para entonces, ya se había colocado buena parte de los 6 mil millones de dólares en bonos para financiar su construcción.

Por esos días, Javier Jiménez Espriú decía que la colocación de la Fibra E era para subir el costo de cancelación al proyecto: “Es un blindaje, con la idea de que, ante el monto de lo comprometido, se haga demasiado cara la cancelación del proyecto, aún si el proyecto no resulta técnicamente conveniente o resultan desorbitados sus costos de construcción y mantenimiento”.

También reconocía que la Fibra E generaría “cuantiosísimas” obligaciones de pago a los tenedores de dicho instrumento, en caso de que el proyecto se cancelará por no resultar técnica o económicamente viable.

Y si eso pasa, será el divorcio de los mercados con el nuevo gobierno. Y posiblemente la hecatombe.

 

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