Congreso paritario, paso obligado

El pasado 7 de marzo, ante el pleno del primer Congreso de la Ciudad de México, presenté la iniciativa para reformar la Constitución Federal, permitiendo que tanto la Cámara de diputados, como el Senado de la República sean paritarios en su conformación.

Esto permitirá que la lucha de las mujeres, emprendida desde hace más de un siglo, para lograr el justo lugar que nos corresponde en la sociedad mexicana pueda lograr un nuevo adelanto. Es, de hecho, un salto histórico y sin precedentes.

Permítanme que les comente las razones de esto.

Como señalé, la iniciativa para lograr que la conformación del Congreso a nivel Federal sea 50 – 50 es una acción afirmativa, estableciendo que ante la desigualdad estructural y los casos de violencia política en razón de género que siguen ocurriendo en nuestro país, las mujeres podemos oponer la fuerza del mandato constitucional.

Un Congreso paritario significa que las mujeres mexicanas, las cuales constituimos la mayoría de la población nacional con el 51.35% del total de acuerdo con el INEGI, aseguramos la representación que nos corresponde.

Esta cifra poblacional es sumamente importante, si la relacionamos con la evolución que ha presentado, a través de los últimos dos sexenios, la representatividad de la mujer en ambas cámaras federales.

En el caso de la Cámara de Diputados, de 500 lugares posibles, las mujeres ocupamos en la actual legislatura el 48.2% de los lugares, es decir 241. En cuanto a las de senadores, se puede contabilizar un total del 49.2% de personas del sexo femenino ocupan curules.

Sin embargo, si revisamos la conformación de las pasadas legislaturas, veremos que en el Senado solamente alcanzaba el 32.8% en 2012 y se empequeñecía al 17.2% en 2006. El caso de la Cámara de Diputados es semejante, pues en 2012 se registraba 42.6% de participación y sólo el 27% de los escaños no eran masculinos en 2006.

Las cifras muestran un avance importante, sin embargo la situación presente es frágil, amenazada e inestable. Esto a pesar de que las tendencias de votación favorables a candidatas femeninas aumentan, de la existencia de normativas que obligan a la paridad en cuanto a las candidaturas partidistas a puestos de elección popular, implementadas en los últimos años. Dicho de forma clara y sin interpretaciones: las mujeres seguimos sin poder afianzar nuestra posición en la arena política.

Esto se debe, en gran medida, a la persistencia de prácticas partidistas que buscan relegar a las mujeres a candidaturas “basura”, en demarcaciones que dejan una posibilidad ínfima de triunfo y negando durante las campañas los apoyos de todo tipo, para dedicarlos a sus contra partes masculinas.

Otra situación que amenaza de forma grave el avance igualitario es la violencia política de género. Un flagelo que, por desgracia, está más vivo que nunca en nuestro país. Basta con repasar los casos de violencia de este tipo que se suscitaron en la Alcaldía de Coyoacán y en el estado de Chiapas, tras la jornada electoral de 2018, para comprobar que estamos lejos de erradicarla.

En contraste con estas situaciones, un Congreso 50-50 significa abrir una puerta en favor de las mujeres y reconocer su peso específico en nuestra sociedad ya sea como emprendedoras, científicas, deportistas, jefas de familia, estudiantes o activistas.

Solamente en el aspecto económico, los estudios e la OIT marcan que la plenitud en el ejercicio de los derechos humanos por parte de las mujeres aportaría un incremento en el PIB anual mundial de 28 billones de dólares, es decir un 26% en una década.

Estas razones, y muchas más que el espacio editorial nos impide exponer en esta ocasión, potencializan la importancia de los dos pilares que conforman esta iniciativa: la justicia y la permanencia.

Por justicia se debe entender que las mujeres tenemos el derecho a poseer una representación paritaria en los órganos legislativos de nuestro país, simplemente porque somos mayoría, y este derecho se nos ha negado de forma sistemática a lo largo de nuestra historia, así de sencillo. No se trata de conciliación o una gracia hacia nosotras, sino de justicia y reparación.

Sumado a esto, la violencia que persigue a las mujeres que toman el protagonismo en sus manos es una constante. En algunos casos, como el de la violencia política de género, incluso ha aumentad al punto de tener que preguntarnos si en la próxima elección seguiremos teniendo la voz fuerte y contundente que la paridad otorga.

La reforma Constitucional que he propuesto, es el mecanismo que asegura a las futuras generaciones de mexicanas que, bajo ninguna circunstancia, esa voz se reducirá o desaparecerá.

La importancia que revisten esta y otras iniciativas que las mujeres legisladoras hemos presentado, y presentaremos, es histórica. Tenemos la oportunidad de rediseñar los órganos legislativos que dan forma al futuro de México.

No queda más que comportarnos a la altura de esta exigencia y dar este paso obligatorio para la construcción del futuro nacional que merecen las mujeres y hombres de nuestro país.