Justicia reproductiva

El Grupo de Información en Reproducción Elegida, conocido como GIRE, que preside Regina Tamés, presentó su informe anual 2018 hace unos días. Durante el evento, moderado por Carlos Puig, tuve la oportunidad de estar con la futura secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, y quien será la secretaria de Salud en la CDMX, Oliva López Arellano, para comentar un documento contundente, que no tiene desperdicio y que es urgente difundir ante las muchas deudas que aún tiene el país con las mujeres.

Hace casi 25 años tuve mis primeros contactos con este grupo, coordinado entonces por Marta Lamas, a quien acompañaba con frecuencia Patricia Mercado y muchas otras compañeras, ineludibles al revisar los logros de esta singular organización. Sus planteamientos me parecieron, desde entonces, oportunos y necesarios para avanzar en un tema de justicia social rezagado, insuficientemente reconocido: el de los derechos reproductivos de las mujeres y de sus parejas. Acababa de celebrarse la Cumbre de El Cairo sobre Población y Desarrollo convocada por la ONU y había surgido un concepto novedoso, más inclusivo y audaz, sustentado en una serie de derechos de “nueva generación” y que pronto alcanzaría un valor paradigmático: la salud reproductiva. Así se creó en la Secretaría de Salud una nueva Dirección que se dedicaría específicamente al tema, y que reemplazó a la de Planificación Familiar, que había sido de gran valor, pero ya empezaba a ser rebasada por el nuevo paradigma. Al frente del proyecto quedó Gregorio Pérez Palacios, investigador reconocido de clase mundial. Los aspectos técnicos y científicos estaban cubiertos.

El frente más complicado estaba (sigue estando) en el orden social, ideológico. Había que hacer política. Política ciudadana. En los partidos políticos había pocos aliados. Nos reunimos con Octavio Paz, con Carlos Fuentes y con Carlos Monsiváis, entre otros. Las voces y los argumentos, esgrimidos con inteligencia y con convicción fueron de las integrantes de GIRE. Se publicaron desplegados y notas de prensa. Vinculamos la estrategia con el tema del SIDA. Entonces no había medicamentos antirretrovirales. Los enfermos se morían. Había que hablar en voz alta de educación sexual, del uso del condón, del aborto (legal y clandestino), de los derechos que tenemos todos, sin excepción, a tener una vida sexual plena, informada, y a decidir libremente cuántos hijos tener y qué espaciamiento dejar entre uno y otro. Patricia Uribe jugó —juega— un papel determinante en todo ello. Cerró la pinza con Pérez Palacios en las políticas de salud pública. Nos acusaron hasta de... ¡genocidio! Pero se rompió el silencio, se visibilizó el asunto y los programas continuaron. Luego hubo retrocesos lamentables y en el Censo de Población de 2010 aparecimos en México tres millones de personas más de las previstas por los demógrafos. Se dispararon las tasas de fecundidad en algunas entidades, se interrumpieron los programas educativos y la distribución de condones, aumentaron los embarazos en adolescentes. Se interpuso la ideología. Se desdibujó el Estado laico.

GIRE ha sido uno de los motores que ha impulsado el avance en la dirección correcta (la de los derechos de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva), y sigue siendo una voz crítica que denuncia y exige. Su informe, La Pieza Faltante, Justicia Reproductiva define la agenda pendiente: embarazo adolescente, penalización del aborto, violencia obstétrica, muerte materna y seguridad social incompleta. Ahí tienen señoras y señores legisladores, la oportunidad histórica de instrumentar los ajustes que se requieran para construir un marco jurídico más justo, que fortalezca al Estado laico, que castigue la violencia sexual y que deje de criminalizar a las mujeres; que proteja específicamente a las niñas y a las adolescentes, a las mujeres indígenas y a las que viven con capacidades diferentes.

Los cambios políticos que se avecinan son también oportunidad para las nuevas autoridades de salud en los ámbitos federal y local. No todo es discurso. Se requieren indicadores duros y metodologías rigurosas. Los diagnósticos ya están hechos: dos nacimientos diarios, en promedio, son de madres que no rebasan los 11 años, por ejemplo. El Informe contiene también cifras regionales sobre dónde están las necesidades urgentes para mejorar el acceso a métodos anticonceptivos. Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Coahuila, en ese orden, encabezan la lista.

El aborto inseguro sigue siendo la cuarta causa de muerte materna en nuestro país. Sólo en la Ciudad de México existe un programa de interrupción legal del embarazo. Aunque en algunas entidades se han ampliado las causales legales, en términos generales, para una mujer embarazada en nuestro país, la disyuntiva sigue siendo parto o cárcel. Sólo las que tienen dinero pueden pagar la fianza que la ley contempla para preservar su libertad. Las mujeres pobres pueden ir a la cárcel hasta por seis años si abortan. Los códigos penales criminalizan también a quienes las auxilien. Al personal de salud lo suspenden de su ejercicio profesional. Existe, por supuesto, la objeción de conciencia: a nadie se le obliga a prestar servicios con los que no estén de acuerdo. Este principio no aplica ante emergencias o cuando está en riesgo la vida del paciente. En el caso de los abortos legales, es necesario garantizar que el servicio se preste oportunamente a quien lo solicite.

La violencia obstétrica constituye otra violación frecuente a los derechos humanos de las mujeres. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y postparto en los servicios de salud tanto públicos como privados. Se refiere a las acciones u omisiones que causan daño físico o psicológico a la mujer. No se trata solamente de falta de acceso a los servicios. Incluye regaños, burlas, insultos, falta de respeto a la privacidad y cualquier forma de coacción, así como mal uso o abuso de medicamentos. En México, una de cada tres mujeres refiere una mala experiencia durante el parto por el trato recibido. Diez por ciento de las mujeres a quienes se les practicó una cesárea, sea en hospitales públicos o privados, no fueron oportunamente informadas. Es un tema de ética que debe abordarse con mayor profundidad en las escuelas de medicina, enfermería y ciencias de la salud.

La mortalidad materna por causas prevenibles viola el derecho a la vida y constituye otra pieza faltante en el sistema de justicia reproductiva. Las adolescentes y las mujeres indígenas son las más vulnerables. Hay variaciones regionales importantes. Estamos lejos del objetivo planteado al inicio del milenio. La razón de muerte materna, que es el indicador utilizado (por cada 100 mil nacidos vivos) es de 35. La meta era llegar a 22. Todavía hay un largo camino por recorrer. Este tema, al igual que los anteriores, se vincula al hecho, ya insostenible, de la seguridad social incompleta y la disparidad entre los servicios que ofrecen estas instituciones y los financiados por el seguro popular que desquició la descentralización, tan lleno de irregularidades y desvíos injustificados. Si de verdad se quieren resolver los rezagos hay que igualar los servicios.

Pienso que la coyuntura del cambio de gobierno es buena para considerar seriamente una fusión funcional y administrativa entre los servicios que ofrece la seguridad social y el sistema de protección social en salud. Avanzar hacia un Sistema Universal en Salud es factible si se tiene precisión en los objetivos y claridad en la ruta. No será con dogmas, ni con regresiones o improvisaciones. El diagnóstico que nos ofrece GIRE es riguroso y muestra cuán caras han sido algunas de ellas, en términos de muertes prevenibles, derechos violentados y daños infligidos. Bienvenida la voz de una sociedad informada, crítica, independiente y propositiva. Es necesaria para la transformación del país.

Profesor emérito de la UNAM