La última batalla electoral

En 2007, una extraña alianza electoral con una doble intención —i) impedir que Enrique Peña Nieto llegara a la Presidencia de la República y ii) que no surgieran nuevos partidos que disputaran al PRI, PAN y PRD sus millonarias prerrogativas— hizo la última reforma electoral un asunto de fondo. Con el paso del tiempo, fue obvio que los dos objetivos que perseguían fracasaron: Peña sí fue Presidente y un nuevo partido político surgiría —Morena— para quitarles buena parte de sus prerrogativas en dinero y en especie.

Ahora que Morena tiene el control de ambas cámaras en el Congreso de la Unión (la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores), inteligentemente están haciendo ajustes en la normativa electoral, particularmente en la aprobación de la figura del “referéndum”, misma que les permitirá que el activo más importante de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador, haga campaña electoral en 2021, a la par de los candidatos a diputados federales.

Así, si bien una serie de normas dictadas desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari han evitado que cinco presidentes de la República hagan campaña electoral a favor de su partido, ahora esta regla, que había permitido cierto grado de institucionalidad en las campañas políticas, estaría por cambiar. Sólo faltaría que el Senado de la República valide el dictamen que la semana pasada aprobaron los diputados, lo que generaría unos de los mayores cambios en el sistema de partidos en México.

Si a esto se le agrega que Morena también está tratando (y con justa razón) de cambiar el esquema de financiamiento de los partidos, reduciendo lo que se les da en 50%, el sistema de partidos y el esquema de la competencia electoral estará colapsando, logrando Morena consolidarse como partido hegemónico. Irónicamente, Morena hace esto con las normas constitucionales que PRI, PAN y PRD idearon para que ese partido no existiera y luego no creciera.

Sin embargo, del lugar menos pensado está llegando una herramienta que bien podría salvar a toda la oposición. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha abierto un expediente, el No. 52/18, en el que aduce haber encontrado probables violaciones a los principios de libertad de expresión y que tanto la Constitución como la Ley Electoral mexicanas serían opuestas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte.

Así, apenas la semana pasada el Estado Mexicano fue informado de que el organismo especializado en materia de derechos humanos, la CIDH, le ha abierto un expediente internacional por violaciones a libertad de expresión y al debido proceso. La notificación la hizo Marisol Blanchard, Jefa del Gabinete de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

El timing de la CIDH no pudo haber sido más oportuno para todos los partidos de oposición, pero también demuestra lo absurdamente lentos que son los procesos para salvaguardar los derechos humanos a nivel internacional. La queja sobre la normatividad electoral mexicana fue presentada por varias personas en febrero de 2010. Le llevó ocho años a la CIDH-OEA estudiar el caso y el 5 de mayo de 2018, por unanimidad, la Comisión aceptó entrar al fondo. Esto sucedió antes de que López Obrador ganara las elecciones. No obstante, luego de tan importante resolución, aún les tomaría otros 11 meses el notificar al Estado Mexicano la admisión del caso, lo que sucedió la semana pasada por conducto de la Cancillería.

Ahora viene un plazo expedito, de cuatro meses, para que el Estado Mexicano logre presentar ante la CIDH elementos que permitan llegar a una solución, lo que se ve complicado dadas las restricciones a la libertad de expresión que hay en México cuando hay procesos electorales. En este tipo de asuntos, tampoco le ayuda mucho al gobierno de México que en la crisis venezolana se hayan aislado del resto de los países latinoamericanos y de la OEA para, en su lugar, defender a uno de los regímenes más represivos en las Américas, mismo que ha violado sistemáticamente todo tipo de recomendaciones internacionales.

El Estado Mexicano debe, pues, acrecentar el régimen de libertades para comunicadores, internautas, medios de comunicación, funcionarios de todos los niveles de gobierno, candidatos y partidos políticos. No limitarlos, como ha venido sucediendo. De no hacer esto, se encaminan procesos judiciales internacionales complicados que nos pondrán en colisión con el sistema interamericano de derechos humanos e incluso con tribunales federales en México. Es, ante todo, una gran oportunidad para, desde el Congreso, reinventar un modelo de comunicación electoral que pudo haber cumplido una misión hace una década, pero con los cambios tecnológicos de hoy, se ha vuelto obsoleto y censor. Es también una oportunidad para que el gobierno en turno demuestre que no necesita de las mañas que PRI, PAN y PRD utilizaron para intentar mantener el poder. Al final de cuentas, buena gestión es lo único que garantiza buenos resultados.