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La política social y sus detractores

05/03/2019
06:12
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La reacción cada vez hace más recurrente su ataque a los programas sociales de López Obrador. Aún antes de que comiencen ya los tilda de populistas, asistencialistas o clientelares; incluso los descalifica llamándolos “dádivas” o “limosnas”. Se trata muchas veces de una crítica ligera y prejuiciosa, propia de un sector al que le resulta sencillo emitir juicios con el estómago lleno, sin alcanzar comprender lo importante que pueden ser las transferencias monetarias para que pueda salir adelante quien nada tiene.

Los programas sociales apenas están comenzando. Como otras políticas del actual gobierno, han tenido un comienzo desordenado y poco prolijo, en gran medida resultado del ritmo acelerado que ha impuesto la nueva presidencia. Algunos de estos programas todavía no han completado sus reglas de operación, con lo que no están debidamente institucionalizados. Salvo Adultos Mayores, el grueso de las transferencias aún no arranca.

La insinuación de que se busca construir una enorme maquinaria destinada a la compra de votos, es una especulación sin mayor sustento. El uso clientelar de los programas –un riesgo en cualquier gobierno– disminuye considerablemente cuando estos son de carácter universal. Hoy, por ejemplo, basta con ser adulto mayor para recibir una pensión no contributiva que nadie puede condicionar a cambio de apoyo político. En otros casos, la magnitud de los programas es tal –podrían abarcar hasta 28 millones de beneficiarios– que el margen para mecanismos de asignación clientelar se podría reducir considerablemente si se siguen lineamientos de focalización regional.

Si los programas de transferencias logran consolidarse en los próximos años, estaríamos frente a la creación de un régimen de protección social que permitirá a un amplio sector de la población acceder a mínimos satisfactores básicos e incrementar considerablemente su ingreso.

Cuando eso ocurra, quienes hoy descalifican estos programas con preconceptos y juicios fáciles se verán obligados a cambiar de postura, so pena de pagar el costo electoral de ser vistos como enemigos de un mejor nivel de vida para los pobres. Recordemos lo que ocurrió en la Ciudad de México cuando el PAN se opuso a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, creada por López Obrador, con un discurso muy parecido a los que la oposición está utilizando hoy. Al final, acabaron por impulsar una política similar en varias entidades y a nivel federal.

El énfasis que esta administración ha dado a las transferencias es cuestionable en la medida en que pretende utilizarse como una fórmula mágica para resolver todos los problemas. Como estrategia general masiva, sin embargo, es adecuada. La experiencia latinoamericana muestra que las transferencias han tenido un gran impacto en la disminución de la pobreza por ingresos. En Brasil programas de este tipo, sumados a un aumento considerable en el salario mínimo y al crecimiento general de la economía, permitieron sacar a 30 millones de la pobreza.

Desde luego que el gobierno tiene una enorme responsabilidad en que el uso de los programas sociales esté fuera de toda duda. El énfasis en las transferencias, en particular, obliga a contar con un sistema de información confiable y un padrón de beneficiarios transparente, auditable, y validado por instancias creíbles como puede ser el INEGI o el CONEVAL.

Por importantes que sean las transferencias, la política social no puede quedarse allí. A la par, debe impulsarse un enfoque productivo a partir de la propia organización de las comunidades, a fin de que éstas sean gestoras de su propio desarrollo y no únicamente receptores pasivos de asistencia. La presencia de María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, es una gran oportunidad para lograrlo, dada su exitosa trayectoria al frente de cooperativas rurales.

Una estrategia que aún no toma forma es la de los llamados “centros integradores”, a través de los cuales el gobierno busca aglutinar a pequeñas comunidades rurales del país, hoy aisladas y marginadas. Inspirados en la experiencia de Tabasco, durante el gobierno de Enrique González Pedrero, los centros funcionarían como espacios de encuentro entre el Estado y las comunidades aledañas.

En estos centros, donde se instalarían los cajeros automáticos del Banco de Bienestar, se organizarían asambleas comunitarias y se promovería la transparencia a ras de suelo, por medio de comités de contraloría social que permitan cotejar que las transferencias se reciban en tiempo y forma; que las listas de beneficiarios no presenten irregularidades y se haga un buen uso de los recursos. Iniciativas como éstas podrían hacer toda la diferencia. No adelantemos juicios.

 

@HernanGomezB
Hernán Gómez Bruera
Profesor-Investigador del Instituto Mora; analista político, internacionalista y especialista en América Latina.

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