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En lugar de ser un documento redactado en términos jurídicos que establezca directrices para un ejercicio eficiente del gasto, la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana recientemente aprobada por el Senado parece aspirar a ser un manifiesto propagandista que recuerda el Libro Rojo que cargaban los maoístas; un documento de principios motivado en posturas ideológicas, pero de escaso contacto con la realidad de la administración pública.
Varios funcionarios consideran que la iniciativa está plagada de inconsistencias, incluye orientaciones de ética pública que no debieran ser materia de una legislación sino de un código de conducta; pretende regular preceptos que ya están establecidos en otras leyes, invade competencias, viola la división de poderes y atenta contra diversos derechos humanos. De aprobarse como está seguramente será objeto de diversas acciones de inconstitucionalidad.
Cuentan que la primera versión de esta ley, redactada durante los últimos meses del año pasado, resultaba casi risible. Se establecían prohibiciones absurdas para los funcionarios como pasarse un alto, estacionarse en lugar prohibido o llegar a la oficina en estado de ebriedad (extrañamente la iniciativa no pone peros para llegar colocado con otro tipo de sustancias); incluso establecía una interdicción para asistir a fiestas con “grandes contribuyentes”, en una lógica que obligaría a quien asiste a cualquier reunión social a conocer previamente la lista de invitados.
Aunque esa primera iniciativa tuvo modificaciones, algunos elementos permanecen. Al prohibir a los altos servidores públicos trabajar para el sector privado, salvo después de transcurridos 10 años, no solo se violaría el derecho a dedicarse a la profesión que se desee, también se adopta una medida desproporcionada (el estándar internacional es de uno a dos años) que forzaría a muchos cuadros preparados a renunciar ante falta de perspectivas profesionales (ya comenzó a ocurrir).
Al pretender suprimir todas las oficinas de representación internacional y que la Cancillería asuma sus funciones, nos dejaría sin representaciones especializadas ante instituciones tan importantes como la OMC o la OCDE. ¿Será que los autores de esta ley ya pensaron cómo enfrentaremos litigios a nivel internacional que si perdemos no tendríamos cómo pagar? Por lo visto los autores del Libro Rojo no han pensado que la pérdida para el país podría ser superior al ahorro derivado de cerrar unas cuantas oficinas en el extranjero.
La iniciativa impide también la formación de fideicomisos que no estén previstos en la ley y que puedan ser creados por decreto. Por lo visto, los autores del Libro Rojo, a quienes sobra ideología y falta sentido de la realidad, no han pensado quizás qué pasará si mañana tiembla u ocurre algún accidente y es necesario crear un instrumento que permita canalizar recursos para atender la emergencia. Todo lo que piensan es que los fideicomisos son opacos por naturaleza, ignorando los avances de la legislación presupuestaria de las dos últimas décadas que obligan a su transparencia.
La iniciativa también viola principios de legalidad y seguridad jurídica. Sin más, se dispone que serán “nulos de pleno derecho” las contrataciones con empresas realizadas mediante el tráfico de influencias o corrupción. Suena muy bonito, claro. Si no fuera porque el respeto a los contratos es un elemento fundamental de la legislación civil. Luego de varios debates se ha logrado que la invalidez de estos solo pueda dictarse por resolución judicial, aunque fuentes consultadas señalan que no era así en la primera versión que circuló de esta iniciativa.
La Ley de Austeridad Republicana pone en riesgo la operación del gobierno. El caldo puede terminar saliendo más caro que las albóndigas. Pareciera que quien redactó esta legislación conoce muy poco de la administración pública y casi nada sobre Derecho.
@HernanGomezB
