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Son evidentes las fallas en materia de seguridad y justicia

03/10/2017
02:08
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Parecen siglos desde la época en la que el gobierno federal emitía declaraciones triunfalistas acerca de sus presuntos logros en materia de seguridad.

El comportamiento a la baja del homicidio, iniciado a mediados de 2012 se mantenía y se presumían particularmente los descensos de homicidios en los municipios donde se implementaban programas y recursos federales de prevención (PRONAPRED), así como en aquellas ciudades que habían pasado de ser íconos de violencia, a “modelos” de seguridad para ser replicados.

Entre éstas, Tijuana y Ciudad Juárez, fueron los presuntos modelos a seguir y se usaron una y otra vez para sustentar declaraciones que afirmaban que la estrategia en seguridad “ahora sí estaba funcionando”.

Pocos recordaron que las disminuciones de incidencia de ciertos delitos violentos logrados en esas regiones, entre los años 2010 y 2014, eran, si acaso, un mérito parcial de estas autoridades federales. 3 años después, son evidentes las fallas en materia de seguridad y justicia.

En el país hay cada vez más entidades que sufren algún tipo de crisis de violencia, e incluso, en aquellas que fueron modelo de seguridad sobran los reportes de homicidios múltiples con características de ejecuciones, como evidencia de que la inercia de bajas en los delitos y la presumible mejora, ya se acabó.

A nivel nacional, en materia de homicidio, hace más de 15 meses se revirtió el comportamiento a la baja de homicidios dolosos. Si se comparan las tasas por cada 100 mil habitantes de los primeros 8 meses de 2017, contra las del mismo periodo del año anterior, su crecimiento es del 23.55%.

Desde 2013, secuestro y extorsión han tenido graves brotes de violencia, y disminuciones estadísticas relevantes, y a pesar de los millones de pesos gastados en el combate a estos delitos, seguimos sin poder afirmar que se encuentran controlados.

En materia de robos, las tasas de 2017 muestran porcentajes de crecimiento preocupantes, comparadas con las de 2016: 36.99% en robo con violencia; 36.18% en robo a negocio; 34.68% en robo a transeúnte; 15.50% en robo de vehículo.

Si hacemos un análisis de lo que sucede en las ciudades que fueron “modelos de seguridad”, Tijuana se posiciona en este 2017 como la novena ciudad con las tasas más altas de homicidios dolosos de todo el país, la tercera con más robos de vehículos y la 16ª con mayor número de robos a negocio.

Si se compara el periodo enero-agosto 2016 contra 2017, el homicidio doloso creció un 89.5%; la extorsión 127.9%; el robo con violencia 61.6%; el robo de vehículo 66.4%; el robo a negocio 73.1% y las violaciones 14%.

Por su parte, la tasa de extorsión de Ciudad Juárez la posicionan como la octava ciudad con más carpetas de investigación entre todos los municipios del país. En la misma ciudad, de 2016 a 2017 el homicidio doloso creció un 48.1%; el homicidio culposo 32.1%; el secuestro (debido a la baja incidencia de este en 2016) 395.5%; el robo con violencia 17%; la extorsión 30.9%; el robo a casa habitación 14.5%; el robo a negocio 54% y el robo a transeúnte 5.5%.

Debido a que carecemos de indicadores de desempeño y resultado transparentes y objetivos, así como de una rendición de cuentas alrededor de la eficacia, eficiencia e incluso honestidad de los recursos y políticas que trasciendan la confrontación y abonen a reconstruir el tejido social, es difícil hacer un mapa de qué sí funcionó en su momento y qué no está funcionando, para así poder fortalecer las actuales políticas y reformas.

Debemos decirlo con toda claridad, si la violencia aumenta, se debe a que la autoridad no controla el territorio. Si los delitos se suman a otros, es porque la inteligencia con la que cuentan las autoridades, o no sirve o no se usa como insumo para debilitar a los grupos de criminalidad organizada y proteger a los ciudadanos.

La responsabilidad de estos índices de violencia no está en la lucha entre cárteles o en la implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial, sino en la incapacidad de los operadores del Estado de hacer su trabajo.

Debido a la cada vez mayor dispersión de la violencia en el país, donde entidades que eran pacíficas dejaron de serlo, el escenario es cada vez más complejo, y de mantenerse las actuales condiciones y políticas públicas sobre seguridad y justicia, el panorama para los próximos meses del 2017 y 2018, no es favorable.
Este año probablemente cerrará como el más violento de la historia moderna de nuestro país si no hacemos lo necesario por combatir la corrupción y la capacidad económica de los delincuentes, si no se retoma la rectoría del sistema penitenciario, si no se rompen los lazos de colaboración y tolerancia entre sociedad y delincuentes, y si no se incentiva el respeto de la ley.
 

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL

Francisco Rivas
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano. @frarivasCoL @ObsNalCiudadano
 

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