Reformar el 123 Constitucional

Francisco Rivas

Abril de 2015 marcó el inicio de una escalada de violencia. Lo que muchos analistas en materia advertimos y que fue desacreditado por la autoridad, hoy, tras 2 años 3 meses, se muestra con gran claridad: la violencia homicida ha alcanzado los niveles de 2011 y todo apunta a que antes de que acabe 2017, los superará.

Paralelamente, los datos oficiales confirman el crecimiento de delitos como secuestro, extorsión, robo y violación, y -ante la carencia de datos públicos sistematizados- la percepción pública hace pensar en que el robo de hidrocarburos, las desapariciones de personas y los fraudes electrónicos, también están creciendo.

Bajo esta óptica se podría concluir que el conjunto de autoridades encargadas de proveer seguridad y justicia, están fallando. Sin embargo, ante una mirada más atenta, lo cierto es que hay miles de mujeres y hombres honestos, patriotas, que día a día luchan, exponen sus vidas y las de sus seres queridos, por abonar a un México más tranquilo.

Entonces ¿por qué sigue creciendo la comisión de delitos, la violencia y los ciudadanos nos sentimos cada vez más inseguros? Tras una década en la que se han perdido decenas de miles de vidas y se han gastado miles de millones de pesos, la pregunta es más que legitima.

El conjunto de factores que mantiene viva la violencia se podría resumir en dos grandes rubros, improvisación y corrupción:

Improvisación (que puede depender de la ignorancia) de los tomadores de decisiones en materia de políticas públicas y normas jurídicas que implementan acciones o promueve reformas que atienden problemas con una visión de corto plazo, generan desperdicios, son ocurrencias o están sustentadas en atender la imagen política de estos, por encima del bienestar del colectivo. 

Corrupción que enriquece a algunos a costa del erario público y que impide que los recursos lleguen a donde están destinados. Corrupción que protege y favorece a los delincuentes en su lucha contra el Estado y contra otros delincuentes por el control de territorios y mercados ilícitos. 

¡Nada nuevo! Ha sido diagnosticado por expertos, lo reconoce la sociedad y sirve como plataforma política para criticar a contrincantes políticos. No obstante, poco se ha avanzado en esta materia. 

Los cambios requeridos parecen no lograrán cristalizarse en esta administración federal ni este periodo legislativo, por eso, a poco menos de un año de las elecciones presidenciales, de nueve gubernaturas, de 628 legisladores entre senadores y diputados federales, y un sin fin de alcaldías, es importante hacer un señalamiento puntual de por dónde empezar. 

Quien decida postularse para esos honorables cargos deberá recordar que, en materia de seguridad, a lo largo de la última década hemos escuchado una y otra vez cómo es indispensable construir instituciones de seguridad y justicia efectivas, capaces de reducir delitos, violencia y mejorar la percepción de seguridad.

Para que esto pueda ser verdad, una acción clave por la que se debe empezar es reformar el segundo párrafo de la fracción XIII, Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución que impide la reinstalación de policías, peritos o agentes ministeriales, aún y cuando hubieran demostrado su inocencia tras un proceso penal. 

Esta modificación implica darle un trato al personal del área de seguridad y justicia, como a cualquier otro trabajador mexicano, que sea digno y sin que se le impongan cambios retroactivos a las condiciones de permanencia laboral o donde la carga probatoria de su honestidad esté a su cargo y no de quien, eventualmente, lo acuse.

Esto también implica hacer efectivos los servicios de carrera profesional, incentivando las buenas prácticas y el desempeño profesional íntegro; salarios atractivos que impulsen a los mejores a querer ser servidores públicos y condiciones laborales razonables de máximo 8 horas.

Seguramente debemos seguir queriendo que un servidor público elija serlo, antes que nada, por vocación. Sin embargo, también debe serlo por el prestigio, la seguridad y la conveniencia económica que implica.

Todo servidor público tiene derecho a gozar de tiempo libre, a que sus derechos laborales y humanos sean respetados y a que su salario sea proporcional al riesgo que el trabajo le requiere.

Hacer competitivo el servicio público por sí mismo no implica disminuir la corrupción, pero sí es un paso importante hacia este objetivo.

Al mismo tiempo, se deben fortalecer las unidades de Asuntos Internos, las contralorías, los comités de honor y justicia, las Visitadurías, los mecanismos de supervisión ciudadana, los canales de denuncia anónima y la protección del denunciante, con el fin de disuadir la ilegalidad o se sancione a quien llegue a violar la ley.

Se requiere reformar el sistema de control y confianza para privilegiar el análisis del estudio socioeconómico y patrimonial de los servidores públicos, así como los exámenes toxicológicos. Por el contrario, se debe reducir el uso del polígrafo, destinarlo sólo a casos especiales donde exista fundada sospecha de corrupción.

Es fundamental transformar el sistema de evaluación de desempeño profesional, el sistema de profesionalización y capacitación para que garantice el pleno desarrollo de las competencias, así como que cada integrante cuente con el equipo técnico y táctico básico requerido para el perfil que desempeña. 

Contar con servidores públicos protegidos por el Estado, bien remunerados, que cumplan cabalmente con los perfiles, bien capacitados y equipados, con vocación de servicio a la sociedad, es un pre-requisito para implementar políticas de seguridad sustentadas en diagnósticos objetivos, con visión de largo plazo, enfoque de Derechos Humanos y de rendición de cuentas a la sociedad.

Si logramos esta transformación, habremos construido la primera parte del proyecto de un México seguro, sin olvidar que la otra parte deberá centrarse en impulsar un pacto de toda la sociedad hacia el respeto de la norma jurídica que permita un círculo virtuoso de bienestar para todos los ciudadanos que viven en el marco de la ley.

Las condiciones para lograrlo, en teoría, sí las tenemos. Dinero sí hay y lo ha habido para impulsar este cambio, lo que falta y ha faltado es la voluntad de las autoridades para empezar a erradicar esa corrupción, compadrazgos, abusos, desperdicios e improvisaciones, que nos tienen sumidos en la peor crisis de violencia de la historia de México, sin estrategias y acciones que permitan pensar en que pronto dejamos atrás lo peor.

Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

 

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