(Des)generizar las instituciones públicas

Durante mucho tiempo a muchas personas les ha parecido natural que las instituciones públicas reproduzcan las relaciones asimétricas que se han construido socialmente entre hombres y mujeres. Las leyes y las políticas públicas no son neutrales y pueden producir, reforzar o eliminar las desigualdades de género. Lo mismo pasó con la democracia. A muchos no les importó que, aún cuando se respetaran todos los procesos que garantizaran una elección de calidad, los que competían y los que ganaban fueran casi siempre de un solo sexo. La política era (y sigue siendo en muchos lugares) cosa de hombres.

A pesar de las transformaciones legales realizadas en los países de América Latina en las tres últimas décadas obligando a los partidos a ubicar mujeres en las candidaturas ( #ObservatorioREFPOL ) y del mayor número de mujeres en cargos de representación popular (de 9% a 30% a nivel legislativo nacional según CEPAL ), las instituciones públicas continúan estando generizadas, ya que las mujeres enfrentan más obstáculos que los hombres cuando quieren acceder y ejercer el poder ( techos de cristal , suelos pegajosos, techos de billetes, laberintos de poder) y enfrentan estereotipos de género y técnicas sutiles de dominación (invisibilización, retención de información, gaslighting, mansplaining, manterrupting, bropropiating, cosificación, doble castigo, entre otros).

Que las instituciones estén “generizadas”, como define la socióloga norteamericana Joan Acker , significa que dentro de ellas se reproducen valores, reglas, prácticas y discursos que suponen cierta superioridad de los atributos culturales masculinos; que los recursos de poder, los incentivos y la visibilidad del trabajo se distribuyen de manera asimétrica beneficiando a los hombres, cristalizándose todas esta lógica en el marco de reglas, prácticas y procedimientos donde lo femenino suele estar subordinado y devaluado respecto a lo masculino. Si bien para algunos esta descripción les es ajena (porque observan a las instituciones desde la distancia o desde sus privilegios, la mayoría de las mujeres perciben la desigualdad de manera cotidiana.

¿Qué hacer para romper estas dinámicas que predominan en las instituciones públicas? Una de las estrategias más recomendadas es el impulso de “políticas de transversalización de género” ( gender mainstreaming ) y su posterior institucionalización a nivel normativo (en las reglas). Los cambios deben hacerse en el lenguaje, en las políticas y en las reglas (permisos, licencias de paternidad y maternidad); en los horarios, en los presupuestos, en las inversiones, en la infraestructura, en los sistemas de información, en los procesos de trabajo, en la distribución de tareas, en los criterios de ascenso, en las efemérides, en las fiestas (la vida institucional), en los sistemas de incentivos y en los manuales.

Esto implica que el género cruza todas las decisiones y acciones del aparato estatal, como sostiene la catedrática uruguaya Ana Laura Rodríguez Gustá, por lo que se debe garantizar la igualdad de resultados de las decisiones estatales así como también la inclusión de los intereses y necesidades de hombres y mujeres en el funcionamiento de las instituciones y en las políticas públicas. Que las instituciones políticas reproduzcan creencias y prácticas discriminatorias obstaculiza las posibilidades reales de igualdad entre hombres y mujeres y dificulta la democratización de las democracias.

Esto no es una cuestión menor. La existencia de brechas de género en las instituciones limita las oportunidades de desarrollo sostenible con igualdad social que se espera que alcancen los países. Si bien Naciones Unidas ha hecho un llamado a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) en condiciones de igualdad, lo cierto es que los países se encuentran lejos de poder alcanzarlos para el 2030. En ese escenario, la ciudadanía puede tener un papel clave exigiendo un mayor compromiso de los gobernantes, los funcionarios y los partidos políticos con desgenerizar las instituciones públicas.

Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y Red de Politólogas