Abusos y disculpas públicas

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Los abusos desde el poder usualmente son tolerados y pocas veces reconocidos. Para que el Estado admita que incurrió en violaciones a derechos humanos se requiere un largo proceso ante una instancia judicial nacional o internacional que culmine en una sentencia favorable a la víctima.

En México las disculpas y ofrecimientos de perdón se están volviendo más comunes. Por un lado es evidencia de que en el país falta mucho para el pleno respeto a los derechos humanos y por el otro es apenas un paso para que comience a modificarse la situación.

El caso emblemático ocurrió el 17 de noviembre de 2011, cuando el Estado reconoció su responsabilidad en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco —ocurrida en 1974— para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un acto de desagravio apresurado, en el que no estuvieron presentes los familiares de la víctima.

Transcurrieron casi cinco años para que se diera otra ceremonia similar. En abril de 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional ofreció una disculpa pública a la sociedad por los actos de tortura cometidos por militares en contra de una civil. Menos de un año después, en febrero de 2017, se dio un nuevo acto. Tocó el turno a la entonces Procuraduría General de la República, que ofreció una disculpa a las indígenas Alberta, Teresa y Jacinta, que pasaron tres años en prisión acusadas sin razón de secuestrar a agentes policiacos.

A principios de este año el Estado ofreció una disculpa pública a la periodista Lydia Cacho, criminalizada en 2005 por ejercer la libertad de expresión.

Hace dos semanas fue el gobierno de Veracruz, el que ofreció una disculpa al reconocer que la policía estatal secuestró a cinco jóvenes para entregarlos a grupos del crimen organizado.

Ayer tuvo lugar en Monterrey una nueva ceremonia de disculpa. Ahora por uno de los casos más reprobables. Jorge y Javier, estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey, fueron asesinados por militares el 19 de marzo de 2010; la primera versión oficial estuvo llena de inconsistencias: a las víctimas las identificaron como sicarios y se manipularon los cuerpos para colocarles armas.

¿Basta con un perdón para sepultar abusos de fuerza que terminan con la muerte de dos inocentes o de cinco jóvenes? Por supuesto que no.

El origen de este tipo de hechos son las graves fallas en el sistema judicial. El clamor de los familiares de las víctimas es coincidente: solo piden justicia y que no se vuelvan a repetir hechos de esa clase. En pocos casos se ha conocido que los culpables hayan sido juzgados y recibido una sentencia. Si en México la prevalencia del Estado de Derecho fuera plena, las disculpas públicas no serían necesarias.