Una idea para combatir el huachicol sin desabasto

Carlos Loret de Mola

A partir de la tragedia de  Tlahuelilpan y luego de semanas de  abasto limitado de combustibles en buena parte del país, hay claridad de que el problema del  huachicol  si se resuelve, no será pronto.

Muchas voces sugieren  que la  solución pasa por el endurecimiento de las penas para quien se involucre en la actividad.  En el Congreso se busca volver delito grave el comercio ilícito de combustibles. Sin duda tener penas más graves para un delito que hoy se salva con el pago  de una módica cantidad puede hacer que las personas que se dedican a la extracción, distribución  o comercialización de combustibles  robados se lo piensen dos veces.

Sin embargo, el tráfico de drogas  también tiene penas graves y no se ha detenido.  De hecho no es casualidad que los grupos de la delincuencia organizada se involucren en el tráfico de  hidrocarburos. Drogas y combustibles robados tienen una característica común  apetitosa para los criminales: el  pago en efectivo.

El consumo de los hidrocarburos obtenidos de manera ilícita  no se lleva a cabo  prioritariamente  en bidones de 20 litros a pie de carretera. La  verdadera comercialización se da en estaciones de  servicio o en los autoconsumos (mini-gasolineras),  en los patios de maniobras de empresas transportistas o  con grandes flotillas de transporte logístico.  Ahí, los delincuentes llegan con sus pipas  y de manera voluntaria o involuntaria  se las reciben  empresarios  gasolineros, transportistas, de otras ramas económicas,  a cambio de  dinero en efectivo.

Es dinero rápido y fácil. Las penas  severas pueden elevar el costo, pero no eliminan los incentivos a la actividad. En cambio, si desde el  Congreso  se prohíbe la compra y venta de combustibles en efectivo, las estaciones de servicio no podrían voluntaria ni involuntariamente pagar con cash a los  huachicoleros.  Los empresarios buenos y malos tendrían que demostrar que su consumo de  diesel  y gasolinas se hizo pagando una factura con una transferencia electrónica.  Aunque quisieran recibir el producto robado, enfrentarían un problema: tendrían que hacer una transferencia electrónica y eso  dejaría el rastro necesario para ir por los delincuentes.

Es cierto que en México no todo mundo tiene una tarjeta de crédito. Pero tampoco todo mundo tiene coche. Además, hay 200 millones de  números  telefónicos celulares en nuestro país. ¿Cuántos  de esos celulares funcionan con efectivo irrastreable?  Ninguno. Incluso si se compra una tarjeta de prepago con cash, queda huella: se sabe a quién se vende la tarjeta y quién usa el saldo. La información se puede cruzar, hay control fiscalizador. Súmele que los bancos mexicanos y el gobierno federal se han planteado como meta potenciar la bancarización por celular.

La evidencia científica en el mundo dice que el menor uso de efectivo inhibe las actividades ilícitas. Es un golpe al corazón del crimen… sin tantas afectaciones sociales.

 

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