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Sorprendió a todos cuando “al cuarto para las doce” de la consulta sobre el aeropuerto, apareció un estudio de NavBlue, subsidiaria de la armadora de aviones Airbus, que avalaba el aeropuerto de Santa Lucía. El gobierno entrante estaba urgido de demostrar que su alternativa a Texcoco era realmente viable, así que el presidente electo López Obrador luego, luego subió un video para presumir el citado estudio.
A unos cuantos días de esos hechos, dentro del propio gobierno electo, al interior de Morena, se han desatado las sospechas de que Airbus podría estar recibiendo un megacontrato de la administración López Obrador como posible compensación por haber lanzado ese “estudio-salvavidas” de Santa Lucía a la hora que tanto se necesitaba.
Este megacontrato sería para renovar por diez años más, sin licitación de por medio al tratarse de un asunto de seguridad nacional, la red con la que se comunican de manera encriptada las instancias gubernamentales encargadas de la seguridad y procuración de justicia en todos los niveles de gobierno. Se llama Red Nacional de Radiocomunicación, conocida como Red IRIS. Es un negocio de 12 mil millones de pesos.
Aparentemente, Airbus estaba por perder la renovación de ese contrato porque su tecnología Tetrapol no ofrece aún todas las capacidades que ofrece la de sus competidores (Motorola, Huawei, Harris, EFJohnson, Tait), según varios expertos, y porque complicaría la intercomunicación entre dependencias y niveles de gobierno. Futuros funcionarios del gobierno de López Obrador y funcionarios actuales de la Comisión Nacional de Seguridad de la administración Peña Nieto habrían estado de acuerdo en ya no renovarle el contrato a Airbus y considerar otras opciones, pero aparentemente de última hora le dieron la vuelta a esta intención gracias a un apoyo que habrían recibido del futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú (el más beneficiado políticamente por el estudio de NavBlue-Airbus a favor de Santa Lucía), en coordinación con altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación actual. Eso desató la sospecha dentro del mismo equipo lopezobradorista de que estaban pagando el favor.
Ante las críticas Airbus ha contraofertado, me cuentan, que tiene lista una versión no obsoleta de Tetrapol que se llama Tetrapol IP. La han cuestionado con que cuesta 10 mil millones de pesos más y que su instalación demoraría hasta 5 años.
La próxima semana se debe tomar la decisión: renovar el contrato de Tetrapol a Airbus o permitir la entrada de la tecnología P25 con la que quieren competir Motorola, Huawei, Harris, EFJohnson y Tait. La sesión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se ha convocado para el 26 de noviembre, todavía dentro de la actual administración de Peña Nieto pero, como muchas otras, ya en clara coordinación con el gobierno entrante de López Obrador. Los dos equipos están divididos por este asunto. Ya sabremos quién pesa más… y por qué.
historiasreportero@gmail.com
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