El nuevo gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría, ha tenido un rudo inicio de mandato. El viernes, diez días después de la toma de posesión, unos elementos de la policía vial de Tepic, apoyados por la policía estatal y fuerzas federales, se agarraron a tiros con unos presuntos delincuentes en plena capital del estado. El resultado: cinco muertos, entre ellos una víctima de secuestro.

Una horas antes, dos hombres asesinados fueron encontrados en Bellavista, un poblado ubicado en el municipio de Tepic. Una semana antes, cinco cadáveres con herida de bala fueron hallados en Las Delicias, otra localidad de la capital estatal. Y el día mismo del relevo en la gubernatura, un sobrino del ahora exgobernador Roberto Sandoval fue acribillado mientras conducía su auto.

Esta racha no inició con el nuevo gobierno. En agosto, 35 personas fueron asesinadas en Nayarit, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Ese número es cuatro veces superior al registrado oficialmente en el mismo mes de 2016. Considerando el periodo enero-agosto, el crecimiento en el número de víctimas es de 356% comparado con 2016. Nayarit es el nuevo Colima.

O tal vez no. Tal vez ahora se empieza a reconocer lo que estuvo escondido bajo el tapete por varios años.

Me explico. Hasta hace unos meses, Nayarit era considerado una suerte de milagro. Tras varios años de altísima violencia, generada por la confrontación del Cártel de Sinaloa y la banda de los Beltrán Leyva, la paz llegó al estado de la mano del gobernador Sandoval y de su fiscal de hierro, Édgar Veytia. (también conocido como “El Diablo”). En 2011, se abrieron 456 averiguaciones previas por homicidio doloso. En 2016, apenas 39. Nayarit se había vuelto el segundo estado con menos homicidios del país, apenas por encima del siempre pacífico Yucatán. Un milagro completo.

O eso parecía. La detención del fiscal Veytia por la DEA en marzo de este año rasgó el velo de la ilusión nayarita. La paz en el estado era narca de origen, resultado de un arreglo entre Veytia y varios delincuentes, empezando con dos cabecillas de la banda de los Beltrán Leyva. Pero había algo más: la paz no era paz. Era un embuste.

En 2013, Édgar Veytia se vuelve procurador (y luego fiscal). A partir de ese punto, la Fiscalía nayarita empieza a masajear sistemáticamente las cifras de homicidios. En 2014, el registro oficial es de 115 víctimas. El Inegi, por su parte, registra 173 en ese mismo año. Al año siguiente, la brecha relativa se abre: 91 víctimas en la cuenta de la Fiscalía, 146 en el registro de Inegi. Para 2016, el asunto ya es una burla: 42 víctimas para la Fiscalía, 149 para el Inegi.

Muchos estados muestran divergencias en los números de homicidios reportados por las distintas fuentes oficiales. En muchas entidades, hay evidencia que sugiere la manipulación de cifras. Pero en ningún caso, hay una brecha relativa del tamaño de la de Nayarit. Allí, las autoridades decidieron no contar el año pasado a dos de cada tres víctimas de homicidio.

La ficción se acabó a la caída de Veytia. A partir de ese momento, las cifras empezaron a escalar. Cuatro homicidios reportados por la Fiscalía en enero, 35 en agosto. Nayarit empezó a vivir en su realidad.

Si el nuevo gobierno quiere enfrentar el problema, tiene que mantener la práctica: no más mentiras, no más cifras masajeadas. Si algo muestra la experiencia nayarita de estos años es que la realidad no se va solo porque un gobierno decide esconderla.

alejandrohope@outlook.com. @ahope71

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