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El sector minero alertó sobre una posible fuga de inversiones por la incertidumbre jurídica que persiste luego de la reforma al marco jurídico sobre el uso de aguas en el país, dijo Rubén de Jesús del Pozo Mendoza, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
“Tenemos que poner las luces de alerta. La minería tiene inversiones que son de muy larga maduración. De tal manera que no podemos decir que ahorita en razón de esto ya se acabó la minería, pero sí tenemos que poner muchísimo cuidado porque por lo pronto estamos enviando señales de incertidumbre que es el peor enemigo de la inversión.
“Cuando no hay certeza jurídica, lo primero que hacen los inversionistas es destinar su dinero a otro lado. Porque, bueno, son grandes cantidades de dinero que requieren estar trabajando”, apuntó el ejecutivo en entrevista con EL UNIVERSAL.
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El ejecutivo lamentó que la regulación se hizo rápido sin tomar en cuenta las peticiones del sector minero ni otros comentarios técnicos.
Aseguró que las empresas trabajan en orden en el país y que cuando no hay consultas y se hace una regulación así, se afecta al sector.
“El riesgo más delicado es que se ponen en entredicho las operaciones mineras en regiones montañosas y por cuestiones de tectónica podemos afirmar que esos son los lugares más propicios para el desarrollo de yacimientos minerales. Estamos en una situación crítica la verdad, no me atrevería a decir que es el acabose de la minería, desde luego que no, pero sí, una situación ya sumamente complicada”, agregó.
El ejecutivo también dijo que han trabajado las empresas en el cumplimiento de normas ambientales, que incluso se firmó un acuerdo con Canadá en donde los inversionistas de ese país establecidos en México se comprometían puntualmente a trabajar con los mismos estándares con los que trabajan en dicho país.
“Ahora tenemos también empresas mexicanas como Peñoles o Grupo México que operan en otros países y operan con otros estándares”, añadió.
Transparencia en el uso de recursos públicos
Por otro lado, reiteró la necesidad de transparentar el uso de recursos públicos que recibe el gobierno de parte de las empresas mineras, de lo que antes se denominaba como Fondo Minero.
Explicó que este fondo creado en 2014, captaba recursos de las empresas mineras, y que con ello a la fecha se han reunido más de 20 mil millones de pesos, pero que desde 2019, cuando desapareció, no se conoce el destino del dinero.
“Se supone que un 85% de los recursos es dirigido a la Secretaría de Educación Pública, principalmente para infraestructura educativa. Otro 10% para el Gobierno Federal para programas de infraestructura y 5% para la Secretaría de Economía- Es lo que teníamos hasta el 2019, pero ya de ahí para acá ya no sabemos. Sin embargo, las aportaciones de la industria minera se continúan haciendo como como se planeó en un principio”, apuntó Del Pozo Mendoza.
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Finalmente señaló que una preocupación más es la seguridad para las empresas. “La inseguridad es una situación que prevalece en todo el país y para la cual la minería no es ajena”, dijo.
El sector ha atravesado varios robos de productos extraídos, como el concentrado de oro y plata.
sg/mcc
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