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El sector privado planteó al próximo gobierno no suspender la obra actual del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, porque cancelarla costará 120 mil millones de pesos, de los cuales 40 mil millones serían multas y recargos por incumplimiento de contratos.

Durante el evento en el que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, entregó un documento de conclusiones que incluye 13 variables y seis recomendaciones, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, respondió que no existen penalizaciones por cancelación.

En ese acto, el líder de los empresarios dijo que construir Santa Lucía y suspender las obras del NAIM “significa un impacto de 120 mil millones de pesos, de los cuales 40 mil millones serían multas y recargos por el incumplimiento de contratos, y tendría un impacto reputacional internacional por el incumplimiento”, además de que habría que esperar años para hacer los análisis y estudios previos e iniciar la construcción de la otra opción.

Agregó que la alternativa de Santa Lucía, que considera operar en esa base aérea y mantener el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), generaría impactos legales y financieros, y se pondrá en riesgo la reputación del país en futuros grandes proyectos, además que de que se saturaría su capacidad en un plazo de cinco a siete años.

Sin embargo, Jiménez Espriú puso en duda la afirmación de que las pistas de Santa Lucía se saturarían. “No son expertos en aeronáutica, no estoy de acuerdo en ello. Son datos que voy a estar precisando, mi gente va a analizar con todo cuidado las propuestas que estamos haciendo para dar una opinión informada”.

Añadió que, en cualquier caso, se garantizará la seguridad aérea y por lo pronto se espera la evaluación de la propuesta de Santa Lucía por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la cual sustentará su viabilidad.

Negó que haya costos por penalización ante una cancelación del aeropuerto. Lo que habrá es que se tendrán que pagar aquellas estructuras o equipos que ya se pidieron y que no se pueden frenar, pero el cálculo es que no hacerlo costará 100 mil millones de pesos.

Afirmó que el 28 de octubre se realizará la consulta ciudadana sin preguntas condicionadas o que induzcan una respuesta, y antes de iniciarla se llevará a cabo una campaña de información.

El presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Sergio Allard, dijo que las empresas ya tienen proyectos de inversión en flota aérea por 25 mil millones de dólares, y que la opción que más satisface por seguridad, capacidad en el largo plazo y conectividad es Texcoco. En Santa Lucía habría una doble operación de aduana y migración, y se pierde la conectividad, dijo.

Jiménez Espriú comentó que el aeropuerto capitalino actual está saturado y requiere “cirugía mayor” porque tendrá que funcionar los próximos seis o siete años.

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