Sobre la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación () que declaró constitucional el tope impuesto a las rentas de inmuebles en la Ciudad de México, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) considera razonable dicha medida, pues reconoce la relevancia de impulsar políticas públicas que incentiven el acceso a la vivienda y atiendan los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de gentrificación.

Para la , el aumento racional de precios es una práctica común y correcta de mercado, a la cual el sector se ha suscrito a través de los años.

“El criterio aprobado por la Suprema Corte atiende de mejor manera el fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México que la propuesta de Ley de Rentas Justas y Asequibles, por lo que considera que esta iniciativa ya no sería necesaria, puesto que medidas como la imposición de controles de precios al arrendamiento, sin políticas paralelas que incrementen la oferta de vivienda, pueden generar efectos adversos para la población, la inversión y, por ende, para el correcto desarrollo urbano y económico de la ciudad”, indicó la ADI, en un comunicado.

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La ADI advierte que la Ley de Rentas Justas y Asquibles podría generar riesgos estructurales importantes como: desincentivar la construcción, la mejora y mantenimiento de viviendas, deteriorando el parque habitacional; reducción de la oferta disponible de largo plazo por la conversión a renta temporal o la salida del mercado formal; crecimiento de la informalidad y de esquemas de subarrendamiento no registrados; así como un aumento de litigios y cargas administrativas que implicarían una supervisión estatal constante.

Y no resuelve el déficit estructural de vivienda que enfrenta la capital del país.

“La evidencia internacional demuestra que cuando se limita el precio sin aumentar la disponibilidad de unidades, se reduce la inversión privada y la construcción, y se contrae la oferta disponible, generando que los precios tiendan a incrementarse en el mercado no regulado y que se deteriore la calidad del parque habitacional por falta de incentivos para su mantenimiento”, agregó la ADI.

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En opinión de la ADI, la solución adecuada y sostenible para mejorar el acceso a la vivienda en la capital del país requiere de acciones concretas como: fortalecer la planeación urbana, actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial, simplificar trámites, promover una correcta densificación y crear condiciones que incentiven el desarrollo habitacional vertical y accesible.

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