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La nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica introduce cambios en el marco de inversión pública y privada con el objetivo de agilizar proyectos estratégicos; sin embargo, su implementación se da en un contexto de margen fiscal limitado, lo que podría generar riesgos adicionales para las finanzas públicas, dijo Banamex.
De acuerdo con el análisis de la firma financiera, la reforma redefine el papel del Estado en la promoción de proyectos, en un entorno marcado por oportunidades como el nearshoring. No obstante, incorpora modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que flexibilizan el uso del gasto público e introducen esquemas extrapresupuestarios, lo que podría elevar la opacidad y la acumulación de pasivos contingentes.
Para Banamex, uno de los principales cambios es la redefinición del gasto corriente estructural, que ahora excluye programas sociales y servicios personales en sectores como educación, salud y seguridad.
De acuerdo con la firma, esta modificación reduce la presión aparente del gasto en indicadores fiscales clave, sin eliminar las obligaciones reales del presupuesto.
El documento señala que esta reclasificación puede permitir un mayor crecimiento del gasto en ciertos rubros o modificar la medición del indicador para reflejar una menor presión fiscal. En ambos casos, el ajuste afecta la lectura de la posición fiscal sin alterar necesariamente el nivel total del gasto.
En materia de inversión, la ley plantea mayor flexibilidad en los esquemas mixtos, incluyendo inversión pública predominante, privada predominante, coinversión y uso de vehículos financieros especializados. Estos mecanismos permiten canalizar recursos y, en algunos casos, diferir impactos fiscales mediante instrumentos fuera de balance.
Banamex indica que esta mayor flexibilidad podría reducir controles asociados a los esquemas tradicionales de asociaciones público-privadas, diseñados para limitar riesgos como sobrecostos , acumulación de deuda contingente y discrecionalidad en la ejecución de proyectos.
Asimismo, la reforma permite iniciar procesos de contratación sin cumplir plenamente con el principio de suficiencia presupuestaria, lo que implica que algunos proyectos podrían comprometer recursos futuros y trasladar presiones al presupuesto de años posteriores.
El análisis también destaca que las finanzas públicas enfrentan presiones estructurales por rubros como pensiones, costo financiero y apoyos a empresas públicas, mientras que los ingresos tributarios muestran un crecimiento limitado. En este contexto, la deuda pública ha aumentado de 43.6% del PIB en 2018 a 53.2% en 2025.
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“La exposición de motivos insiste en que se brindará certeza regulatoria, pero no aborda uno de los obstáculos más profundos de la inversión en México: la pérdida en años recientes de confianza del sector privado derivada del deterioro de la calidad institucional, el Estado de derecho y el debilitamiento del sistema de contrapesos. Si bien la ley puede reducir fricciones administrativas para proyectos priorizados por el gobierno, no sustituye las condiciones generales de confianza que son un determinante fundamental de la inversión privada”, dijo.
Ahorro de trabajadores está protegido, dice Amafore
La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) aseguró que el ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos se mantiene protegido tras la aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica.
El organismo señaló que el sistema opera bajo reglas claras y supervisión regulatoria, por lo que no existe riesgo de uso discrecional de los recursos.
De acuerdo con el organismo, todas las inversiones realizadas por las Afores se apegan a la normatividad vigente y están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), lo que garantiza controles sobre el manejo de los recursos.
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Amafore destacó que desde octubre de 2024 la Consar actualizó el régimen de inversión para permitir que hasta 30% de los activos se destinen a instrumentos estructurados, límite que ya estaba establecido previamente. La nueva ley, subrayó, no modifica ni amplía este techo, ni obliga a realizar inversiones bajo este esquema.
Asimismo, indicó que los comités de inversión de cada Afore analizan de manera independiente y profesional cada proyecto, bajo un deber fiduciario que prioriza la seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores.
El organismo agregó que la nueva legislación no altera estos principios, sino que establece un marco jurídico para estructurar proyectos de infraestructura productiva. En este sentido, precisó que las Afores participarán en este tipo de inversiones únicamente cuando los proyectos sean rentables, estén bien estructurados y cumplan con los criterios técnicos y de riesgo establecidos.
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gs
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