Amedi urge a respetar libertad de expresión

Los servidores públicos deben respetar y garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión durante su ejercicio público, indicó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Por medio de un comunicado, la institución pidió a funcionarios que se abstengan de descalificar a quienes ejercen el periodismo, la actividad reporteril y la labor de los medios de comunicación para los cuales laboran.

“El Ejecutivo federal, pasando por las y los secretarios de Estado, legisladores y legisladoras, gobernantes estatales como presidentes y presidentas municipales, deben acatar el artículo sexto constitucional”.

Asimismo, la asociación comenta que cuando un funcionario público descalifica, denosta o le atribuye sobrenombres a periodistas o comunicadores, por ejemplo “fifí”, “chayotero”, “conservador” o “chairo”, no sólo permite el desprecio por la libertad de expresión de periodistas, sino que también alienta actos de violencia, discriminación, intolerancia, discursos de odio y abusos de poder.

“Todo ello constituye un atentado a la libertad de expresión que, en el peor de los casos, puede llegar al asesinato de periodistas, pero propiciado desde el poder”, dijo.

La organización destacó que el empresariado, la delincuencia organizada y miembros de la sociedad se sienten legitimados para atentar contra las libertades informativas “pues desde posiciones más elevadas se usan expresiones verbales denigratorias, se emiten burlas o se asignan etiquetas para demeritar el trabajo periodístico de profesionales y medios de comunicación, creando con ello un clima de intimidación”.

También pidió que en las conferencias de prensa se permita la participación de periodistas con posturas de contrapeso al poder político, “para que formulen preguntas sobre temas controvertidos para la comprensión de los asuntos de interés público y que no se prefieran aquellas intervenciones a modo, superficiales y ligeras que evaden las cuestiones de primer orden”.

Estas últimas prácticas atentan contra el derecho a saber de quienes informan, como periodistas y medios, y de la sociedad para la toma de decisiones.