Sin participación no hay democracia

Desde 1973 el Banco Mundial reconoció el impacto que la participación ciudadana tiene en el desarrollo económico de los países. Robert Mcnamara atribuía el fracaso de múltiples proyectos impulsados por el BM para apoyar a los países en vías de desarrollo, a que la gente que se intentaba beneficiar no había sido consultada. Por el contrario, destacaba los proyectos en donde los ciudadanos habían sido incluidos en la toma de decisiones y participaban activamente, ya que habían obtenido mejores resultados en términos económicos[1]. Desde entonces, la Comunidad Europea recomendó que los gobiernos incluyeran la participación como una medida fundamental para las políticas de desarrollo económico.

Para Nie Norman “el nivel de participación política de una nación es correlativo con su nivel de desarrollo económico”[2]. Si se acepta sin matizar este argumento, estaríamos afirmando algo muy peligroso e irresponsable, a saber, que sólo en los países desarrollados se puede dar una participación ciudadana constante, sin embargo, podemos echar mano de distintos ejemplos que nos dicen lo contrario, como que:

(…) en las sociedades más modernas cuya organización suele ser más compleja, la participación suele ser más difícil de fomentar, ya que existe un fuerte y arraigado individualismo. Es más, recordando el informe presentado por el Banco Mundial en los 70s del siglo XX se hacía referencia que aquellos proyectos en los que se había logrado la participación de la gente habían sido desarrollados en comunidades pequeñas, incluso rurales. El cambio en la concepción misma de la participación como factor de éxito de las políticas públicas está asociado también a un rompimiento de un paradigma tradicional, en el que se percibía a la participación como una forma de subversión. Imaginemos las sociedades de la Europa del siglo XVIII, temblando ante el temor de los revolucionarios, la participación ciudadana definitivamente ni siquiera tiene cabida en los discursos[3].

El tema de la participación ciudadana ha sido estudiado, analizado e incorporado recurrentemente, tanto en el discurso político, como en políticas públicas. En 1977 se tomó en consideración este tema por primera vez, según lo señala el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados de México cuando publicó en 1996 su Estudio sobre Participación Ciudadana.

(…) Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, pronunció un discurso en el que planteó que entre los temas incluidos en la reforma política de ese año se encontraba el interés del Estado por ampliar las opciones de representación política de la ciudadanía, para así permitir al gobierno federal conocer las inquietudes y demandas de la población en general, pero sobre todo de las minorías, pues aunque según los principios democráticos las decisiones se basan en lo que quieren las mayorías, las minorías siempre deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. Con este precedente, se creó un nuevo espacio para que las asociaciones políticas, instituciones académicas y para la ciudadanía en general, con el fin de que expusieran sus ideas en torno a la reforma política.[4]

A partir de ese momento y hasta nuestros días, la participación ha estado integrada como un tema fundamental del discurso político y no tanto en la práctica de las políticas públicas, aunque desde el sexenio del Expresidente Ernesto Zedillo ya había sido integrado al Plan Nacional de Desarrollo en el cual se exponía la necesidad de crear nuevos caminos de participación ciudadana. En el año 2000, después de la alternancia en la presidencia de México, Vicente Fox enarbolaba los beneficios que traería a la dinámica social la participación como eje rector de las políticas públicas y derivado de esto, se crearon algunos instrumentos jurídicos, tal es el caso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental Pública[5], y la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las organizaciones de la Sociedad Civil[6].

La participación ciudadana también fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo en el sexenio de Felipe Calderón, así como en el actual periodo de Enrique Peña Nieto (2013 – 2018), sin embargo, diversos hechos sociales, políticos y económicos ocurridos desde hace 10 años, han polarizado a la sociedad, sin poder consolidar los mecanismos de participación.

Esto nos lleva a pensar que si bien –aunque no en todos los niveles- la administración pública ha asumido que la participación es más útil que subversiva, la sociedad no está muy dispuesta a participar. La primera gran cuestión es ¿Por qué los ciudadanos no participan? La respuesta casi automática, no es una explicación sino otra pregunta ¿Para qué? Parece entonces que la apatía de los ciudadanos proviene de un desconcierto, de la incredulidad de su poder, de la desconfianza en las instituciones y en sus otros congéneres e incluso en la rebeldía casi adolescente e irracional que justifica y cuestiona “para qué quieren que participemos, para eso los elegimos, no vamos a hacerles su chamba”[7].

Siguiendo el argumento de Rosa María Olvera, el análisis no debe ser simplista y quedarse únicamente con la idea, muy difundida, de que los ciudadanos no participan porque no confían en las instituciones ni en los gobernantes.

El Centro de Estudios y Programas Interamericanos del ITAM, realizó un estudio sobre la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones del Estado, y los datos revelados fueron muy interesantes. El 22% de los encuestados confía en las ONG`s, 50% confía en los medios de comunicación y prácticamente el 80% confía en la iglesia. En particular resulta sorprendente el nivel tan bajo en donde se sitúa la confianza hacia las Organizaciones no Gubernamentales, aunque esto se puede explicar debido a la lejanía y desconocimiento que existe entre ellas y el grueso de la ciudadanía.

Otro dato salta a la vista. Según la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil, el 80% de los mexicanos asumen que si ayudamos a los demás nos estamos ayudando a nosotros mismos[8]. En otra encuesta publicada por Consulta Mitofsky[9] sobre participación ciudadana y confianza interpersonal, un poco más del 80% de los encuestados se califican como honestos, reprueban las prácticas fraudulentas y corruptas. En la Encuesta Nacional sobre Cultura Constitucional elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM[10] nos dice cuando se les pregunta a las personas si les interesan los asuntos públicos, el resultado es decepcionante. 30% dice que se interesa poco y 18% que no se interesa nada. Solamente 13% afirma estar muy interesado en los asuntos públicos.

Otro dato interesante de la misma encuesta, resulta de cuando se les pide que se pongan una calificación, del 0 al 10 para medir el grado de cumplimiento con respecto a la ley. Los encuestados se ponen 7.84 de calificación en promedio, pero a los demás les pone una calificación de 5.65. Es decir, los que incumplen y violan las leyes son los demás, nunca uno mismo. Lo que nos dicen estos datos, es que por un lado tenemos un grave problema de autocrítica, y por otro, nos da ciertas vías interpretativas para explicar el aislamiento en el que se encuentra la sociedad mexicana y que no sólo padecemos, sino que también reproducimos. Racionalmente comprendemos y compartimos el interés por tener una mejor sociedad, con una mejor calidad de vida, sin embargo, el nivel de desconfianza institucional también ha avanzado a tal grado que según la misma encuesta, sólo el 4% de los mexicanos están dispuestos a participar en alguna organización no gubernamental.

¿Qué debemos hacer para incentivar la participación ciudadana? El problema tiene muchas aristas, pero sin duda, cualquier vía debe considerar el fortalecimiento de los deberes y obligaciones de la ciudadanía; entre ellos, el mantenerse informado sobre asuntos de interés público y tener la disposición para participar activamente en los asuntos públicos que se requieran.

Si bien el acceso a la información es un derecho central de los regímenes democráticos, enfocado principalmente en reducir la corrupción, acrecentar la responsabilidad del gobierno ante la ciudadanía y fortalecer la confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado; no es suficiente y se hace necesaria la obligación de los ciudadanos de mantenerse informados sobre las acciones y decisiones que el gobierno hace a nombre de los ciudadanos. Una ciudadanía informada es capaz de exigir y fincar responsabilidades a los servidores públicos e instituciones por sus acciones u omisiones.

Invariablemente la democracia depende de una ciudadanía informada capaz de discriminar información entre diversas fuentes y tomar postura ante diferentes hechos sociales que exijan su participación. La opacidad en cuanto a la información gubernamental actúa en el sentido contrario, fortaleciendo procesos discrecionales, impidiendo que la ciudadanía evalúe las decisiones de sus representantes y limitando su capacidad para tomar decisiones fundamentadas sobre hechos públicos. Una ciudadanía informada ejerce de manera más efectiva sus derechos y se responsabiliza de mejor manera de sus obligaciones, actuando como un soporte indispensable para todos los procesos democráticos e institucionales.

Christian Eduardo Díaz Sosa

Investigador – ONC

@ObsNalCiudadano @ChristianDazSos

[1] Rahnema, Majid, “Participación” en Diccionario del Desarrollo- Una Guía para el conocimiento como poder, Lima, PRATEC, 1996.

[2] Nie, Norman, “Social Structure and Political Participation” en American Political Science Review, EUA, número 63, junio de 1969.

[3] Olvera, Rosa María, “Transparencia y participación ciudadana”, en González, Pablo, La Cultura de la Legalidad ante la Reforma del Sistema de Justicia Penal, México, El Colegio de Veracruz, 2012, p. 54.

[4] Cámara de Diputados, Memoria de la Consulta Nacional sobre la Participación Ciudadana,  México, 1996, en Participación Ciudadana, Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la  Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados.

[5] A partir de la LFTAIPG se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y se crearon en todas las dependencias de la Administración Pública Federal, unidades de enlace para la Información Pública, así como comités que se encargaran de atender las solicitudes de información, lo cual promueve la transparencia y la rendición de cuentas.

[6] La LFFAOSC sienta las bases para promover la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), estableciendo los derechos y obligaciones de éstas.

[7] Olvera, Rosa María, “Transparencia y participación ciudadana”, op. cit., pp. 58-59.

[8] Ablanedo, Ireri, et al., Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil (ENAFI): Capital Social en México, México, ITAM, 2008, p.15.

[9] Consulta Mitofsky, Gallup México, entre otras, pueden consultarse a través de sus propias páginas o bien http://www.ropercenter.uconn.edu/latin-american/mexico.html.

[10] UNAM, Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2011.