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Desde hace una década en Davos, Suiza, la élite corporativa y gubernamental ha promovido el capitalismo que funciona para generar ganancias y resolver las injusticias del mundo, para acabar con la pobreza y la desigualdad. A pesar de ello, este foro representa la creciente división social y la forma de tomar las decisiones que rigen el funcionamiento de los sistemas en el mundo.
A partir de este 23 y al 26 de enero, se reúnen nuevamente jefes de Estado y gobierno junto a líderes de empresas, con un gran reto: hacer frente a las decisiones políticas que crearon las brechas de gobernanza en la globalización económica, mismas que han impactado directamente en el respeto y ejercicio de los derechos humanos y ambientales a nivel mundial.
Desde el eslogan “un futuro compartido en un mundo fracturado”, este foro se plantea como un espacio clave para crear otro futuro, a pesar de que estas fracturas sean consecuencia de la forma en la que esta misma élite ha tomado decisiones desde sus inicios.
De acuerdo con el panorama de riesgos global 2018, cuatro temas sobresalen con los de mayor impacto y probabilidad: en primer lugar, está la degradación ambiental, seguido por las violaciones de seguridad cibernética, tensiones económicas y tensiones geopolíticas. Todos los anteriores vinculados a la forma en la que las empresas y gobiernos se interrelacionan. Esperar a que la misma élite corporativa se reforme y auto regule es un absurdo.
En este sentido, Greenpeace Internacional publicó el estudio Justicia para la gente y el planeta, donde se analizan 20 casos emblemáticos donde las empresas y el Estado podrían hacer la diferencia en el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente. Si bien el problema no es exclusivo de nuestro país, México es un claro ejemplo de esto, para ejemplificarlo basta con revisar el informe sobre empresas y derechos humanos en México realizado por una coalición de más de 100 organizaciones que documentaron al menos 61 casos donde las empresas, en colusión con el Estado, han violado derechos humanos y ambientales.
En el informe publicado por Greenpeace Internacional, se incluyen dos casos en México, ambos muestran la relevancia de la movilización social: por un lado, a través de la lucha de comunidades indígenas mayas que han frenado los intentos de Monsanto por introducir la siembra de soya transgénica a través del cabildeo político y la violación de derechos indígenas; y por el otro, el poder de la gente (más de 160 mil personas) que ha influido en las prácticas agrícolas de la panificadora más importante a nivel mundial, Grupo Bimbo, misma que se comprometió a transitar hacia una agricultura sustentable e impulsar un programa piloto de maíz en México que elimine el uso de agrotóxicos.
En el informe, Greenpeace hace un llamado para adoptar diez “Principios de Responsabilidad Corporativa” fundamentales para detener los delitos ambientales y las violaciones de los derechos humanos por parte de las corporaciones, incluyen: Detener a las empresas y las personas responsables de las violaciones ambientales y de los derechos humanos cometidas internamente o en el extranjero por compañías bajo su control, y acabar con el doble estándar al prohibir a las empresas llevar a cabo actividades en el extranjero prohibidas en su país de origen por razones de riesgo para los derechos humanos o ambientales, además hace un llamado para hacer medidas que tengan en el centro a las personas y al ambiente y no a los intereses económicos
Es mejor para los países basar sus decisiones económicas en los intereses más amplios y de largo plazo de las personas dentro de los límites ecológicos para garantizar la sostenibilidad. La economía es una herramienta para las sociedades y su interacción con el entorno, no así un fin. Y por más evidente que parezca, esto se ha perdido en el radar de quienes toman las decisiones, la brecha de gobernanza en el sistema permite que sectores como el empresarial actúe en la impunidad. Es momento de impulsar una economía que responda a los intereses de la gente y del medio ambiente, a través de principios de responsabilidad corporativa vinculantes a los marcos normativos, con ello garantizaremos un mundo más seguro y más justo.
Campañista del Programa de Agricultura y alimentación en Greenpeace México
