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Un sistema financiero para todos

15/07/2019
01:10
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En 1990 se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), como un instrumento para enfrentar los posibles problemas financieros extraordinarios de nuestro país. En el papel, el Fondo era una buena idea.
En la práctica, debido a la manera como sus fondos fueron utilizados, se convirtió en uno de los temas más polémicos de la política mexicana, cuyas repercusiones siguen enquistadas en el actual sistema financiero.

Uno de los momentos más relevantes para el sistema financiero nacional en la historia reciente sucedió en 1998, cuando el Congreso aprobó la Ley de Egresos de la Federación, en la cual los pasivos del Fobaproa se convirtieron en deuda pública que la sociedad mexicana sigue pagando hoy en día. Hasta la fecha, los mexicanos y las mexicanas hemos pagado alrededor de 800 mil millones de pesos por el rescate bancario, y aún nos faltan por saldar 467 mil millones de pesos aproximadamente.

Aunque se trata de un costo significativo que, en principio, no tendría por qué ser absorbido por la población, los efectos pudieron ser menos negativos si el rescate bancario hubiera dado paso a mayor apertura financiera a través de la disminución de la concentración de las carteras. Esto no sucedió así, sino que los fondos del rescate bancario favorecieron a muy pocas instituciones, la mayoría de las cuales conforman actualmente el grupo de los siete bancos con mayor porcentaje del mercado en México.

Es decir, mientras que los sistemas financieros modernos de los países desarrollados fueron concebidos para movilizar ahorros y colocar créditos de manera eficiente, para que sus poblaciones puedan contar con herramientas que les permitan disminuir los niveles de incertidumbre y mejorar los estándares de vida, en México, el sistema financiero actual proviene de un pacto enfocado en asegurar grandes fortunas.

El irregular desarrollo del sistema financiero nacional ha ocasionado muchas complicaciones, entre las cuales destaca que, debido a la alta concentración y a la consecuente falta de competencia, la inclusión financiera en nuestro país es bastante limitada. La última medición, realizada en 2018, indica que el porcentaje de la población adulta con al menos un producto financiero es de 68%: el mismo porcentaje que en 2014. En cuatro años, de 2014 a 2018, el sistema financiero en México no logró llegar a más personas.

Es preciso reconocer que, si bien cubrir 68% de la población con al menos un producto financiero es un buen avance, hay que ir más allá si en verdad se desea generar un desarrollo más equitativo. Muchas de las personas que se han quedado fuera del sistema financiero pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, y deciden seguir utilizando efectivo debido a los altos costos que representa incorporarse al sistema financiero. Este ciclo alimenta, a su vez, al sector informal de nuestra economía, generando ingresos más bajos y dificultando la expansión de la economía mexicana.

Contar con un sistema financiero más competitivo y más potente no solamente ayudaría a disminuir el porcentaje de personas que en la actualidad comercian en la economía informal, sino que promovería que el uso del efectivo sea la excepción y no la regla, lo cual permitiría atender otros problemas que enfrenta el país, como la corrupción o el lavado de dinero, que dificultan el desarrollo económico nacional.

Ante este panorama, a lo largo de mi carrera legislativa el interés por la modernización y la apertura del sistema financiero ha ocupado gran parte de mi agenda de trabajo y me ha llevado a presentar diversas iniciativas en la materia. Esto mismo me condujo a escribir el libro Reforma al sistema financiero. Una visión de futuro, el cual presenté la semana pasada.

En el salón de la Comisión Permanente del Senado, donde se llevó a cabo el evento, estuvieron presentes importantes representantes del sector empresarial; personas expertas que han dedicado años de investigación al sistema financiero y a la economía; integrantes de medios de comunicación especializados; servidores públicos; colegas legisladoras y legisladores; banqueros; financieros y sociedad civil, todas y todos con el interés de participar en la transformación de nuestro país.

Si bien cada una de las personas que asistieron tiene una concepción particular, influida, sin duda, por sus ámbitos de acción, es muy grato constatar que compartimos la idea de que necesitamos trabajar de manera conjunta para crear un sistema financiero que busque incluir a la mayoría de la población y no, como se ha hecho hasta el momento, que priorice la generación de ganancias para unos pocos. Gracias a este consenso, y con la convicción de que vamos por buen camino, seguiremos trabajando para tener un sistema financiero que favorezca la competencia y la inclusión a través de la disminución de sus costos, y genere condiciones justas para toda la población.

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