Un hombre de 1.60 de estatura y de tez morena, canoso, vestido con jeans y camisa de vestir, se acerca a la barda donde Sara está sentada. La saluda amablemente. Intercambian palabras, sonrisas. Ella le pregunta: “¿vamos a ir?”. Él responde: “vamos”. La toma de la mano y se alejan entre el tumulto característico del barrio de La Merced. Es mediodía y el trato de pocas palabras culmina en un hotel.

Sara alcanza metro y medio de estatura, tiene 65 años y lleva 30 en el trabajo sexual. De tez morena y mirada audaz, suele usar vestidos ajustados que nunca dejan ver sus rodillas. Ella tiene una filosofía: “siempre hay que dejar algo a la imaginación del cliente”.

El Diagnóstico de Causas Estructurales y Sociales de la Trata de Personas en la Ciudad de México, realizado por la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac) y el Instituto de las Mujeres de la CDMX, señala que en la metrópoli hay cerca de 250 mil mujeres en situación de prostitución. También se destaca que este delito (la trata) es uno de los negocios más rentables en México para los delincuentes involucrados, particularmente en la CDMX.

Sara pertenece a este universo de trabajadoras sexuales. Pero también a la minoría que cuenta con una credencial para ejercer su trabajo libremente. Ella es una de las 140 trabajadoras sexuales que poseen una credencial expedida por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), esto significa que menos del 1% (0.056%) de los sexoservidoras que laboran en la CDMX son reconocidas y certificadas como trabajadoras sexuales no asalariadas. Sara afirma que no le rinde cuentas a nadie y el dinero que recibe a cambio es totalmente para su manutención y la de su hija de 17 años.

Pioneras. Credencializa CDMX a 1% de sexoservidoras
Pioneras. Credencializa CDMX a 1% de sexoservidoras

La lucha por el amparo

Hace dos años, la STyFE comenzó la entrega de credenciales a hombres y mujeres mayores de edad que se dedican al trabajo sexual, incluyéndolos en el sector de trabajadores no asalariados, como son los boleros, músicos, pintores, comerciantes, entre otros. Esto luego del fallo del Juicio de Amparo 112/2013 del Juzgado Primero del Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que resolvió la jueza Paula María García Villegas el 31 de enero de 2014.

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez —organización dedicada a la defensa de trabajadoras sexuales—, que les brinda asistencia médica, asesoría jurídica y espacios recreativos apoyó a Sara en su lucha por reglamentar su trabajo. Elvira Madrid Romero, directora y fundadora de esa organización, junto con otras compañeras de oficio, lucharon para manifestar su inconformidad ante el abuso de las autoridades hacia su actividad, que consistían, de acuerdo con el relato de Madrid Romero, en levantamientos que derivaban en violaciones a sus derechos humanos.

Elvira cuenta que su combate comenzó a raíz de un operativo que se hizo en La Merced. Cerraron todos los hoteles de la zona y se llevaron a 95 trabajadoras, a quienes la autoridad hizo pasar como víctimas de trata, entre ellas una joven de 24 años que tenía un bebé de seis meses. La hicieron pasar por menor de 18 años y su hijo quedó a cargo de sus amigas que no fueron arrestadas. A ella la tuvieron tres meses en un refugio en contra de su voluntad y sin poder ver al niño. Las autoridades le decían que le echara la culpa a la persona que limpiaba los cuartos de hotel, al cobrador, que los hiciera pasar como tratantes. Indignadas y hartas de la situación, decidieron poner un alto.

¿Quieren ser libres? ¿Ya no quieren que las exploten? Fueron las preguntas que les hicieron los abogados que ayudaron a las trabajadoras sexuales a comenzar el proceso legal. “Yo fui la primera que dije que sí. Les dije a mis compañeras: ‘¡vamos a echarle ganas manitas, porque ya estuvo suave!’”, recuerda Sara.

Los abogados les advirtieron que si le iban a entrar, tenía que ser “¡hasta donde tope!”, porque no iban a tener nada de dinero hasta que terminara el problema. Fue así que el 22 de febrero de 2013 se dio trámite a la demanda de amparo con el número de expediente 112/2013.

Había ocasiones en las que Sara y sus compañeras no habían trabajado en todo el día, pero buscaban cualquier momento para hacerse de “un rato” (un servicio) y así poder comprar por lo menos agua embotellada. Todo con el objetivo de estar presentes en el proceso de amparo que emprendieron para hacer inconstitucional el Artículo 24, fracción VII, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que prohíbe incitar la prostitución o ejercerla, así como solicitar el servicio.

Desde febrero de 2014, un mes después de la sentencia emitida por el juicio de amparo que promovió un grupo de 19 demandantes, la Dirección General de Trabajo y Previsión Social cuenta con un registro de 174 credenciales otorgadas, de las cuales 117 se entregaron el mismo año y las 57 restantes en 2015. Del número total, 140 credenciales fueron para mujeres, en su mayoría de entre 20 y 65 años, con mayor presencia (más de 100) en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

De acuerdo con los artículos 2, 3 y 9, del Reglamento para los Trabajadores no Asalariados de la Ciudad de México, tener una credencial de trabajadora o trabajador sexual no asalariada (o) en la CDMX puede evitar extorsiones y amenazas por parte de la autoridad al momento de estar laborando, como también dar dinero a una persona para poder ejercer el trabajo sexual. Por ello, Sara invitó a sus compañeras a tramitar su credencial. Sin embargo, encontró indiferencia:

“Yo las invitaba, ahorita ya no me interesa. La mesa nosotros la pusimos, nada más que ellas se presenten a hacer su papeleo para que les den sus credenciales, pero no, les da flojera”.

En un recorrido nocturno desde el Zócalo capitalino, y atravesando por la calle Zapata y avenida Circunvalación, hasta llegar a Pino Suárez, se preguntó a las servidoras sexuales acerca de su conocimiento e interés por la credencial de Trabajador Sexual no Asalariado. Algunas se mostraron sorprendidas por desconocer totalmente la existencia de un permiso para laborar en las calles de la CDMX.

—¿Conoces la credencial de trabajadora sexual no asalariada? —  se le pregunta a una sexoservidora en avenida Circunvalación.

—Sí, pero no la tengo.

—¿Por qué no la solicitas?

—¿Para qué? Si cuando nos vayan a llevar [los policías] eso no cuenta, de todos modos nos van a llevar a todas.

“No sé de esa credencial, yo nunca he tenido problemas con nadie”, señala otra chica que viste pantalones ajustados y una blusa sin mangas, parada justo en la esquina del tianguis de Candelaria. Otras sí conocen el proceso para obtener la credencial, pero muestran desinterés por iniciar el trámite, ya que creen que deben proporcionar demasiada información o dinero. “No, no sé, ¿eso existe?”, dice una veinteañera con expresión de incredulidad.

¿Derecho o desobediencia?

Elvira Madrid, directora y fundadora de La Brigada Callejera, asegura que no todas las sexoservidoras están en situación de trata o trabajo sexual obligado. “Hay más adultas que menores, acá nosotros (La Brigada Callejera) llevamos 27 años laborando. De un diagnóstico que hicimos, sólo 25% está siendo obligada, y el restante, es puritita necesidad, porque hay hasta viejitas que son trabajadoras sexuales”. Comenta que existen organizaciones abolicionistas que argumentan querer salvar a todos los involucrados en situación de prostitución, pero hace énfasis en que ese rescate es desde el confort de su escritorio. “Eso no soluciona el asunto, el gobierno debe darles alternativas reales, como las credenciales, eso sí soluciona este problema”.

Por su parte, en entrevista con EL UNIVERSAL,Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, comenta estar en contra de la credencialización, porque viola preceptos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el artículo 6 de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de la Discriminación Contra la Mujer, que supone que la prostitución es una forma de denigrar la figura femenina y el artículo 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, que dicta que no debe haber ningún registro que avale o regule a las personas que se dedican a la prostitución o de quienes se sospeche incurran en ella. Ambos artículos están ratificados y en vigor en México.

Ulloa considera que el gobierno capitalino debe ofrecer opciones, “implementar programas reales de prevención, después opciones de salida [...] en vez de gastar dinero en realizar pequeños grupos. ¿Ahora también van a credencializar a los tragafuegos y a los que se tiran sobre vidrios? ¿O a los payasos? Ellos también serían trabajadores no asalariados”. La activista insiste: la prostitución no es el oficio más viejo del mundo, sino la violencia más antigua contra la mujer.

“Me siento libre”

Los recorridos de Sara son bajo los rayos del sol. Camina entre tumultos y el estridente ambiente de La Meche. Trabaja de lunes a domingo, de 12:00 a 5:00 de la tarde. Un día “bueno” reúne hasta 500 pesos, lo que equivale a 15 mil pesos al mes, promedio, más que un maestro de primaria (8 mil pesos), y lo mismo que un químico, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en el mismo periodo.

Los días que no son tan favorables, Sara puede concluir su jornada sin ningún un peso en la bolsa. Pero Sara se muestra optimista en su trabajo y ante la vida. “Me siento liberada de toda corrupción, con esta credencial ni la policía me puede decir nada. Me siento feliz porque estoy bien, Dios me tiene de pie. Mis hijos están bien, hicieron su vida, no sufren”.

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