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Nadie en Chilpancingo quiere abordar un taxi que tenga un número de serie mayor a 524. La idea generalizada es que los vehículos con esas cifras pueden pertenecer a la maña, como se les dice en Guerrero a los cárteles de la droga. Antes, evitarlos era más sencillo: si el taxi no tenía placas, entonces se tenía la certeza de que era un vehículo pirata, y muy probablemente era uno de los 250 carros de Los Rojos que, se decía, circulaban diariamente por la ciudad.
Lo mismo ocurrió en Tlapa, con el 316, y en Acapulco, con el mil 821. Fijarse en esos dígitos inscritos en las puertas y en la cajuela de los vehículos puede marcar la diferencia entre llegar a su destino o exponerse a una extorsión, piensan los habitantes.
Desde 2011, cuando Ángel Aguirre ganó la gubernatura del estado, empezaron a liberarse concesiones para todo tipo de transporte público. Se comenzó por regularizar los taxis pirata de Chilpancingo, a los que se les asignó, precisamente, los temidos números mayores a 524.
Desde abril de 2011 a junio de 2015, en apenas cuatro años, se dieron 14 mil 560 licencias, 40% de todas las concesiones vigentes en Guerrero, aseguró en entrevista Juan Larequi Radilla, quien era el director general de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad hasta hace unos días y uno de los miembros del consejo técnico donde se decide el destino de los procesos.
De ese total, más de una tercera parte —cinco mil 526— se liberaron en menos de un año, después de que Aguirre lo anunciara en un acto público el pasado 16 de julio de 2014. En ese encuentro con transportistas, el ex gobernador prometió que liberaría cinco mil permisos más en los meses siguientes. “Las concesiones serán sólo para los verdaderos y auténticos trabajadores del volante. Si algún funcionario quiere vender algún cupo, o entregárselo a su querida o a su amante, denúncielo, para que el gobernador lo pueda meter a la cárcel”, dijo.
Ante miles de transportistas que lo vitoreaban, Aguirre agradeció especialmente a una organización de filiación priísta muy cuestionada: la Coalición de Servidores de Transporte del Estado de Guerrero (Costeg), dirigida por Inocente Mojica Peña.
Ahora, a 10 meses de ese acto, la entrega arbitraria de miles de concesiones de transporte ha provocado un conflicto cuya violencia ha escalado hasta dejar a un conductor asesinado, la amenaza de surgimiento de un grupo de autodefensa y acusaciones de una perversa relación entre el gobierno del estado, transportistas y grupos delincuenciales.
Conflicto de intereses
Juan Larequi fue reemplazado el 11 de junio por Félix González Figueroa. Los continuos señalamientos de organizaciones como la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero (CETIG) y la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), y los conflictos que ha generado el proceso de entrega de licitaciones parecen haber hecho mella en uno de los sobrevivientes de la administración Aguirre.
En las masivas adjudicaciones se habría favorecido a asociaciones como la Costeg (a la que el gobernador Aguirre dedicó su emotivo discurso un año antes), Grupo Élite y Nuevo Horizonte, que tienen estrecha relación con el priísmo y que en algunos casos han sido señaladas por tener nexos con grupos delincuenciales.
Estos grupos tienen una influencia directa en la asignación de las concesiones dentro de la administración de la entidad, lo que tipifica un claro conflicto de intereses.
Grupo Élite está dirigida por Mario Torres, quien fue por muchos años el coordinador estatal de Transporte del PRI y hoy es el jefe del Departamento de Concesiones, Padrones y Atención al Público. Marco Antonio Oropeza, otro de sus líderes, es el administrador fiscal en la Secretaría de Finanzas de la entidad, y quien expide las órdenes de pago de las concesiones.
Inocente Mojica Peña, el líder de la Costeg, podía aparecer en 2013 recibiendo concesiones o en una manifestación donde exigía la regularización de unidadespirata. Al día siguiente estaba en un acto protocolario como director de Gobernación municipal de Chilpancingo, cargo en el que estuvo hasta enero de 2014.
En las elecciones pasadas, un espectacular del priísta Héctor Astudillo Flores, quien acaba de ganar la gubernatura de Guerrero, cubría toda la fachada de la Costeg.
Un negocio millonario
Los derechos de expedición de una concesión en Guerrero, después de un proceso burocrático en el que el chofer tendría que demostrar su antigüedad, cuestan entre 28 mil y 48 mil pesos, dependiendo de la ruta que sea asignada y el tipo de vehículo. Ese es el valor según la ley, sin embargo, muchos conductores entrevistados dijeron que la única manera de ganar una licitación es dar de 30 mil a 150 mil pesos, a través de las asociaciones de transportistas.
“Pagada esa cantidad ya no importan requisitos de ley como la antigüedad. El consejo técnico y la depuración pública son un farsa y cualquier delincuente puede hacerse de una concesión”, explicó un transportista.
Un carro con placas, con todo en orden, se puede vender inmediatamente después por uno o dos millones de pesos, según se puede comprobar fácilmente en los anuncios clasificados. Una transacción de este tipo podría dejar ganancias de 1,000% en algunos casos.
Relaciones perversas
En hechos recientes en Tlapa, el pasado 8 de junio miembros del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) acusaron a “narcotaxistas” de trabajar como grupo de choque contra los manifestantes. La participación de algunos transportistas rebasa el activismo político y es un secreto a voces que el gobierno de Guerrero usa a varias organizaciones para proteger edificios oficiales y contener protestas.
En esa compleja relación mutualista entre asociaciones de transportistas y gobierno, intervienen también grupos delincuenciales. El asesinato de nueve taxistas en tres días en Acapulco en 2011 evidenció el alcance del crimen en este sector. Eventos así se han repetido en diversas entidades.
El control sobre el transporte es un mecanismo que permite a los delincuentes controlar todos los rincones de una ciudad, vigilar los movimientos de las autoridades o de grupos rivales y transportar o vender drogas al menudeo, de acuerdo con un informe de Insight Crime. En México se tiene conocimiento de taxis que trabajan para la delincuencia organizada en Nuevo Laredo (donde les dicen taxizetas), Monterrey, Guadalajara, Estado de México y Cancún.
Los funcionarios de Guerrero niegan rotundamente la opacidad en la entrega de concesiones, así como la presencia de grupos delincuenciales en el sector de Transporte Público para frenar protestas. Culpan de esos “rumores” a la CETIG y a otros conductores que los han señalado de “tratar de hacerse a las malas de las concesiones”.
Inocente Mojica, dirigente de la Costeg, declaró: “Hace 15 años sí había corrupción y nosotros nos organizamos para evitarla. Ya no se pagan mordidas”. Para los beneficiados por las concesiones, el miedo que sienten los chilpanguenses al abordar un automóvil con un número mayor a 524, simplemente no existe.
Autodefensa
El conductor Juan Manuel López Frasco, de 29 años, fue asesinado el pasado 11 de mayo. La combi que conducía fue obligada a detenerse por un controlador, presunto miembro de la Costeg. Después de una trifulca, varios balazos acabaron con la vida del chofer, agremiado de la CETIG, e hirieron a otro de sus integrantes.
Días antes, el 7 de mayo el secretario de Gobierno de Guerrero, David Cienfuegos, y Juan Larequi Radilla habían entregado 88 concesiones para combis (transporte público suburbano) en Chilpancingo y se comprometieron a liberar 90 más en los días siguientes. “La entrega se hizo según los criterios publicados en varios diarios y después de cumplir con todos los requerimientos según la ley”, dijo Larequi.
La adjudicación —igual a muchas otras— despertó la ira de algunos transportistas que se sintieron engañados, casi todos agrupados en la CETIG. El grupo, muy cercano al Movimiento Popular Guerrerense (MPG), destrozó las oficinas centrales de la Dirección de Transporte y Vialidad, incendió una delegación e irrumpió en la Dirección de Tránsito municipal.
“Las personas a las que les entregaron concesiones no son transportistas, pertenecen a la delincuencia organizada”, señaló Juan Mendoza Tapia, su dirigente. “En la CETIG hay trabajadores con más de 25 años de antigüedad que no han recibido una concesión”.
Las protestas se extendieron por tres días hasta el hecho trágico en que murió López Frasco y que cambió la dinámica del conflicto. Esa noche, 60 integrantes armados de la CETIG recorrieron diferentes colonias de Chilpancingo en búsqueda del dirigente de la Costeg, Inocente Mojica Peña.
En la infructuosa cacería indicaron haber detenido a uno de los implicados en la balacera, a quien posteriormente entregaron al Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Según Juan Mendoza Tapia, el capturado habría confesado la participación de la Costeg en el tiroteo.
Este tipo de señalamientos no son nuevos para Mojica. El candidato a la alcaldía de Chilpancingo en las pasadas elecciones, Pioquinto Damián, lo había declarado públicamente, en noviembre de 2014, como coautor intelectual —junto con el presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno— del atentado en el que murió su nuera y quedó herido su hijo.
Un día después del asesinato, Juan Mendoza Tapia anunció que la asociación que representa podría convertirse en un nuevo grupo de autodefensa.
Desde un plantón que mantienen en el Zócalo de Chilpancingo habló acerca de la decisión de armarse. “Si nos agreden a garrotazos vamos a responder a garrotazos, si nos agreden a pedradas vamos a responder a pedradas, si nos agreden a balazos vamos a responder a balazos”, advirtió.
Apolinar Segueda, dirigente de la Unión de Transportistas Democráticos, expuso que para que esta situación sea superada sería necesario “modificar el marco teórico-jurídico y reforzar la estructura organizativa. La Ley de Transporte en el estado es obsoleta. Lo que puede funcionar lo atraviesa una realidad corrupta y politizada por dirigentes y funcionarios. Hay líderes que no piensan en una política pública de transporte, sólo les interesa pensar en el reparto”, explicó.
Las concesiones siguen llegando a destinatarios dudosos después de la era de Aguirre, y el problema del transporte público, que emplea a más de 40 mil personas en la entidad, es mucho más complejo que el temor de un chilpanguense cada vez que ve un taxi con un número de serie mayor a 524.
