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Ayer concluyó un periplo en el que el IIJ-UNAM, el CIDE y el Inacipe —a solicitud de la PGR, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y las Cámaras de Diputados y Senadores— convocamos a expertos nacionales e internacionales para imaginar un nuevo modelo de procuración de justicia. Se trató de un ejercicio realizado a título gratuito —los recursos públicos invertidos fueron destinados a la organización y gestión de la consulta—, con una vocación de solidez técnica, imparcialidad política y servicio público.
El informe no parte de cero. Para su confección se consideraron diagnósticos y estudios realizados por instituciones académicas, por la propia PGR y por colectivos como #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás. Con ello se logró una sintonía fina y prometedora con las propuestas que buscan dotar de autonomía a las fiscalías y, al mismo tiempo, garantizar su capacidad operativa y coordinada.
La autonomía de las fiscalías es fundamental, pero no lo es todo. Las capacidades de investigación, los sistemas de información, los servicios periciales y las dinámicas de coordinación son elementos indispensables para lograr una procuración de justicia eficaz y respetuosa de los derechos humanos.
El momento no podría ser más oportuno y al mismo tiempo, no podría ser más difícil. Es oportuno porque existe un amplio consenso sobre la inoperancia de las instituciones responsables de investigar y perseguir delitos. Todos los diagnósticos coinciden en que nuestro diseño institucional para procurar justicia no funciona. No ha funcionado desde hace tiempo y menos lo hace ahora que se implementa la reforma en materia de justicia penal de 2008. De hecho, las fallas que —según algunos— aquejan a esa reforma no provienen de su diseño, sino de las falencias de su gestión a cargo de las instancias de procuración de justicia.
Pero el momento también es azaroso porque la crisis de seguridad que padecemos viene reforzada por niveles de impunidad abrumadores y por una crisis de legitimidad de las instituciones del Estado. La sociedad está hastiada por la corrupción, temerosa ante el crimen, mira impávida el cinismo delincuencial y desconfía con buenas razones de las instituciones responsables de prevenir, perseguir y castigar a la delincuencia.
Como el reto es grande, la propuesta es ambiciosa. No sugerimos ajustes menores, ni parciales; no nos sumamos a las voces que proponen procrastinar el reto; no pensamos que lograr justicia sea una misión de una generación venidera.
Nuestra misión institucional —desde la academia— se materializa en aportar insumos; corresponde a las instituciones representativas y de gobierno recibirlos y, en su caso, darles un cause constructivo. Nuestra tarea es pensar y aportar; la de los actores institucionales es negociar y decidir. Pero existe un nicho de corresponsabilidad ineludible: hacer de este país un reducto de paz, seguridad y justicia, sin discriminaciones ni inmunidades.
Pd. Agradezco a EL UNIVERSAL la invitación para publicar esta colaboración especial.
Director del IIJ-UNAM
