Istmo: entre protagonismo de militares y seguridad pública incompetente

Existen muchas distorsiones respecto de la seguridad interior. Ni la militarización de las calles, ni la seguridad pública federal (en menor dimensión la policía estatal y la municipal) han sido eficaces en el manejo del resguardo conveniente que deben procurar en periodo crítico, pues ni siquiera lo han venido manteniendo en periodo ordinario. Las carreteras de Oaxaca parecieran estar a merced de la delincuencia que mantiene la plaza sitiada.

Para colmo de males, existen graves imprecisiones sobre lo presuntamente ocurrido en las primeras horas de este martes (un comunicado posterior lo sitúa en lunes) a jóvenes brigadistas que se empeñaban en repartir víveres con destino a las comunidades de Juchitán y Tehuantepec, provenientes de la Ciudad de México, pertenecientes a congregaciones religiosas. Algo que de ser cierto motivaría una consulta a la nación de si se debe seguir permitiendo la parálisis de gobernabilidad en período crítico y de ser una versión exagerada mantendría en la oscuridad terminológica una afrenta lanzada en contra del gobierno de manera irresponsable y ridícula. En un primer momento, según lo publicado por el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME), se le arrebató a este contingente el contenido de los vehículos, teléfonos celulares y cuarenta mil pesos en efectivo, voluntarios que se acompañaban en tres camionetas pick-up. Lo trágico fue que la violencia dio como resultado (según aquel comunicado), un joven baleado al que le afectó arterias y que desangrado se le internó grave en un centro de atención médica. Una joven ultrajada sexualmente y un joven golpeado brutalmente.

La situación se ha salido de control en materia de seguridad desde que el presidente de México designa a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para hacerse cargo de las labores de colaboración ante la catástrofe sísmica del 7 de septiembre, pues posteriormente Rosario Robles, junto con Alejandro Murat, designan a la Marina y a la Sedena como los únicos representantes de las fuerzas federales para repartir víveres y todo tipo de ayuda. Ante esa decisión, es pertinente preguntar 1) si la decisión está prevista en la normatividad castrense en sus protocolos de intervención en materia de siniestros para socorrer a la población civil, 2) si lo prevé una ley reglamentaria en materia de protección civil o situación de emergencia, 3) si los militares fueron investidos sobre bases de legitimidad que lindan entre lo prematuro y lo dudoso.

La situación ya ha presentado interrogantes en intervenciones de las fuerzas castrenses asentadas en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, cuando no se permitió a policías federales custodiar a voluntarios que provenían de Guanajuato y que circulaban por Ciudad Ixtepec para repartir el contenido de las patrullas. El altercado sonó a un exceso de violencia verbal de parte del mando militar y una injustificada argumentación para informar a los federales que no eran los apropiados para seguir custodiando la labor civil de ayuda humanitaria. La actualización de la tarea militar en labores de apoyo humanitario en zonas de desastres, exige una escrupulosa información a la sociedad civil para atenuar conflictos infundados. El monopolio de la acción gubernamental se encuentra en duda, cuando el protagonismo se alimenta de un oficio como el militar que cuida su imagen usando el temor desde la fornitura de campaña bélica.

Cuando Carlos Arvizú, administrador de la fundación católica Papa Francisco Pro Felicitas A. C. en el comunicado del SIAME expresa que “… se desconoce si este acto tan atroz sea un asunto del crimen organizado o del propio gobierno…”, ofrece un espacio de reflexión para enfatizar que luego del protagonismo celebrado por arribistas de que las tareas de reparto de ayuda humanitaria sean implementadas por el ejército y la Armada de México, se desestima de esa manera la aportación de muchas brigadas de apoyo gestionadas por civiles, al ser desplazadas por no tener la competencia que la normatividad oficiosa declara a partir de canonjías legaloides que perturban la acción de un público amplio que queriendo participar se le inhibe de manera ignominiosa o de manera violenta como ocurrió con este caso que se dijo en primera instancia se encontraba documentado en una fiscalía de Oaxaca y que posteriormente quedó en la eventual denuncia valorada por la acción legal de los familiares, aunque ya atenuadas las lesiones de los perjudicados (considerados como estables) y ya no enfatizar el caso de la joven violada (comunicado del SIAME del 28 de septiembre). De seguir el caso ante el órgano de procuración, se ventilaría esa investigación en el estado de Puebla y ya no en Oaxaca, al esclarecerse el punto del ataque a esas brigadas (en el segundo comunicado del 28 de septiembre).

Si el protagonismo no obstaculizara el control en entrega de ayuda, los organismos castrenses coordinarían la labor humanitaria mediante una competencia de inmediatez, eficacia, eficiencia, liderazgo y juicio crítico ante la amenaza más escalofriante que está presentando la situación de los sobrevivientes del terremoto en el Istmo: escasez de enseres para construir refugios provisionales (lonas, carpas, casas de campaña), comida y material clínico básico.