Oaxaca se encuentra en un dilema que espera resolución. Un médico fue detenido por negligencia y su encarcelamiento tiene visos erráticos, a decir de la opinión pública que genera suspicacias en la entidad. El sector médico nacional ha perdido su capacidad para requerir eventualmente merecimientos que por urgentes han venido acarreando disputas financiero-administrativas en buena parte del sector público de atención a padecimientos; incluso, especializados. El último reducto fue el movimiento de 1965, y desde ese tiempo para acá, el “arribismo” médico ha incursionado en papeles mediáticos que esperan ser la solución temporal a los grandes dilemas ocupacionales por el que pasa esta actividad en el área de la salud, sobre todo en el sector público. El sector privado de la profesión médica, lejos de la nómina asistencial, medita su situación en la opulencia palaciega.

En Oaxaca, particularmente, el movimiento de los médicos no se encuentra articulado, y sufre de una falla estructural que sólo se concentra en generar presencia, con frecuencia, para exigir la colocación de más personal eventual que a la postre se convierte en basificado, impugnación a la dirigencia sindical de los servicios asistenciales de salud en el estado o la exigencia de la renuncia de algún funcionario que presuntamente se les impuso sin consultar a las bases. Los colegios médicos, reaccionan de la misma manera que las incompetencias de los órganos de arbitraje médico, no preparan a sus pares y relevan la ausencia de la orientación legal en la práctica médica que al ejercerse sin la consulta legal previa se aplica un “harakiri” innecesario.

Hace unos días, causó revuelo el que se hubiera detenido al médico Luis Alberto Pérez Méndez a quien se le vinculó a proceso ante la muerte del menor Edward Luna Trujillo, intervenido en un hospital privado en el que ingresó para una cirugía de codo lesionado por fractura. El delito, al parecer: homicidio doloso. Esta acusación de la fiscalía general de Oaxaca ya generó efecto colateral al ampararse la anestesióloga Gabriela Cruz López. El 3 de abril, luego de 4 meses del incidente, la detención persiguió el fin solicitado por los ofendidos. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO), de manera oficiosa, dada la coordinación con los servicios de salud en el estado, debió facultar a su personal para reunir indagatorias con el fin de tener certidumbre de la asistencia legal del médico detenido, en el supuesto de que procediera, garantizándole la “presunción de inocencia”. En su caso, la fiscalía debió convocar a este organismo para relevar de responsabilidad al médico, de darse este beneficio, ante el dictamen que recayera con motivo de las investigaciones procedentes, estableciendo una cláusula de confidencialidad al CEAMO hasta en tanto la formulación de la imputación y su consecuente procedencia judicial tendiente a la detención, no estuviera resuelta.

Ante la oscuridad terminológica que en este caso agota la fiscalía general de Oaxaca en su intervención preliminar, de acusar sin que los términos de la imputación demuestren que ese incidente tiene motivos legales y no de otra índole, obteniendo del juzgado la exagerada medida cautelar (prisión preventiva) a la que se recurre por existir presunción de estar ante la presencia de un individuo peligroso, el dolo será una tarea de acreditación extenuante que merece todos los esquemas de responsabilidad médica por negligencia. Podría estarse provocando ante una acusación formal, que la defensa o se enfrente de plano contra el sistema judicial del estado, o que la situación del detenido esté sobredimensionada de parte del acusador, quedando la defensa ante una situación de incriminación por defecto. El semblante del defensor en este caso, es importante que retome su papel de afrontar una realidad inusual de encarar a la fiscalía desde el planteamiento técnico más escrupuloso posible.

La ciencia médica y sus operadores no se encuentran excluidos de responsabilidad penal, pues pudieran incurrir en iatrogenia (Alteración, especialmente negativa, del estado del paciente producida por el médico), algo que los posteos en redes sociales pretenden exculpar, ahora que este caso recupera la atención de los internautas. Como ya lo he comentado en otro lugar para otros casos de defensa legal, la ciencia médica debería ciudadanizar sus procedimientos: es el acto de orientarse legalmente ante cualquier circunstancia con tal de que el uso del abogado sea sólo para que un tercero lo represente y se evite el conflicto de interés; es decir, un médico antes que otra cosa debe ser un ciudadano armado con el blindaje legal que conoce, procura y ejerce, quedando relegado el abogado sólo a la solución de la controversia suscitada.


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