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México atraviesa una crisis de desconfianza en la que los ciudadanos viven en un ambiente de temor constante que atenta contra la dignidad de las personas, infunde terror y genera más violencia, afirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En el estudio Los desaparecidos nos faltan a todos, realizado por el Observatorio Nacional de la CEM, los 134 obispos del país señalaron que “las desapariciones forzadas son un grave problema que ni la autoridad, ni la Iglesia, ni la sociedad civil pueden ignorar, por lo que para atender este problema “no bastan las buenas voluntades.

“La incertidumbre que acompaña a los familiares no desaparecerá de sus vidas hasta que den con el paradero de sus parientes. Y aquellos que están viviendo esta experiencia esperan un pronunciamiento que los acompañe en su indignación”, expresó.

El documento firmado por Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM, refirió que la fosa clandestina en Veracruz, la de Jojutla, así como los 4 mil fragmentos óseos hallados en Torreón, Coahuila, son muestras de la “delicada” situación de violencia por la que atraviesa el país.

Destacó que esa situación hace “urgente la necesidad de un despertar hacia Dios; porque la violencia ha alcanzado a nuestras familias y México no debe acostumbrarse ni ser indiferente ante esta cruda realidad”.

Afirmó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado 57 mil 861 casos de desaparecidos en 20 años, mientras que en los últimos 10 años las autoridades han encontrado al menos 855 fosas clandestinas con mil 548 cuerpos.

La lista de estados en los que se han encontrado fosas clandestinas es, señaló, “penosamente más amplia” que la de las entidades en las que no las hay, por lo que nos encontramos ante “una crisis de desconfianza y de temor”.

El episcopado destacó que hasta hace algunos años los casos de desapariciones eran aislados; sin embargo, actualmente “hay personas desaparecidas en casi todos los lugares y a todos los niveles”, que van desde hijos de empresarios, profesionistas, migrantes, campesinos, deportistas, sacerdotes, policías, militares y funcionarios públicos; “aunque los más vulnerables son los primeros en ser lacerados por la injusticia y la violencia.

“Sabemos que las personas desaparecidas son víctimas de la trata, del tráfico de órganos y secuestros por el narcotráfico. Las fosas clandestinas representan un nuevo método para desaparecer abiertamente a personas en masa. Estos actos de violencia representan el más grande descaro y la mayor crisis de la legalidad”, indicó.

En el estudio se calificó como “grave” que el número de restos identificados es “reducido” en comparación con el número de cuerpos encontrados, por lo que “la desaparición forzada es uno de los delitos lacerantes que afectan a la sociedad por las violaciones múltiples a los derechos humanos.

“Las desapariciones forzadas son un grave problema que la Iglesia no puede ignorar. Los mexicanos viven en un ambiente de temor que atenta contra la dignidad de las personas y ese miedo infunde más terror y genera más violencia”, expresó.

La jerarquía católica enfatizó que la violencia frustra el disfrute de la vida, al impedir el desarrollo de proyectos, por lo que la vida comunitaria se convierte en la primera víctima.

“La percepción de inseguridad y el miedo llevan a las personas a buscar espacios seguros refugiándose en sus propias casas, aislándose, encerrándose en el individualismo”, destacó.

Ante este problema, el órgano colegiado aseguró que la Iglesia católica en México es consciente de su papel frente al delito de la desaparición forzada, por lo que “asume las consecuencias de lo que implica respaldar a las familias de las víctimas”.

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