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La PGR promovió la acción de inconstitucionalidad en contra de algunas disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México para brindar seguridad jurídica a los capitalinos en la aplicación de sus derechos y evitar que particulares, asociaciones y otras instituciones también promuevan acciones en su contra, revela información documental a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
La Procuraduría General de la República consideró que hay una posible contradicción en varios de los preceptos establecidos en la Constitución de la Ciudad de México y la Carta Magna, entre ellos los relativos con los derechos humanos, de asociación, a la identidad, de no discriminación e igualdad; libertad religiosa y secreto profesional.
Por ello, el procurador Raúl Cervantes Andrade, en el ejercicio de las atribuciones, destacó en el análisis presentado el 7 de marzo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es probablemente inconstitucional la regulación en materia de derechos humanos que determina su alcance y contenido en la Ciudad de México.
Lo mismo sucede con los principios que los rigen, ya que alteran el sistema constitucional y convencional al que se encuentran sujetos los derechos humanos en el Estado mexicano.
La PGR también se promovió en contra de la invasión de la esfera de facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de procuración de justicia; del sistema integral de justicia para adolescentes y de ejecución de sanciones.
Entre los conceptos de invalidez que contiene la Constitución local se cita la materia de las aguas nacionales; salubridad en general; laboral, además de las que le asisten en materia de política exterior al propio Congreso y al Ejecutivo Federal.
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